La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esparce entre los medios amigos y casi en directo, que la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un delincuente fiscal. 

La responsable de Hacienda manda sobre la Agencia Tributaria, pero no tiene derecho a conocer datos de contribuyentes particulares. Esa sí que es una falta lo suficientemente grave como para dimitir de inmediato. Tranquilos, Marisu no lo hará, aunque los propios inspectores de Hacienda ha certificado que lo que ha hecho la vicepresidente no es grave, es "muy grave".

Lo de la Fiscalía, que lidera el ínclito Álvaro García Ortiz, resulta aún más sectario: ¿Desde cuándo una Fiscalía emite un comunicado público contra un reo, donde, además, se confunde una negociación con Hacienda con un reconocimiento de delito?

Muchos empresarios con los que hablamos en Hispanidad se preguntan, ¿qué está pasando en España? Se resume en dos palabras: Todo vale.