España permanentemente saqueada por sus propios gobernantes

España vive bajo un régimen político que se jacta de batir récords de recaudación, mientras los servicios públicos se caen a pedazos y el dinero de los ciudadanos es despilfarrado con una obscenidad que debería provocar una rebelión cívica.
Pedro Sánchez presume de extraer, expoliar, expropiar a los españoles más dinero que ningún gobierno anterior, pero ese esfuerzo fiscal sin precedentes no se traduce en carreteras transitables, ferrocarriles modernos ni hospitales eficientes, o enseñanza de calidad… Se traduce en participación de las Fuerzas Armadas Españolas en guerras ajenas, en chiringuitos ideológicos (de género) y generosas subenciones a oenegés y medios afines, en televisiones públicas al servicio del poder y en dádivas a Marruecos.
España recauda como nunca y está peor que nunca.

Récord de impuestos, miseria de servicios

El Gobierno saca pecho porque nunca se habían recaudado tantos impuestos. Pero ¿qué reciben los ciudadanos a cambio?

  • Carreteras y autovías en estado deplorable, con baches, firme agrietado y falta de mantenimiento generalizado.
  • Ferrocarriles tercermundistas en gran parte del país, con retrasos, averías y servicios indignos de una nación europea.
  • El “gran apagón” energético en ciernes, que acaba de empezar y no se sabe cómo acabará… porque la política energética es un cúmulo de improvisaciones y dogmas verdes que encarecen la luz y ponen en riesgo la seguridad de suministro.
  • Listas de espera sanitarias interminables, que condenan a miles de españoles a sufrimientos que podrían ser evitados.
  • Una enseñanza en caída libre, donde nuestros estudiantes ocupan los primeros puestos en los rankings de fracaso escolar y bajo rendimiento.
    El dinero se recauda, sí, pero no vuelve a los españoles jamás en forma de bienes y servicios públicos de calidad. Se evapora en clientelas, en propaganda, en caprichos del poder.

España, saqueada por sus propios gobernantes

Un dato lo resume todo: los españoles que producen y trabajan han estado este año hasta el 18 de agosto trabajando casi exclusivamente para pagar impuestos.
Desde el 1 de enero hasta esa fecha, todo lo que generan se lo queda el Estado en forma de IRPF, cotizaciones sociales, IVA, impuestos especiales, tasas y demás mordidas. Solo a partir del 18 de agosto empiezan realmente a obtener beneficios de su propio esfuerzo.
Ese día simbólico se conoce como el “Día de la Liberación Fiscal”. Y debería ser una vergüenza nacional: más de siete meses de trabajo regalados al Estado, y apenas cuatro meses para vivir de lo propio. España es un infierno fiscal que estrangula a sus productores mientras protege a sus parásitos.

Deuda pública: hipotecando a generaciones enteras

Para colmo, el Gobierno no solo exprime al contribuyente como nunca, sino que sigue endeudando a España hasta límites impensables.

La deuda pública “real” en España ronda los 2,17 billones de euros, o lo que es lo mismo, un insostenible 134,7 % del PIB total estimado, según estudios realizados por economistas independientes, serios, rigurosos y sin sesgo ideológico.

Esta cifra es respaldada por un informe del Banco de España elaborado por Javier Arribas-Vela, María Isabel Laporta-Corbera y Blanca García-Moral, pertenecientes al Departamento de Estadística del Banco de España, que analiza de manera completa la consolidación total de pasivos y obligaciones de las administraciones públicas, alcanzando ese alarmante monto en el primer trimestre de 2025.

Los datos reflejan que la cifra oficial recogida en el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) y utilizada por la Comisión Europea, que ronda los 1,66 billones de euros (alrededor del 102 – 103% del PIB), no refleja la verdadera magnitud de la deuda acumulada y el total real de pasivos que soporta España.

Medios de comunicación como La Razón y El Diario de Madrid han dado una cobertura rigurosa basada en estos estudios oficiales y en análisis independientes, resaltando que esta cifra representa un desafío estructural fiscal de enormes proporciones para España y su futuro económico.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha reconocido la evolución preocupante de la deuda, aunque se centra en la deuda oficial, confirmando la grave situación financiera y apuntando a la urgencia de medidas para estabilizar y reducir esta carga para futuras generaciones.

Estas fuentes constituyen la referencia más precisa y fiable para valorar la dimensión real de la deuda española actual, libre de sesgos ideológicos, reflejo de la realidad presupuestaria y financiera del país.

Esta cifra supera ampliamente las estadísticas oficiales reconocidas por el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) y refleja el verdadero alcance de los pasivos y obligaciones acumulados por todas las administraciones públicas en España.

Cada ciudadano, por consiguiente, soporta una deuda cercana a los 45.200 euros por habitante, una carga financiera insoportable cuyo impacto limita cruelmente la capacidad estatal para garantizar servicios esenciales.

Con un Producto Interior Bruto anual de aproximadamente 1,46 billones de euros, esta deuda real es una losa que condiciona y hipotecará el futuro económico y social de varias generaciones.

El enorme coste en intereses, que en 2025 llegará a récords de 42.000 millones de euros, representa ya entre un 10% y un 13% del gasto público total, más que lo gastado en educación pública no universitaria, I+D o infraestructuras críticas.

Esta carga financiera creciente es una sangría para España, que limita inversiones, dificulta la mejora de servicios públicos, y amplifica la desigualdad intergeneracional.

El portal deuda-publica-espana.com y otros análisis rigurosos enfatizan que este problema afecta a toda la ciudadanía y reclama un debate sosegado, transparente y alejado de intereses partidistas o ideológicos, que aborde la sostenibilidad real de esta deuda y su impacto sobre la calidad de vida en España.

https://deuda-publica-espana.com

Datos oficiales y contexto actual sobre deuda pública (2025)

En junio de 2025, la deuda pública consolidada de las Administraciones Públicas alcanzó los 1,691 billones de euros, equivalente al 103,4% del PIB nacional, con un PIB estimado en torno a 1,46 billones de euros anuales.
Aunque la ratio deuda/PIB registra una ligera reducción relativa por crecimiento económico, en términos absolutos la deuda siguió aumentando en más de un 4% interanual, marcando máximos históricos absolutos, con incrementos diarios de cientos de millones de euros.
La Administración Central y la Seguridad Social lideran el endeudamiento, agravado por el crecimiento del gasto en pensiones y déficit estructural, mientras las comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen elevadas cifras de deuda, con impacto acumulado sobre las finanzas públicas.

La deuda pública en junio de 2025 por subsectores:

  • Deuda de la Administración Central: 1,5 billones de euros, un 4,4% más interanual y el 92,9% del PIB.
  • Seguridad Social: 126.000 millones de euros, un 8,5% más y 7,8% del PIB.
  • Comunidades Autónomas: 335.800 millones, 20,7% del PIB, con incremento del 0,9%.
  • Corporaciones Locales: 23.000 millones, 1,4% del PIB, con reducción del 1,1%.

Impacto de la deuda pública en la Sanidad española (2025)

España se enfrenta a una situación crítica en el ámbito sanitario, donde la deuda pública y la insuficiencia de inversión levantan serias alertas sobre la viabilidad y calidad futura del sistema. Los datos y estudios más recientes indican que para mantener el sistema sanitario viable en los próximos diez años, será imprescindible doblar la inversión actual, lo que implica aumentar el gasto en Sanidad entre 32.000 y 48.000 millones de euros anuales hasta 2025.

Causas del déficit y necesidad de inversión

Este déficit de inversión se explica por:

  • Los fuertes recortes presupuestarios desde 2009, con una caída acumulada superior al 14% en el gasto sanitario público, que ha afectado principalmente a profesionales, inversiones y precios farmacéuticos.
  • El envejecimiento poblacional y el aumento de la demanda asistencial.
  • La obsolescencia tecnológica: el 28% del equipamiento hospitalario tiene más de diez años.
  • Desigualdades en la salud que se agudizan por falta de financiación suficiente y homogénea.

El informe Funding the gap. El futuro del sistema sanitario (ESADE) destaca que el coste de no actuar presenta un riesgo añadido de 16.000 millones de euros, que se suman al incremento base necesario para cubrir las necesidades, situando el reto financiero en un nivel sin precedentes.

Impacto de la deuda

El aumento récord de la deuda pública, y el peso cada vez mayor del pago de intereses, limita la disponibilidad de recursos para incrementar el gasto sanitario. El gasto en intereses de la deuda pública, que superará los 42.000 millones en 2025, representa una sangría que podría financiar un incremento sustancial en la Sanidad pública, pero en cambio condiciona recortes y ajustes en el sistema de salud.

Situación actual y percepción social

  • Los profesionales sanitarios han sufrido reducciones salariales y profesionales.
  • La infraestructura y tecnología hospitalaria están envejecidas e insuficientes.
  • El acceso y la calidad del servicio se han resentido, con listas de espera largas y cobertura desigual según regiones.
  • Según barómetros oficiales, cerca de un tercio de la población demanda reformas profundas y urgentes en la Sanidad.

Conclusión sanitaria

La deuda pública, en su volumen y coste financiero, actúa como una losa para la inversión necesaria en Sanidad, agravando un sistema ya tensionado por años de recortes. La viabilidad y equidad del sistema sanitario público requieren una mirada urgente y sin ambages sobre la gestión presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Estado.

Guerras ajenas, género y Marruecos: prioridades del saqueo

Mientras los ciudadanos pagan y se endeudan, el Gobierno gasta sin control en:

  • Misiones militares en el extranjero, que suponen miles de millones en guerras que no nos competen.
  • Políticas de igualdad y género, que alimentan una red de chiringuitos ideológicos y asociaciones afines.
  • Regalos constantes a Marruecos, que recibe dinero, cooperación e inversiones mientras chantajea a España con la inmigración.
    Todo ello mientras los incendios arrasan bosques sin limpiar y las riadas destruyen pueblos y cosechas porque no se mantienen los cauces fluviales.

Televisiones públicas: propaganda carísima a costa de todos

Otro capítulo obsceno es el de las televisiones públicas, convertidas en aparatos de propaganda política al servicio de cada gobierno autonómico y del central. Todas, sin excepción, son deficitarias, pero todas multiplican sus presupuestos año tras año.
Millones para mantener tertulianos a sueldo, directivos enchufados, contratos inflados, producciones innecesarias. Son juguetes mediáticos de los partidos en el poder, que se pagan con dinero público para mayor gloria de presidentes autonómicos, alcaldes y ministros.
Mientras se cierran consultorios médicos rurales y se abandonan infraestructuras, se tiran cientos de millones en canales de televisión que casi nadie ve, pero que aseguran cobertura favorable al poder.

El Estado de las Autonomías: 17 reinos de taifas y su coste brutal

Roberto Centeno lo resumió con brutal claridad:
“El Régimen del 78 perpetró el mayor engaño a un pueblo de la historia de Europa. Dividieron España en 17 trozos… donde la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad… ni responden por el endeudamiento, ni rinden cuentas a nadie.”
Centeno calculaba, hace más de un lustro, que el despilfarro estructural del Estado autonómico rondaba el 10% del PIB, es decir, 110.000 millones de euros al año. Y solo con la recentralización de competencias clave se podrían ahorrar de inmediato 40.000 millones:

  • 26.000 millones en Sanidad (duplicación del coste en comparación con 1990; calidad empeorada),
  • 10.000 millones en Educación (universidades públicas sobrantes, baja eficiencia),
  • 4.000 millones en duplicidades y organismos administrativos.
    A esto se suman otros estragos:
  • Duplicidades: fundaciones, observatorios, televisiones, parlamentos regionales, defensores del pueblo… un despilfarro anual de 36.000 millones.
  • Empresas públicas y fundaciones autonómicas: más de 2.400 entes para colocar enchufados; 10.000 millones al año.
  • Cupo vasco-navarro: privilegio fiscal que cuesta 10.000 millones anuales.
  • Fragmentación del mercado: más de 100.000 normas autonómicas, barreras internas – 6.000 millones de coste directo y 50.000 millones en PIB potencial perdido.
  • Atomización municipal: más de 8.100 ayuntamientos ineficientes; 8.000 millones de ahorro anual posible.
    En conjunto, estamos hablando de un pozo negro de más de 110.000 millones al año que estrangula al país.

Coste por habitante: un salario anual desaparece en autonomías

Un análisis reciente estima que cada contribuyente podría ahorrarse hasta 1.300 € al año si se desmantelase la estructura autonómica y se racionalizase la administración pública: unos 60.000 millones en costes directos e indirectos.
Estas cifras escandalosas muestran cómo una parte importantísima del esfuerzo individual –un sueldo mensual– se esfuma en administraciones innecesarias mientras España se empobrece.

Más de 8.000 municipios: mini-reinos caudillistas

España mantiene más de 8.000 municipios, muchos con menos de 500 habitantes, convertidos en mini-reinos caciquiles. Alcaldes, concejales, coches oficiales, sueldos, fiestas, subvenciones… un desastre de productividad.
Es ridículo que no se gestionen esos territorios con gestores administrativos o administradores profesionales, ahorrando millones y sin perder eficiencia.

Sin presupuestos, sin control, sin vergüenza

España lleva desde 2023 sin Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que el país funcionasin previsión legal de gastos e ingresos, sin fiscalización independiente del gasto público, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez rinda cuentas ni justifique ningún gasto o acción que emprende.

Desde hace dos años, el Parlamento actúa solo como una comparsa inútil para la administración estatal, con una ausencia total de supervisión real, permitiendo que el Gobierno gaste a manos llenas, sin control ni transparencia, sea con el dinero recaudado por impuestos y tasas, o con los fondos provenientes de Europa.

Es especialmente grave que VOX, partido que se presenta como oposición, apoyara en el Congreso la posibilidad de que el Gobierno gastase sin rendir cuentas al Parlamento, fomentando así este cartelismo financiero.

Por si fuera poco, la oposición actual no posee un proyecto de gobierno serio con objetivos definidos a corto, medio y largo plazo, ni los procedimientos administrativos y humanos para ejecutarlo y evaluarlo. No hay planes claros, ni mecanismos eficientes para evitar el despilfarro, la corrupción, los sobrecostes en obra pública o en la compra de bienes y servicios.

Esta anarquía presupuestaria se traduce en la prórroga automática de los presupuestos de 2023, pese a ser una obligación constitucional presentar nuevos presupuestos cada ejercicio, lo que deteriora el sistema democrático y fiscaliza, en la práctica, la legitimidad del propio Estado.

El Gobierno ha declarado en varias ocasiones que presentar presupuestos “es una pérdida de tiempo” y admite que incluso puede que no presente Presupuestos Generales para 2025 ni para 2026, evidenciando así una falta de voluntad y responsabilidad inédita en la historia reciente de España.

Esta deriva afecta la seguridad jurídica, ahuyenta inversiones y deteriora la economía y el empleo de forma directa, configurando un escenario de impunidad político-financiera.

Recuperar el Estado unitario: igualdad real en todo el país

El Estado unitario es el modelo moderno de gobernanza que concentra la autoridad, elimina desigualdades intervencionistas, y garantiza que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones sin importar dónde vivan.

Reformar hacia un modelo unitario implicaría:

  • Un solo sistema judicial, legal y educativo para todo el territorio.
  • Igualdad real en derechos básicos: Sanidad, Educación, Justicia.
  • Eliminación de privilegios histórico-regionales, como el cupo fiscal foral vasco y navarro… y el pretendido en Cataluña.
  • Administraciones gestionadas a escala nacional, sin duplicidades (o triplicidades o cuadruplicidades…), sin clientelismo, sin despilfarro.

Conclusión: un país saqueado, una esperanza encadenada

España es hoy un país saqueado por sus propios gobernantes.
Arde porque no se limpian sus bosques.
Se inunda porque no se mantienen sus cauces.
Se empobrece porque sus impuestos se gastan en guerras ajenas, propaganda ideológica, televisiones públicas, autonomías hipertrofiadas y mini-ayuntamientos.
Y se humilla porque se arrodilla ante Marruecos a cambio de nada.
Se estrangula fiscalmente: trabajas hasta el 18 de agosto para el Estado.
Está hipotecada hasta el último euro del año siguiente.
Y tiene una administración de Estado autonómico que devora más de 110.000 millones al año, por estructuras que ya no tienen justificación.

Llamamiento final: ¿unida y fuerte, o dividida y arruinada?

La pregunta no es ya “¿hasta cuándo?”, sino si queda algún resorte social y político para detener esta obscenidad y exigir cuentas a los saqueadores.
España recauda como nunca, se endeuda como nunca, despilfarra como siempre.
Pero puede cambiar.
El futuro de España es uno solo: igualdad de derechos, responsabilidad compartida, y un Estado verdaderamente únitario que sirva al ciudadano y no lo explote.
Esto que España sufre no es un gobierno, es un sistemático y pertinaz saqueo…

España no posee universidades de prestigio… un claro ejemplo de cómo funciona España

El atraso de España no se mide solo en carreteras ruinosas, hospitales saturados o impuestos confiscatorios. También se refleja en un ámbito decisivo para el futuro: la universidad.

El pasado día 15 se publicó el Ranking Académico de Universidades del Mundo (Ranking de Shanghái), uno de los más prestigiosos y con criterios objetivos: premios Nobel, medallas Fields, publicaciones en Nature y Science, investigadores de referencia internacional, impacto en revistas externas y una metodología transparente.

El resultado es desolador:

  • Ninguna universidad española entre las 100 mejores del mundo.
  • En ese selecto grupo aparecen Estados Unidos (37), China (15), Reino Unido (8), Australia (5), Suiza (5), Alemania (4), Francia (4), Países Bajos (2), Bélgica (2), Noruega (1) o Finlandia (1).
  • España apenas logra situar a la Universidad de Barcelona en el bloque de los puestos 151-200, seguida por Valencia (201-300), Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco (301-400), Politécnica de Valencia y Sevilla (401-500).
  • En total, España logra meter 36 universidades entre las 1.000 mejores, superando a Francia (27), pero por debajo de Alemania (51) e Italia (41). Ninguna, insistimos, en la élite.

En España existen 96 universidades reconocidas oficialmente, de las cuales 50 son públicas (¡más que provincias!). Muchas son gigantescas y desorganizadas, como la Complutense, que alberga facultades de gran prestigio (Ciencias Físicas) junto a otras de dudosa reputación (Ciencias Políticas y Sociología). En lugar de concentrar talento, el país lo disemina en decenas de instituciones redundantes, lo que impide sinergias y reduce la excelencia investigadora.

Pero la perversión va todavía más lejos:

  • Existen facultades universitarias donde el número de profesores y de personal no docente supera con creces al de alumnos matriculados. Máquinas de despilfarro mantenidas con dinero público, sin justificación académica ni social, que solo sirven de botín de poder para caciques regionales, provinciales y locales.
  • Endogamia académica, donde los puestos se conceden más por relaciones personales que por mérito.
  • Politización descarada, como el fichaje de Pablo Iglesias en la Facultad de Políticas de la UCM, un ejemplo clamoroso de cómo la ideología pesa más que la capacidad.
  • ANECA y legislación vigente, que priman el perfil investigador sobre el docente, lo que degrada la calidad de la enseñanza y resta interés a los estudiantes.
  • Y lo más dramático: muchísimas carreras carecen de empleabilidad real. Facultades enteras expiden títulos que solo conducen al paro o a la precariedad, pero que mantienen su existencia para seguir repartiendo cargos, sueldos y prebendas.

El resultado: una universidad inflada, pobre en calidad y drenadora de recursos, mantenida para alimentar clientelas políticas y caciquismos institucionales, incapaz de situar a España en la élite mundial y sin un proyecto real de futuro.