Sr. Director: Lo que irrita a los que quieren justificar la nueva ortodoxia, que no es más que anular la objeción de conciencia para acometer abortos, eutanasias, etc., es la recriminación ética que supone la objeción de conciencia. Margaret Somerville, directora del Centre for Medicine, Ethics and Law de McGill University, detecta esta actitud en el rechazo a la objeción de conciencia por parte de los defensores del suicidio asistido en Canadá. Anular tal objeción -dice- supondría "primero, establecer y afirmar que el suicidio asistido y sus valores 'progresistas' se han convertido en las normas sociales que regulan cómo morimos, y, segundo, que el suicidio asistido es una aceptable excepción a la preservación del respeto a la vida en la sociedad" (cfr. MercatorNet, 12-04-2016). De ahí también la pretensión de forzar a los médicos objetores a remitir al paciente a otros médicos. Sería "un modo de convertirlos en cómplices y de diluir el impacto de esas objeciones", advierte Somerville. La imposición de unos nuevos valores exige también quebrar la resistencia de instituciones (sanitarias, educativas, asistenciales...) que quieren prestar sus servicios conforme a su propio ideario. En estos casos, se dice que por el hecho de recibir subvenciones públicas no pueden excluir prácticas que son legales aunque tengan reparos éticos. Este es el criterio que ha llevado a retirar la licencia como agencias de adopción a instituciones que no aceptan dar niños a parejas homosexuales, a exigir que en escuelas cristianas se den cursos de educación sexual contrarios a los deseos de las familias, o a condicionar el concierto de una clínica con el Estado a que se realicen determinadas prácticas. Jesús D. Mez