Según testimonian varios funcionarios, el caso de las presuntas estafas filatélicas quedó paralizado en julio de 2005. Curiosamente, en septiembre del mismo año, y tras varios años de relación mercantil, las aseguradoras británicas deciden cancelar el seguro de malos modos. ¿Disponían de información privilegiada? ¿Conocía este dato el Gobierno?
Desde hacía muchos años, Forum Filatélico tenía asegurados sus sellos con el Llodys británico. Sin embargo, en septiembre de 2005, aparece en Madrid el representante de una de las aseguradoras británicas, Charles Duplin, para pedir explicaciones a la compañía por la sobrevaloración de los precios de los sellos. No examina los sellos, porque tampoco parece tener capacidad para ello, a pesar de personarse como experto filatélico. Según señala el presidente de FF, en el juicio, Duplin confunde un sello de lujo con un sello falso.
El caso es que el tal Duplin regresa a Londres y se presenta en el Financial Times del 27 de septiembre de 2005 afirmando que los sellos de FF son bonitos trozos de papel. Demasiada dureza para alguien que había estado avalando los sellos de FF durante muchos años anteriores.
Todo esto ocurre en septiembre, pocos meses después de que en julio de 2005, la Fiscalía Anticorrupción prefiriera dejar el caso en stand by, según relatan inspectores de Hacienda. ¿Recibieron las aseguradoras británicas información confidencial del proceso en curso que seguían las autoridades españolas?
Y más: ¿Esperó el Gobierno a que el seguro estuviera cancelado para ejecutar la intervención? Es sabido también que el caso quedó en barbecho y que el PSOE buscó la fecha oportuna para hacerlo saltar. ¿Esperaron también a que se cancelara el seguro? Estas son algunas de las dudas que Miguel Ángel Gavilán, abogado de uno de los consejeros se plantea en el escrito de alegaciones presentado en la Audiencia Nacional el pasado viernes al que ha tenido acceso Hispanidad.
Las preguntas de Gavilán tan sólo sugieren un mal uso de la información por parte de las autoridades que investigaban el caso. Si tal hecho pudiera ser probado, la responsabilidad subsidiaria de los implicados sería inmediata. De momento, lo que está claro es que la intervención se produce poco después de que las aseguradoras británicas cancelaran sus contratos de seguros. ¿Desconocía este dato la vicepresidenta De la Vega cuando afirmaba que había que valorar el patrimonio de las compañías filatélicas, incluidos sus contratos de seguro?
