La vicepresidenta De la Vega lo ha vendido como un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para prevenir la delincuencia y el terrorismo internacional. En realidad se trata de una exigencia de Estados Unidos a la UE para analizar las bases de datos de los viajeros de aerolíneas europeas. Para España, este acuerdo tenía algunas complicaciones desde el punto de vista de soberanía, seguridad de la información, reciprocidad, etc. O sea, antiamericanismo. Pero, al final, han tragado.
Según De la Vega, ambos intereses se han conciliado a un nivel adecuado. No sólo eso, sino que la vice ha tratado de convencer a la opinión pública que la medida va a contribuir a mejorar la seguridad. Vale, aceptamos pulpo. Pero sólo una pregunta: ¿Qué habría dicho el PSOE si este acuerdo lo hubiera suscrito una administración popular? Quizás por eso, el Gobierno ha tratado de pasar de puntillas por tan espinoso asunto.
