Lo decíamos el miércoles 27 y lo repetimos hoy jueves 28, pero con más intensidad. Porque más intenso aún es hoy el convencimiento en la Conferencia Episcopal Española de que el robo de la noche del lunes 25 en su sede, en la madrileña calle de Añastro, no fue obra de delincuentes comunes, sino de agentes a sueldo del Gobierno.
Un robo muy mal disimulado, porque se llevaron tres ordenadores personales, 2.000 euros y un coche. Casualmente uno de los ordenadores era el del secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, el cargo más político de la Conferencia, que ni tan siquiera es obispo.
El Gobierno Zapatero ha lanzado una campaña contra la Iglesia y teme la reacción de tantos católicos cabreados, mucho más que a la posición del Partido Popular. Si la Iglesia abandera movilizaciones contra la política gubernamental en materia de vida, familia, educación, etc, el éxito de esas movilizaciones estará asegurado.
La confirmación de la sospecha llegará en el momento en que comiencen a aparecer en El País informaciones sobre la estrategia de Martínez Camino para enfrentarse a la política anticlerical del Gobierno.
