Hablamos de la Orden Ministerial que desarrolla el informe anual de las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de cajas de ahorros. Es decir, el desarrollo de la Ley de Economía Sostenible (LES) y de la Directiva Europea sobre retribuciones.
La vicepresidenta Elena Salgado ya tiene el borrador sobre la mesa pero se lo toma con calma. De entrada, lo más importante, no se da el paso definitivo de trasparencia y de respeto a la propiedad privada. En definitiva, los propietarios, es decir los accionistas, no decidirán el salario de sus consejeros, sólo deberían ser informados de ellos.
De sus consejeros, no de sus directivos, aunque para los directivos bancarios el Ejecutivo ha aprobado en Consejo de Ministros una normativa que hace mención a las retribuciones de directivos, pero lo suficientemente vaga como para no decir nada.
El único avance es que se individualiza la información. Hasta ahora, la norma sólo exige informar sobre lo que cobran los consejeros ejecutivos, en bloque, por un lado, los no ejecutivos, también en boque, por otro. Ahora no, y además se exige la información por todos los conceptos: fijo, variable, pensiones, seguros, blindajes, dietas en empresa, filiales, etc.
Afectará a consejeros de sociedades cotizadas y a los de cajas de ahorros. Directivos, insisto, quedan fuera. Y, curiosamente, son los salarios de ejecutivos quienes levantan mayor polvareda y 'alarma social' o envidia, si lo prefieren, en tiempos de crisis.
Pero la clave sigue siendo la misma: debe ser el propietario quien decida cuánto cobran sus empelados. No basta con que sea informado.
Eulogio López
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