Últimamente los bandazos del Gobierno están llevando a tomar decisiones muy discutidas y que según muchos entendidos, no son la solución para el problema que quieren resolver. Y eso es lo que ha sucedido con la nueva ley sobre la limitación de la velocidad en las autovías españolas.
El recurso que ha presentado la empresa de gestión de multas Dvuelta y la plataforma Movimiento 140 ante el Tribunal Supremo es una de las primeras medidas que se ha tomado desde la sociedad para frenar esta nueva norma. Pese a ello, la nueva ley se ha puesto en marcha desde las seis de la mañana del lunes y ya se conoce el precio de las infracciones.
El ahorro energético que es lo que ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión no parece convincente y la toma de ejemplos como Holanda o Reino Unido para justificar que otros también conducen a 110 km/h, tampoco parece sostenerse, justamente cuando se ha conocido que ambos países tienen previsto cambiar sus límites y aumentarlos a 130. Por ello, todo parece indicar que el único afán que hay tras esta nueva norma es la recaudación, lo que parece lógico, dentro de una política de mayor obtención de ingresos para frenar el déficit -curiosamente en gasto parece no reducirse-.
Mientras el Tribunal Supremo decide si suspender la aplicación de la norma de manera urgente, lo mejor que pueden hacer los conductores es asimilar que los viajes serán hasta entonces un poco más largos o un poco más caros.
Juan María Piñero
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