Naturalmente, ningún medio informativo lo ha resaltado. Lo único que hemos sabido es que el próximo día 10 de enero el hombre más rico, y posiblemente el más poderoso de España, el presidente del Santander Central Hispano (SCH), se sentará en el banquillo de los acusados para responder por las multimillonarias indemnizaciones (44 y 110 millones de euros, respectivamente) recibidas por el ex presidente del SCH, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui. Con su marcha, Botín se quedó con todo el poder en el banco. En teoría, esto debería ser la peor noticia del mundo para Botín, que tiene también pendiente el caso de las cesiones de crédito.
En teoría, porque en la práctica la lectura es bien distinta. Lo cierto es que la Sección de la Audiencia Nacional que iba a juzgar a Emilio Botín estaba presidida por la magistrada Ana María Murillo Bordallo y formado por los magistrados Luis Martínez de Salinas y Lorente Martínez. Así se decidió en la Audiencia el pasado 8 de octubre. Sin embargo, y contra toda práctica jurídica, la fecha de inicio del juicio oral coincide con un cambio en la composición del Tribunal. Así, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, el mismo que le quitó el puesto al que aspiraba el juez Baltasar Garzón, desplaza a Murillo Bordallo y a Lorente Martínez y se queda con la propia Presidencia que deberá decidir el futuro de Emilio Botín. Nada ilegal, por supuesto, pero sí sospechosamente inhabitual. Así lo piensa la acusación, Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui, porque Bermúdez tuvo su papel en el proceso de ejecución de la responsabilidad civil del caso Banesto, banco que acabó en manos de Emilio Botín, mostrándose como un juez especialmente riguroso con Pérez Escolar y facilitando, de este modo, la absorción del Banesto por el Santander.
Y por cierto, de Bermúdez depende en buena parte la composición del Tribunal que juzgará a Botín en un caso mucho más problemático aún como es el de las cesiones de crédito.
