- La Administración General del Estado y las entidades privadas tendrán una moratoria de 12 meses para aplicarla, pero CCAA y ayuntamientos, dos años.
- A favor PP, CiU y PNV. En contra PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto.
- El Portal de la Transparencia costará 1,4 millones de euros y junto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno velará por su cumplimiento.
A los representantes de los partidos políticos les gustaba llenarse la boca en los últimos meses mencionando la palabra transparencia, pero lo cierto es que no se han dado demasiada prisa en la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, que dura ya 14 meses. Este jueves, tras el debate del Pleno del Congreso de los Diputados, ha sido, por fin, aprobada.
Pero su aprobación no determinará su inmediato cumplimiento, sino que la normativa creada con el fin de regenerar la política y luchar contra la corrupción, contará con una moratoria de 12 meses para aplicarse en la Administración General del Estado y en las entidades privadas afectadas por ella.
El Partido Popular (PP) además introdujo en el Senado una enmienda, que amplió esta moratoria a dos años en el caso de los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas (CCAA), es decir, para cumplirla en 2015, curiosamente tras las elecciones municipales y autonómicas que tendrán la mayoría de regiones. La normativa de engorroso nombre, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, será próximamente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El PP, liderado por Mariano Rajoy, y que ostenta el Gobierno, contará con el apoyo en los votos de Convergencia y Unión (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), pues el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se retiró hace meses, por el caso Bárcenas. Además, del PSOE, también se oponen Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la mayoría del Grupo Mixto (Amaiur, ERC y Compromís-Equo) pues la consideran una norma "insuficiente".
El portavoz socialista, José Enrique Serrano, admitió que la Ley de Transparencia del PP es "mejor" que la que preparó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque criticó los dos años de margen para aplicarla que tendrán CCAA y ayuntamientos.
La Ley de Transparencia, impulsada personalmente por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se aplicará a todas las administraciones e instituciones públicas, además de a la Casa del Rey, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público o cuando al menos el 40% de sus ingresos procedan de subvenciones superiores a 5.000 euros. Para velar por su cumplimiento se creará el Portal de la Transparencia, que costará 1,4 millones de euros, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Al finalizar el debate del Congreso, la vicepresidenta ha agradecido el "esfuerzo" de los grupos en la tramitación y que lo importante no es quien apoya o no la ley, sino que se "discuta sobre temas que afectan a la democracia, como el derecho a tener una administración y unas instituciones transparentes y que todos los partidos trabajen juntos para que así sea".
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com