Desde el martes el juez Baltasar Garzón está sentado en el banco de los acusados y responde a las preguntas que se le hacen en la sala del Tribunal Supremo.
Se le juzga por los supuestos delitos de prevaricación y actuación contra las garantías constitucionales relacionados con las escuchas de la trama Gürtel. Algunos han querido presentar estos sumarios como procesos políticos.
Pero Garzón está ahora ante los jueces no porque se haya atrevido con causas imposibles, sino porque hay indicios de que su comportamiento ha sido delictivo. Hasta el último momento ha intentado evitar lo inevitable formulando recusaciones sin fundamento contra los magistrados.
Sería muy grave que resultase condenado por este caso porque supondría que Garzón, considerado en algunos momentos como referente de una justicia universal, no respetó la intimidad que protege las conversaciones entre los acusados y sus abogados.
Como dijo en su momento el instructor sería una actuación que habría roto los pilares del Estado de Derecho.
El caso es que Garzón es capaz de hacerlo y por ello es juzgado, para que queden garantizados los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.
Pedro J. Piqueras Ibáñez
