El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, advierte que el déficit del Régimen de Autónomos no se puede sostener. Se trata de elevar la cotización mínima, hoy cifrada en poco más de 200 euros mensuales. Las organizaciones de autónomos están divididas: para CEPYME, no es bueno pedir el subsidio de paro, ni ninguna otra reivindicación, porque, al final habrá, que pagarlo a escote, mientras que OPA exige más prestaciones públicas para los autónomos.
A 31 de diciembre de 2004, los trabajadores autónomos existentes en España sumaban 2.880.546, según las cifras de Seguridad Social, pero se trata de una cifra en continuo aumento. Diez años atrás, su presencia en el sistema era marginal, ahora, ya superan el 15% de toda la masa laboral española y su peso relativo aumenta de forma paulatina pero firme en España y en todo Occidente. Es lo que en la Argentina llaman el cuentapropismo: crear tu propia máquina de facturación ante una situación de desempleo endémico e incluso de precarización acelerada del empleo.
La mayoría de ellos paga la cotización social mínima, algo más de 200 euros al mes. Estos auto-empleadores pagan más que el trabajador por cuenta ajena, pero menos que lo que la empresa y el trabajador, conjuntamente, pagan en el Régimen General. A cambio, el autónomo no tiene subsidio de paro, apenas cuenta con baja laboral y su jubilación será mínima, sin contar con que la inmensa mayoría si no paga no factura, porque la subestructura empresarial más habitual es la micropyme. El Estado también regula la jubilación, que suele ser mínima: así, a partir de los 55 años de edad, el autónomo no puede, aunque lo pretenda, aumentar su aportación a la Seguridad Social, ya que esto se considera una compra de pensión.
Conscientes de que esos autónomos constituyen el futuro, los Gobiernos Aznar intentaron facilitarles las cosas, pero esto ha cambiado con la llegada a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de Octavio Granado. A Granado nunca le han gustado los autónomos. Para él constituyen, ante todo, un régimen deficitario, unos números rojos que hay que solventar. Por eso, nada más sentarse en su nuevo sillón habló de subir las cotizaciones de los trabajadores autónomos. De inmediato, su superior jerárquico, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, le redujo al silencio. Tres millones de votos son muchos millones. Pero el déficit del Régimen se ha ido imponiendo.
Así, el objetivo es homologar las cuotas de los asalariados con la de los autónomos. Como preparación, el Gobierno ha filtrado a los medios informativos el fraude que se está produciendo en determinados colectivos de profesiones liberales como auditores, abogados, arquitectos, etc. Y es cierto, ese fraude existe, y no sólo entre profesionales de alta cualificación: son muchos los mensajeros a los que no se les da de alta en la Seguridad Social, sino que se les exige que facturen como un profesional externo. De esta forma, la empresa no sólo no paga a la Seguridad Social sino que prescinde de ellos cuando lo cree conveniente, sin cortapisa alguna. En el fondo, es algo muy similar al efecto que se produce con las empresas de trabajo temporal: la empresa paga más, pero no se compromete para nada con el trabajador.
Pero la conversión de trabajadores por cuenta ajena en autónomos se está volviendo muy habitual en otras profesiones, como las de repartidor, en el sector transportistas, y también en los medios informativos.
Lo malo es que elevar las cuotas de los autónomos puede significar terminar con la gallina de los huevos de oro. Eso sí, los sindicatos han fracasado a la hora de captar autónomos, por lo que no se opondrán a que se eleve sus impuestos laborales.
Por su parte, las organizaciones de autónomos están divididas. Para CEPYME, no es bueno pedir el subsidio de paro, ni ninguna otra reivindicación, porque, al final, habrá que pagarlo a escote. La Organización de Profesionales Autónomos (OPA), sin embargo, exige más prestaciones públicas para los autónomos.