Corren un riesgo financiero importante, que es el riesgo que más preocupa a las clínicas aborteras: el de que la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Esperanza Aguirre deje de financiar uno de cada cinco abortos que se presenta en la capital. Pero, todo sea por garantizar el inalienable derecho de la mujer a abortar, y su propio beneficio, dos realidades que, por una broma del destino, coinciden, las clínicas abortistas madrileñas llevarán al Gobierno regional ante los tribunales por cumplir la ley.

En efecto, resulta que el Gobierno regional, tras el revoltijo nacional de estómagos provocado por las conocidas prácticas del doctor Carlos Morín, se ha puesto a aplicar la ley, con inspecciones a clínicas abortistas para evitar el fraude de la permanente en que se ha convertido el aborto, especialmente por el coladero del peligro para la salud psíquica de la madre.

La responsable de la asociación de aborteros, Eva Rodríguez, ha explicado que los métodos empleados por la Comunidad son "abusivos", lo que les coarta la realización de un trabajo tan socialmente necesario como el suyo. Es más, si no fuera por las cortapisas, seguro que, en lugar de 100.000 abortos por año -todo un récord de producción- alcanzaríamos los 200.000, con todo lo que eso representa para la alicaída industria nacional.

Rodríguez agradece entusiasta apoyo de los ministros de Justicia, don Mariano Fernández Bermejo, y del titular de Sanidad, el prestigioso científico Bernat Soria. El primero, ya se encargó de aclarar a los abortorios que la Fiscalía no había sido quien había iniciado la repugnante persecución contra estos nobles profesionales, sino el juez, seguramente un reaccionario. En este punto, el señor ministro olvidó mencionar el pequeño detalle de que la Fiscalía es independiente del Gobierno, como todo el mundo sabe, pero quizás se refiriera al hecho de que, en la precitada Fiscalía, tienden a ponderar las sugerencias que llegan desde el Gobierno. En cualquier caso, fue un juez -qué les voy a contar que no sepan- quien ha iniciado la persecución de estos pobriños.

Rodríguez ha concluido que todo lo que está sucediendo es positivo, porque así se conoce la realidad del aborto. Y en esto, quede claro, estoy totalmente de acuerdo con ella.

Está claro que España no necesita una ley de plazos para abortar, sino la implantación del aborto obligatorio. Que sea el Estado, Bermejo y el prestigioso científico Bernat, quienes decidan cuántos niños debe tener cada mujer, cuántos debe abortar y, de paso, quién corre con el papel de padre-semental. Para planificar, nadie como el Gobierno y así no tienes que preocuparte de nada. De esta forma, superaríamos a Dolores Ibárruri, y su "Hijos, sí, maridos no". Con una acertada planificación de Mariano y Bernat no se necesitarían ni esposos ni hijos. De hecho, lo único que se precisan son ministros, fiscales y abortorios.

Estos chicos son muy sensibles.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com