El RD 9/2011 del Ministerio de Sanidad obliga a los médicos a prescribir por principio activo, en lugar de marca y a los farmacéuticos a dispensar el medicamento más barato. Además, se rebaja un 15% el precio de los medicamentos cuya patente lleve más de 10 años y no tengan genérico. Estas dos medidas pretende que los usuarios del sistema público ahorren en la compra de medicamentos, pero perjudica un poco más a los laboratorios, que ya sufrieron recortes en 2010 por valor de 2.500 millones de euros.
Este año, con la Ley Pajín, el recorte es menor que en 2010 y se encuentra por debajo de las estimaciones de la patronal Farmaindustria, que calculaba un impacto de 2.400 millones de euros. En conjunto, los laboratorios dejarán de vender alrededor de 1850 millones de euros menos.
A la espera de que las compañías ofrezcan resultados, como ya dijimos en su día, Almirall y Faes son los más afectados. Esto significa que el Gobierno ha de tal modo que el ciudadano puede verlo a corto plazo, pero penalizando la I D i, un elemento de largo plazo que acaba perjudicando al tejido económico y a la capacidad de la economía para crecer.
Mariano Tomás
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