Sr. Director:
El Cardenal Arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha sido denunciado penalmente por "injurias" e "incitación a la discriminación por razón de orientación sexual" a raíz de la homilía pronunciada en la Catedral de La Almudena, el pasado 28 de diciembre, día de la Sagrada Familia.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Guardia de la capital aragonesa, por Carlos Alberto Biendicho, presidente de la Plataforma Popular Gay, tradicionalmente vinculado al PP. Esta noticia podría parecernos una broma si no escondiese una realidad que ya empieza a ser preocupante. Tanto el PSOE como distintas ONGs rechazaron las opiniones de Monseñor Rouco y las tacharon de "intolerantes" y "homofóbicas". Más importante que el resultado de esta denuncia es el hecho de que se haya presentado amparándose en la legislación española.
España no tiene una Ley antidiscriminatoria, basta con que la Constitución garantice la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social (artículo 14); pero el Código Penal prevé penas para los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia por orientación sexual (artículo 510) y penas por injurias (artículos 208 al 210). Para el denunciante, las palabras de Monseñor Rouco son "expresiones que llevan consigo una considerable carga de desprecio" e "intentar interferir en la política de un Estado aconfesional".
Familia y Vida expresa su preocupación porque, en el caso concreto de la defensa de la orientación homosexual, ésta prevalezca sin lugar a dudas sobre los demás derechos constitucionales, como es el derecho de opinión y expresión. Y esto se lleva al extremo de que alguien -en este caso un representante de una confesión religiosa- pueda ser procesado por expresar su opinión: ¡hemos restablecido el delito de opinión! Quizá, para evitar que este colectivo se pueda sentir ofendido por las opiniones que la Iglesia Católica tiene sobre el ejercicio de la homosexualidad y su posible regulación civil, sería conveniente prohibir la libertad de culto, en defensa del tan discriminado colectivo gay... y así eliminaríamos otro derecho constitucional.
Es curioso que un colectivo que no cesa de reclamar derechos constitucionales tenga tan poco respeto por estos mismos derechos cuando amparan a los demás. Evidentemente, en el asunto de la orientación sexual nuestros políticos han perdido el norte; y todo les parece poco con tal de ser más progresistas... ¡incluso restablecer el delito de opinión!
Partido Familia y Vida
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