Las organizaciones convocantes de la manifestación del 12-N consideran que las modificaciones aprobadas en sede parlamentaria el pasado lunes son insuficientes. Consideran que una política de parches no es el camino adecuado para avanzar hacia el Pacto de Estado por la Educación.
Además, las organizaciones anti-LOE consideran que sigue sin estar garantizado el derecho de los padres a elegir el centro educativo que desean para sus hijos. El intento del Gobierno ha sido pinchar la movilización social con un parche que tampoco goza del apoyo del PP y que difícilmente se puede vender a la opinión pública como un pacto educativo que dé estabilidad al sistema de manera perdurable.
A pesar de lo que ha venido rumoreándose en las últimas jornadas, las organizaciones anti-LOE no descartan una nueva convocatoria, pero no la contemplan en el corto plazo. El rechazo popular es evidente y a partir de ahí, estas organizaciones se dedicarán a gestionar ese malestar social, sin renunciar ni un milímetro a aquellos motivos que le llevaron a salir a la calle. Y desde luego la libertad educativa es un pilar fundamental no resuelto en el parcheo de última hora.
Por cierto, curiosamente las enmiendas más agresivas a la LOE no provienen de ERC sino de diputados socialistas de Asturias, Castilla la Mancha y Andalucía.
