Proliferan en los últimos meses las exposiciones blasfemas, aunque a los responsables políticos les importa poco la oposición de la sociedad. Un ejemplo se encuentra en Ibiza, donde, para colmo, la sede de la exposición era la antigua (desconsagrada) Iglesia de L'Hospitalet.

La Diócesis, que cedía el edificio al Ayuntamiento para actos culturales ha obligado a que se retire la exposición y el contrato con el municipio ha quedado rescindido. Sin embargo, ya se ha presentado una denuncia que explica con fundamento jurídico por qué, además de una canallada, esta exposición es un delito. Este tipo de provocaciones pueden costar a los responsables prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, tal y como se reconoce en el artículo 524 del Código Penal. Los autores de estos cuadros y quienes les tratan como si fueran artistas sólo por molestar a la Iglesia, pueden ir tomando nota.