El debate queda aparcado hasta después de la legislatura
España es ya un país con 45 millones de habitantes. La cifra de extranjeros alcanza los 4,5 millones, de los que 1,8 millones son ciudadanos comunitarios, muchos de ellos pensionistas que han decidido pasar el final de sus días disfrutando del sol, la sanidad española y nuestra excelente calidad de vida.
Este incremento poblacional es muy positivo. Ha disparado la actividad constructora y alimenta el sector servicios. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal ha desequilibrado seriamente nuestras balanzas. La nueva población cotiza a la Seguridad Social, paga IVA en sus consumos y en junio paga impuestos por su renta. Es decir, engorda la bolsa estatal. Sin embargo, consume sanidad, educación y servicios sociales sufragados con fondos autonómicos. En resumen: la inmigración es un chollo para el Estado y una ruina para las CCAA.
Es fácil entender que cambiadas las circunstancias sobre las que se diseñó el nuevo modelo de financiación autonómica, lo lógico seria modificar también el propio modelo. Antes de las elecciones autonómicas no era un buen momento. Pero ahora tampoco, porque las generales están a la vuelta de la esquina. Así que mucho nos tememos que haya que esperar a la siguiente legislatura para abordar un asunto de Estado. Probablemente el asunto de Estado si no existiera el fenómeno etarra que nos hace consumir unos recursos políticos escasos y necesarios.
