"Espero y deseo que el actual clima político sea transitorio y que la oposición entre en una senda de racionalidad". Así se expresaba la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado viernes 3. Y el lunes 6, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se manifestaba en parecidos términos: "Se trata de una fiebre que pasará".
O no, que diría Rajoy. Porque el desencuentro entre Gobierno y oposición es cada día más notable. La acusación de Moratinos al anterior Ejecutivo de haber participado en el golpe de Estado venezolano y su reiteración en sede parlamentaria envenenaron las relaciones. Pero el espectáculo de las prisas y el rodillo aplicado para la reforma de la ley de nombramientos de altos cargos judiciales han dado la puntilla. El portavoz popular, Miguel Ángel Cortés, ya señalaba que el Gobierno ha contravenido el Pacto de Estado por la Justicia que ellos mismos firmaron. "El Gobierno se ha hecho poco confiable" es la consigna que ahora corea el PP.
Y es que la reforma de la ley de nombramientos judiciales se aprobó con los grupos políticos que dan apoyo al Gobierno. Los mismos con los que el Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo estable de legislatura a partir del próximo mes de enero. El previsible rechazo de los Presupuestos en el Senado pondrá en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno Zapatero. La estrategia es clara: arrinconar al PP y crear un grupo estable con ERC e IU, curiosamente los dos grupos contrarios al proyecto del tratado constitucional europeo.
Y los populares reaccionan pagando con la misma moneda. Un pago que incluye el veto a la reforma constitucional. Los populares dicen que en la reforma constitucional no pueden ir de la mano de quienes van en contra de sus propios acuerdos. "No nos podemos fiar de ellos", aseguran. Rajoy propone una condición imposible de cumplir para regresar al diálogo con el Gobierno : la retirada de la reforma judicial, considerada como una "gravísima ruptura de las reglas de juego, la mayor bofetada a la convivencia política". Es más, advierte que si el Ejecutivo sigue adelante con la reforma, el PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional
Y el problema no es la "sensatez" reclamada desde las filas polanquistas para una reforma técnica acotada. El problema de fondo es que nacionalistas vascos y catalanes quieren aprovechar la reforma constitucional para desgajar España, incluir el concepto de "nación" y avalar el derecho de autodeterminación. Y ese no es el marco de convivencia que desea el 75% de los españoles, según la última encuesta de Sigma Dos. Mucho menos de unos partidos que trabajan por una reforma constitucional, pero se muestran ausentes en los festejos de su XXVI Aniversario. Malos mimbres para tejer el necesario consenso. Zapatero se ha metido en un jardín de muy difícil salida. Y la "fiebre pasajera" se prevé larga.
