La juez Teresa Palacios reduce de 108 a 50 millones de euros el dinero desaparecido y los socialistas retiran la querella contra Pilar valiente
Se han necesitado 4 años, pero se van aclarando las cosas en aquel gigantesco engañabobos en que se convirtió el escándalo Gescartera. Así, la juez Teresa Palacios, de la Audiencia nacional, ha terminado la instrucción del sumario. Vamos a desmontar los embustes. En primer lugar, la magistrada cifra en 50 millones de euros, que no en los 108 barajados por los grupos políticos, y por la casi totalidad de los medios informativos, el dinero que despareció y del que deberá dar cuenta el primer ejecutivo de Gescartera, Antonio Camacho, así como Pilar Jiménez Reyna, presidente de la sociedad y hermana del secretario de Estado de hacienda con el PP, Enrique Jiménez Reyna.
Ese ha sido el segundo embuste de toda la trama: leyendo la prensa de la época así como las declaraciones de los principales líderes políticos, cualquiera diría que instituciones policiales, sociales y religiosas (es decir, los clientes estafados,) eran verdugos y no víctimas. En este sentido, la juez también certifica la responsabilidad de quienes apoyaron a Camacho en sus tejemanejes. Por ejemplo, el asesor fiscal, Julio Rodríguez Gil, el comercial de la agencia, Aníbal Sardón, o el apoderado José María Ruiz de la Serna. Y esta delimitación de responsabilidades es muy importante para pinchar un globo político de lo más interesado. En otras palabras, el PSOE de Rodríguez Zapatero, entonces en la oposición, no sólo politizó el caso Gescartera acusando a la administración económica popular y a los jefes directos de Enrique Giménez Reyna, que eran Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, sino también colocando en la picota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entonces presidida por Pilar Valiente. Bien estaba lo primero, pero lo segundo era una falacia. En primer lugar, porque fue la propia Pilar Valiente quien llevó a los tribunales el caso Gescartera. En segundo lugar, porque fue la única que presentó la dimisión, asqueada de tanta politización, aunque no tenía ninguna razón para hacerlo. Tanto es así, que los socialistas, a través del abogado Leopoldo Torres (que en su día fuera vicepresidente del Congreso) tras tres años de acusaciones, decidían, ahora que estaban en el poder, retirar la querella contra Pilar Valiente.
No sólo eso, sino que la juez Teresa Palacios, ha eximido de responsabilidad patrimonial a la CNMV.
Por lo tanto, de Gescartera pueden sacarse muchas lecciones. La primera, es que los políticos están dispuestos a mentir y jugar con el honor de las personas siempre que puedan obtener un beneficio electoral. Por eso lo hizo el PSOE, mientras que el PP hizo algo moralmente tan reprobable como los socialistas. Buscar un chivo expiatorio para salir del caso en la persona de Pilar Valiente. En segundo lugar, que en un escándalo financiero conviene no confundir a las víctimas con los verdugos. Los clientes de Gescartera fueron víctimas de Camacho. Y en tercer lugar, que la utilización de los tribunales resulta peligrosa para el honor de las personas, porque los tribunales suelen acabar por poner a cada en su lugar pero con varios años de retraso.
