El tiro les ha salido por la culata, porque resulta que los famosos seguros de Trillo fueron firmados en 1991, es decir, con el anterior Gobierno socialista. Así que, De la Vega ha tenido que defender una cosa y la contraria al mismo tiempo. Y eso sin despeinarse, que tiene mérito. O no.
El caso es que, por una parte, la ministra portavoz señala con contundencia que ese tipo de seguros "no deben ser sufragados con fondos públicos". El Gobierno presume de haber respondido con transparencia y celeridad. Y tanta, porque el responsable de la renovación de la póliza ha sido fulminado de inmediato.
Sin embargo, y al mismo tiempo, De la Vega señala que la póliza se renovó de manera automática y burocrática y, por tanto, no hay "responsabilidad". La pregunta es inmediata: Si no hay responsabilidad, ¿por qué se ha prescindido del renovador de la póliza? En cualquier caso, el escándalo ha servido para que el Gobierno estudie todas las pólizas contratadas. "Estamos abordando el tema, señala De la Vega. Sobre el informe, los Ministerios de Economía y Administraciones Públicas decidirán qué hacer sobre las actuales pólizas vigentes.
