El Tribunal de Cuentas ha nombrado este martes consejero instructor para estudiar los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y secuestro de menores con dinero público por parte de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, presidida por Ana Mª Pérez del Campo. Dicha Federación es la responsable de gestionar un centro de atención a la mujer maltratada en la localidad madrileña de Coslada, que ha sido objeto de múltiples irregularidades. Al final, el divorcio-express y la violencia de género han credo un nuevo mercado, del que se lucran ONG feministas y despachos de abogados
Para empezar, la ausencia de contabilidad transparente puesta a disposición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, órgano que debería de supervisar las cuentas al tratarse de una de las asociaciones financiadas con cargo al 0,52% del IRPF. La anterior directora general de la Mujer encargó una auditoría sobre el citado centro de acogida que gozó de todos los impedimentos posibles por parte de sus gestores y que destapó numerosas irregularidades
Además, en dicho centro obliga a las madres que ingresan en el centro a que ni ellas ni en su caso- sus hijos mantengan ningún tipo de trato, contacto o relación con su pareja, presunto maltratador, rompiendo los lazos de los niños con sus padres. Incluso la prohibición y su internamiento- se prolongan una vez que el juez ha desestimado la denuncia de malos tratos, produciéndose un secuestro efectivo de menores con cargo al erario público.
Por si fuera poco, el chiringuito forma parte de una trama familiar donde la hija y el yerno de Pérez del Campo Ratita Pérez, en la jerga de los padres separados- trabajan como abogados y psicólogos de las mujeres, con sus correspondientes minutas. Son los que redactan las denuncias clones por malos tratos a las mujeres y abusos sexuales a los niños para conseguir la custodia exclusiva de los hijos generando un millón de huérfanos legales, según los cálculos de las asociaciones de separados.
En resumen: el centro de la Ratita Pérez es un foco de irregularidades y presuntos delitos que podrían ir más allá del mal uso de los fondos públicos. Tras la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Asociación Amnistía Infantil el pasado mes de mayo, la Fiscalía se opuso mientras que la Abogacía del Estado ha observado indicios de delito. El 6 de junio abrieron diligencias y finalmente este martes 7 de noviembre el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir diligencias en la fase de instrucción y nombrar consejero instructor. Una investigación lenta, pero que podrá esclarecer la realidad de la contabilidad del centro de acogida de Coslada, de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y del patrimonio personal de su presidenta desde hace 25 años.
Además, en paralelo, la Asociación Amnistía Infantil tiene presentada desde el pasado mes de mayo una denuncia contra la misma asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas por presunta asociación ilícita debido al presunto secuestro de menores. La causa se presentó en la Plaza de Castilla, aunque el expediente ha sido trasladado a Coslada por cuestión de competencia. Poco a poco se cierra el círculo de la industria del maltrato. Una industria que ha permitido generosos lucros para las profesionales de la abogacía y psicología vinculadas profesionalmente al asunto, pero sobre todo, para las asociaciones que se dedican a explotar el asunto, fuertemente financiadas por el Estado y CCAA, cuya gestión no es supervisada ni auditada por organismo alguno. Luz y taquígrafos, por favor.
Lo cierto es que la ley del divorcio Express y la ley de Violencia de Género han creado todo un mercado de rupturas familiares del que se aprovechan ONG de carecer feministas y despachos de abogados. Y ambas cuestiones son una sola, porque la práctica abrumadoramente mayoritaria consiste en la unión de ambas leyes: en definitiva, que todo este entramado de asociaciones y abogados aconsejan a la mujer que se separa que alegue violencia de género, el mejor método de asegurarse la victoria en todos los terrenos: guardia y custodia de los niños y pensiones y reparto del patrimonio familiar.
