Ante las dudas de la Audiencia Nacional sobre el recorte de sueldo a los funcionarios, el Gobierno ha insistido en las últimas 24 horas sobre la legalidad del mismo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta De la Vega precisaba que el ajuste viene amparado por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Según De la Vega, la reducción salarial supone la revisión del acuerdo con los sindicatos de funcionarios, pero está avalado por el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma contempla la adopción de medidas excepcionales por razones de interés público.
De la Vega añadió que se trata de un ajuste temporal e insistió en que el Gobierno tomó esta medida por responsabilidad y para garantizar la viabilidad del modelo de protección social y de la economía.
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com
