Publicamos el comunicado del Instituto de Política Familiar, en el que reitera su oposición al nuevo Estatut catalán, y el no en el referéndum del 18 de junio.
El Presidente del IPF de Cataluña, Liberto Senderos, ha expresado sus críticas al proyecto de Estatuto que se votará el próximo domingo. Detrás de esta iniciativa se oculta la voluntad de la Generalitat de imponer un nuevo modelo de sociedad. Para el proyecto, el matrimonio y la familia son instituciones que hay que suprimir y sustituir por uniones de otro tipo, como las parejas de hecho del mismo sexo o nuevas formas de convivencia.
La enseñanza pública pasa a tener el carácter de laica, lo que significará que la religión no tendrá ningún valor académico y será expulsada del horario e incluso de la escuela. Los centros docentes privados no tienen garantizada su financiación pública y estarán sometidos a la Generalitat.
No se reconoce el reconoce el derecho a la vida, sino que es considera el aborto libre como un derecho, abre la puerta a eutanasia y al suicidio asistido y niega el derecho a la objeción de consciencia frente a estas conductas. Introduce la perspectiva de género como criterio de actuación de los poderes públicos y utiliza muy a menudo expresiones ambiguas que crean inseguridad jurídica y permiten a la Administración hacer interpretaciones arbitrarias. No respeta la libre iniciativa de los ciudadanos y de la sociedad civil, ya que hay un intervencionismo exagerado en todos los ámbitos de la vida social, que parece más propio de un régimen totalitario que de un sistema democrático.
El señor Senderos ha condenado la postura de aquellas fuerzas políticas, que pese a manifestar en su programa electoral la defensa de los valores familiares, han hecho posible con su voto la aprobación de este texto legislativo, y por tanto han traicionado a sus votantes.
El representante de la asociación ha criticado también la campaña institucional llevada a cabo por la Generalitat, que hace una descarada defensa del proyecto y que vulnera la legislación electoral, lo que ha motivado la intervención de la Junta Electoral. No es admisible ha añadido que se haga uso de los fondos públicos para defender una determinada opción de voto en el referéndum, ni que se utilicen los medios de comunicación de titularidad pública para hacer propaganda a favor del Estatut.
Igualmente ha afirmado que esta norma no responde a los problemas reales de los ciudadanos, sino a planteamientos ideológicos de una minoría que no es representativa del conjunto de los catalanes. Además se enmarca dentro de la ofensiva contra la familia y los derechos civiles de los Gobiernos de Cataluña y Madrid, que se manifiesta en hechos como la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el matrimonio y la adopción por parte de homosexuales, el llamado divorcio express, la promoción del aborto, la anticoncepción y la corrupción de los menores por medio de programas de supuesta educación sexual, etc.
Por estas razones ha manifestado que la única postura posible es votar NO y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen y expresen públicamente su rechazo al nuevo Estatut, así como su oposición a la política antifamiliar y contraria a las libertades que está llevando a cabo el Gobierno de la Generalitat.
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