El Código de Buen Gobierno del Gobierno

Hay que reconocer que el Gobierno ZP tiene marketing. Pero esta vez se ha equivocado. A la reforma de la Ley de Incompatibilidades se le ha bautizado como "Código de Buen Gobierno del Gobierno". Y es Sevilla quien flaquea en esto del marketing. Claro que seguro que De la Vega se lo arregla en "dos tardes".

En cualquier caso, no está mal. Por ejemplo, se establece una Subdirección General que vele por el cumplimiento de estas incompatibilidades. Pero se la bautiza como "Observatorio de Conflicto de Intereses", que mola más. Por lo demás, sobre todo, se trata de hacer cumplir las actuales normas, que resultan "relativamente fáciles de incumplir", según señaló el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. A saber: pistas de pádel por aquí, salida de un ministro de Fomento que acaba de presidente de una gran empresa de distribución,...

En cuanto al cuadro de sanciones presentado por Sevilla, queda un tanto escaso. Se sanciona al afectado con 10 años de inhabilitación para cargo público. "A algunos les puede parecer mucho, a otros poco", reconoció humildemente el ministro. Eso sí, se establece un sistema de apertura de expediente informativo de oficio por parte del pomposo Observatorio. Y esto puede que sea más eficaz. Porque precisamente una empresa ficha a un ex alto cargo porque tiene buena relación con la Administración. Basta que la Administración empiece a quejarse y hacerlo público para que ese nombramiento deje de ser tan interesante. Incluso Sevilla reconoce que se está planteando la posibilidad de impedir que esa empresa contrate con la Administración.

También queda escaso en cuanto al ámbito de aplicación. La normativa se aplicará a los miembros del Gobierno y a altos cargos de la Administración general del Estado, presidentes, directores y gerentes de las empresas públicas, de las fundaciones públicas y de los órganos reguladores y de supervisión. No se incluyen jueces, ni militarse, ni tampoco la Casa Real. "Llegamos donde llegamos y quizás con el desarrollo se pueda ampliar. Pero para ser la primera vez que se hace algo así, tampoco está tan mal", señala Sevilla. No obstante, el ministro ha instado a que otros sigan el ejemplo.

Otro de los asuntos no contemplados es el "efecto ONU", o sea, la regulación de familiares o cónyuges. Mucho más si se trata de matrimonio en régimen de gananciales. Sevilla ha admitido la sugerencia y ha anunciado que probablemente lo incluirá también.

Por lo demás, el proyecto Sevilla contempla que los cargos públicos deban  comparecer de manera previa ante el Parlamento, siguiendo el modelo anglosajón. "No en el caso de los ministros, porque el Gobierno en pleno está sometido de manera permanente a una labor de control por parte del Congreso", ha matizado el ministro. Serán sometidos a este análisis los órganos reguladores y de supervisión, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo Económico y Social y el Ente público Radio Televisión Española (RTVE).

En cuanto a los regalos, no se establece un límite exacto, sino más bien el "sentido común" según los usos y costumbres. La norma será que el regalo se pueda conocer y superara lo razonable, el alto cargo deberá de entregarlo al registro público estatal. Además, los bienes y el patrimonio de los altos cargos serán públicos a través de la publicación en el BOE.