Este miércoles publicábamos que la Comunidad de Madrid había abierto dos nuevos centros de abortos en los últimos meses. Efectivamente, el Centro Retiro cuenta con una autorización de noviembre de 2009 (en la época de Güemes) y está ya operativo a pesar de no contar con la licencia de medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, como ha denunciado Manos Limpias.
El segundo es Sergine, S.L., una sociedad constituida en abril de 2010 y que tiene como objeto social dar cobertura comercial al centro de abortos Mayrit, constituida hace 19 años, como nos recuerdan en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tanto la sede social como el teléfono de Sergine y Mayrit coinciden. ¿Casualidad? Todo parece apuntar a que se trata de una continuidad del negocio.
¿Y por qué un centro de abortos necesita una comercializadora? Fácil. Mayrit fue sometida a una severa inspección de los servicios de Sanidad de la Comunidad de Madrid en diciembre 2007. En dicha inspección se detectaron varias deficiencias estructurales como deficiencias de equipamiento y falta de instalación de vacío, así como superficie no adecuada en el área de reanimación. Además, se detectaron deficiencias de funcionamiento. Los inspectores encontraron un paquete de historias clínicas de los dos meses anteriores marcadas para ser destruidas cuando la ley obliga a mantener las historias clínicas durante al menos cinco años. Los inspectores también encontraron un paquete de informe de psiquiatría firmado por la médico psiquiatra en blanco. El País en su momento informó que según Sanidad, Mayrit suponía un riesgo inminente y grave para la salud de las personas.
Como consecuencia de aquella inspección, el 13 de diciembre de 2007, la Dirección General suspendió las actividades abortistas quedando como un mero centro ginecológico y de planificación familiar. Además, la Comunidad de Madrid elevó los resultados de la inspección al juzgado de guardia que remitió las actuaciones al juzgado nº 8 de Madrid, quien a su vez se inhibió a favor del 35, cuya titular era Gema Gallego, posteriormente nombrada consejera del CGPJ.
Finalmente, el juzgado archivó la causa en septiembre de 2008 y el asunto terminó en vía muerta. Mal. Porque la Comunidad de Madrid había acordado suspender las actuaciones administrativas hasta que el juzgado resolviera sobre los hechos. El juzgado resolvió, pero la Comunidad de Madrid, no continuó. ¿Por qué?
No sólo eso, sino que en lugar de continuar las actuaciones, Mayrit se crea una carcasa comercial, Sergine, que es la única que logra pasar los filtros de la consejería y colarse en el sobre informativo que la Comunidad de Madrid entrega a las mujeres que quieren abortar según lo establecido en la nueva Ley Aído. Una explicación es exigida.
