La Asociación de Derechos Humanos ha proporcionado un dato escalofriante sobre inmigración. En Madrid, aunque la situación podría ser extrapolable a todo el Estado, y desde que se iniciara el proceso de regularización, puesto en marcha por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (7 de febrero), se normalizó la situación de 15.497 inmigrantes, pero, al mismo tiempo, se produjeron 18.250 despidos de inmigrantes sin papeles.
Según esta Asociación, el problema es que hay muchos empresarios que están habituados a trabajar fuera de la ley y consideran un gravamen afrontar la Seguridad Social y las condiciones laborales de un trabajador extranjero regularizado. Los empresarios con pocos escrúpulos y que conocen la dificultad de la Inspección de Trabajo para actuar prefieren despedir a los trabajadores extranjeros que les plantean la posibilidad de regularizar su situación.
Insistimos en que los datos son extrapolables, entre otras cosas porque Madrid es el principal objetivo de muchos inmigrantes, especialmente hispanoamericanos, que son lo que mejor se integran. Pues bien, la Asociación describe dónde se están produciendo los despidos: En la Comunidad de Madrid, se produjeron 1.345 despidos en Mercamadrid, 1.850 en el Corredor Henares, 356 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, 235 en Aranjuez, 1.460 en Getafe, 1.750 en Fuenlabrada, 1.450 en Móstoles, 380 en la zona de la carretera de la Coruña, 340 en Alcorcón, 755 en el entorno de Barajas y 8.351 en Madrid capital.
Los sectores en los que más despidos se han producido son industria, agricultura, transporte y hostelería. El responsable del departamento de migraciones del sindicato madrileño CCOO, Manuel Riesco, reconoce que cada día se producen denuncias de trabajadores extranjeros que aseguran haber sido despedidos tras solicitar su regularización y afirma que uno de los sectores más afectados por esta práctica de los empresarios es la construcción.
En definitiva, todo apunta a que, desgraciadamente, puede fracasar la gran apuesta de política migratoria del Gobierno, entre otras cosas por la concepción de que un inmigrante no es un ciudadano, sino un trabajador y un contribuyente. En definitiva, la concepción del Gobierno de que quien no tenga trabajo no tiene derecho a vivir en España. De esa concepción, se aprovechan los empresarios sin escrúpulos. Ahora, prefieren despedirles antes que contratarles legalmente.
