Hablamos de la enmienda aprobada el jueves por el Congreso, según la cual, a partir de ahora, será la Comisión Nacional del Mercado e Valores, y nos los inspectores fiscales, quienes decidan si una SICAV cumple con su cometido o si debe ser revocada su situación. Es más, será, según la enmienda aprobada por el Grupo socialista, la CNMV quien otorgue o deniegue permiso a Hacienda para investigar.
Se da la circunstancia de que Juana Lázaro, que junto a Enrique Martínez Robles, anterior secretario de Estado de Hacienda hoy al frente de la empresa pública, la SEPI, han sido encargados de la limpia ideológica realizada en Hacienda desde la llegada de los socialcitas al poder, y son considerados, socialista de puño duro y perfiles ideológicos más izquierdistas.
Precisamente, ha ido Juan Lázaro quien había diseñado el plan de inspección lanzado por Hacienda contra la PYMEs. Lo ejecutó Víctor Morena, amigo personal y profesional del presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, José María Peláez. Peláez ha llegado a convocar rueda de prensa y acusado a los grupos parlamentarios, indirectamente al PSOE, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible aprobar la enmienda de CIU- de proteger a los ricos y atentar contra el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Al final, ha sido Pedro Solbes, más amigo de componendas que de principios ideológicos, quien ha decidido apoyar una enmienda que constituye un escándalo. No porque las SICAV tengan un tratamiento fiscal del 1%, dado que es el mismo tratamiento del que disponen los fondos, sino porque algunas de ellas son aprovechadas por las grandes fortunas para eludir el pago a Hacienda de sus pelotazos o para forzar minusvalías ficticias que compensen plusvalías mobiliarias o inmobiliarias.
