La semana pasada aprobó el Congreso el informe de la Comisión parlamentaria sobre la crisis financiera. Pasó casi desapercibido. Apenas un par de comentarios en prensa, centrados más en la negativa a aprobarlo por parte de Ciudadanos y Podemos, y el apoyo del informe de PSOE y PP, que otra cosa. El informe es flojo, es malo. Comparado con el que hizo el Banco de España (BdE), causa verdadero sonrojo que sus señorías presenten un texto como el que han presentado: un corta y pega de las declaraciones de los comparecientes, razonablemente bien estructurado por temas pero sin ningún tipo de coherencia ni de conclusiones. Un trabajo de esos que cuando los terminas de leer te surge la pregunta ¿y?, porque aunque te haya entretenido, no te ha aportado nada.

Está claro por qué unos aprueban oposiciones y otros ganan elecciones: los primeros no dejan de ser unos buenos escolares, mientras que los segundos saben cumplir con los mínimos exigidos en el plan de estudios y presentar un TFM (Trabajo de Fin de Máster), aseadito en el último momento. Sin embargo, los segundos tienen más mala leche y tiran contra los primeros que da gusto. Saben elegir el sesgo mínimo para que la culpa no sea de los políticos. Por otro lado, con un informe de estas características, uno se pregunta si no debería intervenir la Fiscalía de oficio contra el Banco de España.

El informe de la Comisión culpa más al BdE de la crisis que a ningún otro agente. Por supuesto, no culpa a la politización de las cajas de ahorros ni a la forma de selección de los consejos de administración de las mismas, y ello a pesar de que un par de comparecientes, del BdE uno de ellos, le critican claramente las reformas que iniciadas por Fuentes Quintana concluyen en 1985 con la Ley de Órganos Rectores (LORCA), asalto socialista entonces, popular después, como uno de los problemas graves. Tampoco se queja especialmente la Comisión de la calidad de los directivos de las entidades en general, ni de las cajas de ahorros en particular.

​Además, con este informe la Fiscalía debería actuar de oficio

Se nota a lo largo del informe que las declaraciones de los ejecutivos de las entidades han impresionado a sus señorías, tal vez porque han comprendido por qué unos habían llegado donde habían llegado y ellos estaban donde estaban. Eso no les impedirá exigir mano dura contra ellos en los tribunales y, si no, miren el vuelco que quiere darle la fiscalía al caso Bankia.

Al final, la Comisión no descubre nada: la crisis es culpa de los bancos centrales occidentales con su fuerte expansión de la masa monetaria (Aristóbulo de Juan, dixit), que se aplica a lo inmobiliario de manera comprensible al principio, pero demasiado arriesgado al final, y del BdE, por no haberla previsto ni haber actuado a tiempo. No le permiten a éste último ni acogerse a la falta de instrumentos suficientes, normativos y de actuación y sanción, que alegaba en su propio informe. La crítica más dura tal vez sea la que proviene de un miembro del propio cuerpo de inspectores en la Comisión: "...no tomar decisiones, por desgracia, también es en sí mismo una decisión y suele ser errónea" (DS núm.14, de 3 de octubre de 2017, página 4) y le acusan de haber mentido a la Comisión (pág. 271 del Informe):

Se ha dicho en esta Cámara por exresponsables del Banco de España que la institución no podía oponerse a las fusiones. Bien, el artículo 4 dice que constituyen infracciones muy graves la realización de actos que a continuación se relacionan sin autorización cuando sea preceptiva. Primero, fusiones, absorciones o escisiones que afecten a entidades de crédito. (…) En este caso fue el propio Banco de España el que no cumplió su propia ley.

Tras la crisis, se libra una batalla en los tribunales entre banqueros caídos e inspectores del Banco de España

El único instrumento que parece echarse de menos, porque habría evitado la caída del Banco Popular, es el que apunta sorprendido el sr. Saracho en su comparecencia: ¿cómo es posible que BdE ya no pueda actuar como prestamista de última instancia? Se sorprende que haya pasado desapercibido la desaparición en 2014 de este instrumento. Hombre, desapercibida, desapercibida… no lo sé. En 2015, los acreedores de Banco de Madrid ya notaron en sus carnes la desaparición de este instrumento de intervención, lo que abocó a la entidad a un concurso absolutamente innecesario.

Tampoco parece que a sus señorías les guste mucho la concentración bancaria que ha promovido el BdE y que sigue promoviendo. No parará en su empeño hasta que queden dos cajas rurales, ni una más.

En definitiva, porque da para mucho más que este espacio, sus señorías se han salido del tema y han puesto al BdE a los pies de los caballos. Esto explica la agresividad con que los funcionarios del BdE están declarando últimamente en la Audiencia Nacional contra los directivos de las entidades: o ellos o nosotros, porque aquellos no van a pagar, pero la opinión pública necesita culpables.