• Los partidos coinciden en el diagnóstico del envejecimiento de la población y sólo ven un arreglo: la contribución del Estado.
  • PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular no se plantean nada para solucionar el invierno demográfico.
  • Son, todos ellos, expertos en derecho comparado, pero no ven la política de apoyo a la familia en los países desarrollados.
  • Sobre empleo, coinciden en la necesidad de acabar con la temporalidad y precariedad, pero con fórmulas incompatibles.
  • Y sobre fiscalidad, las diferencias son también acusadas, tanto sobre la capacidad recaudatoria como en reparto de la presión tributaria.
Los programas electorales dibujan, básicamente, diferencias ideológicas insalvables sobre mil cuestiones en materia económica. Llama la atención, no obstante, la clamorosa ausencia en sus programas de las ayudas a la familia para doblegar una curva demográfica perversa. Este lunes, la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) ha convocado para un debate a portavoces económicos del PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular, y se ha vuelto a poner de manifiesto. Es fácil hablar de mercado laboral o fiscalidad, pero cuando abordan las pensiones, la natalidad parece un aspecto secundario. Así nos va. La conclusión en desoladora. Ningún partido es consciente de que el sistema público de pensiones está amenazado, básicamente, por el envejecimiento de la población y por la ausencia de un recambio generacional. Dicho de otro modo, si nada cambia, el sistema público es inviable: el Estado tendrá que pagar demasiadas pensiones con demasiados pocos cotizantes. Han participado en el debate (en la imagen de derecha a izquierda) Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del Gobierno; Francisco de la Torre, de Ciudadanos; Sol Sánchez, de Unidad Popular; Nacho Álvarez, de Podemos, y  Manuel de la Rocha, del PSOE. Los cuatro han exhibido sus grandes diferencias sobre los tres puntos que se han planteado: mercado laboral, sistema fiscal y el modelo de pensiones. En los dos primeros, tiene su lógica: las diferencias ideológicas son grandes y tanto la fiscalidad como la realidad laboral son vasos comunicantes para un modelo social. No se entienden, sin embargo, las diferencias en el tercer punto, las pensiones, que va más allá de un debate puntual sobre la edad de jubilación, las referencias para actualizarlas, el auxilio del Estado en su contribución al sostenimiento del sistema (ya está sucediendo con las mordidas al Fondo de Reserva) o la concreción de acuerdo en el Pacto de Toledo. Todos tienen en esos puntos sus propias medicinas. Sólo dos intervinientes, Nadal (PP) y Álvarez (Podemos) se han referido a la palabra fatídica: natalidad. Porque es de eso, no nos engañemos, de lo que depende mucho de los demás. Si en España mueren más personas de las que nacen y el número de cotizantes no cubre, por sí misma, las necesidades de los que ya no lo hacen, el sistema está indefectiblemente abocado a la quiebra. Es ahí, en ese punto, donde aparecen las ayudas a la familia, pero ningún partido alude a ellas como remedio para detener un declive demográfico imparable. Las dos derechas, como dice el PSOE, por complejos, y la izquierda por mayores complejos todavía. Y esa política, sin embargo, es la que se está llevando a cabo en países con tasa de natalidad positiva como Alemania o Francia y con la ayuda de todo el arco parlamentarios. Ayudas a la familia es, en ese caso, ayudas por hijos. Y esa ayuda repercutirá después en el sostenimiento del Estado, con una estabilidad en el empleo que está a años luz de la actual (la tasa de paro supera el 21%). El único punto de acuerdo entre esos cinco partidos es que el Estado se va a tener que empeñar más. Es decir, en que va a tener que aumentar su aportación por la vía presupuestaria o en que se van a tener que encontrar nuevas vías de financiación (el PSOE, por ejemplo, es partidario de un nuevo impuesto finalista). Y todos están de acuerdo también en necesidad de crear empleo, y de calidad, para que se arregle la financiación a través de las cotizaciones. Pero está claro que si esas medidas no se apoyan, en paralelo, a otras como los incentivos a la natalidad, todo quedará a medio camino. Es lo más parecido a pan para hoy, hambre para mañana. Y es que en el sistema de pensiones, la solución es a medio y largo plazo. Los españoles no tienen hijos por las dificultades económicas: emprender un proyecto de familia es lo más parecido a una hazaña, mientras los partidos miran para otro lado. Respecto a las distintas políticas en materia laboral y fiscalidad, las diferencias entre partidos no sorprenden. Al fin y al cabo, la segunda reforma laboral, la del PP, ha marcado un inevitable antes y un inevitable después para el resto de los partidos sobre las deficiencias del mercado de trabajo, medidas en términos de temporalidad y precariedad. Sobre esos dos hándicaps, todos tienen sus recetas. Y sobresale entre ellas el contrato único de Ciudadanos contra el que cargan el resto de los partidos. Pero todos están de acuerdo, contra el PP, en rechazar "el falso dilema" entre paro o empleo precario. Fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien dijo que es mejor tener un empleo mal pagado que estar en el paro. Guindos es así qué le vamos a hacer. Y con el reparto de la carga fiscal sucede otro tanto. La voz cantante la ha llevado Álvaro Nadal, del PP, que conoce la situación mejor que los otros -está en el Gobierno-, pero para lo bueno y lo malo: disculparse de los errores y añadir correctivos. A su juicio, de lo que se trata ahora es de reducir la brecha fiscal porque pesa en exceso sobre los salarios. El resto estaban en contra. De la Rocha (PSOE) ha dado más protagonismo a lo que se puede hacer en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, un tipo fijo del 15% en el Impuesto de Sociedades y un nuevo impuesto finalista mediambiental. De la Torre (Ciudadanos) ha compartido la necesidad de un mayor esfuerzo para detectar el fraude, si bien ha propuesto una reducción media de los impuestos del 3%. Más a la izquierda, Alvares (Podemos) y Sol Sánchez (Unidad Popular), han defendido un plan para aumentar la recaudación para que pague el que ahora no paga. Rafael Esparza rafael@hispanidad.com