María Jesús (Marisú) Montero ha presumido este lunes de que el déficit público cerró 2020 en el 10,97% del PIB, un porcentaje inferior al objetivo fijado por el Gobierno (11,3%), pero ojo, porque es el más alto desde 2009 (11,3%). Esto incluyendo las ayudas financieras (entre ellas, el banco malo -Sareb-), lo que supone un incremento del desvío de 77.557 millones de euros respecto al año anterior (2,86% del PIB) por el coronavirus.

La ministra portavoz y titular de Hacienda está muy satisfecha de que el dato se haya situado por debajo también de las previsiones de organismos nacionales e internacionales (la Comisión Europea estimaba un 12,2% y el FMI un 11,7%). Ha explicado que sin las ayudas financieras, el déficit de las administraciones públicas cerró el año pasado en el 10,09% del PIB, situándose en 113.172 millones. Esto se debe, entre otras razones, al mayor gasto, que creció en 53.070 millones y de los cuales un 85% se destinó a las medidas puestas en marcha para mitigar los efectos de la pandemia (los ERTE, las prestaciones por cese de actividad de los autónomos, las prestaciones por incapacidad por Covid o refuerzos sanitarios y educativos, entre otras).

La recaudación del Impuesto de Sociedades se ha desplomado un 33% por la reducción de los beneficios empresariales y las mayores devoluciones fiscales 

Pero el déficit también se ha elevado por otra razón: la caída de los ingresos, que ha sido del 5%, o lo que es lo mismo, de 24.487 millones. Dentro de esta partida, destaca la recaudación fiscal, que ha bajado un 7,8%, es decir, en 21,674 millones, por la menor actividad registrada desde el pasado marzo, cuando se decretó el primer estado de alarma y el confinamiento: la del IRPF ha sido la única que ha subido (+1,2%); mientras la del IVA ha caído un 11,5%, hasta unos 63.300 millones; y la del Impuesto de Sociedades se ha desplomado un 33,2% por la reducción de los beneficios empresariales y las mayores devoluciones fiscales (han crecido en 3.000 millones).

El Estado central ha asumido el 90% del gasto Covid y por tanto, más déficit, que se ha situado en 84.051 millones (7,49% del PIB), mientras las Corporaciones Locales han registrado un superávit de 2.870 millones (0,26% del PIB) y las comunidades autónomos uno de 2.306 millones (0,21% del PIB). Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han elevado su déficit hasta 29.685 millones (2,65% del PIB), y ha cerrado con un saldo negativo de 14.979,85 millones (1,36% PIB): en esta partida, destacan unas transferencias corrientes de 43.317 millones, los ERTE, las prestaciones a autónomos, el aumento de las pensiones y del sueldo de los funcionarios. Entre los menores ingresos, los de las cotizaciones sociales se han situado en 119.955,59 millones (3,46%), mientras los gastos han sido mayores, como se puede ver, por ejemplo, en las prestaciones económicas a familias e instituciones de 164.249,19 millones (dentro de estas, 152.403,38 millones corresponden a pensiones y prestaciones contributivas).

“Mantendremos el escudo social el tiempo que sea necesario”, ha señalado Montero. Es decir, la economía seguirá anestesiada con los ERTE y otras medidas, pero ¿y cuándo se quite el escudo? La cosa no pinta bien y la deuda pública sigue creciendo sin remedio.

Paralelamente, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha destacado que la autonomía ha tenido "déficit cero" en 2020. Concretamente, se ha situado en el 0,05% del PIB, que es "cuatro veces menos" que la media de las autonomías, que ha sido del 0,21% del PIB. "Por eso podemos bajar los impuestos y podemos costear unos servicios públicos de máxima calidad y hacer frente incluso a una catástrofe como el Covid sin meternos en deudas, algo muy importante para esta generación y para las próximas", ha subrayado.