En Italia, el expresidente del BCE, el tecnócrata Mario Draghi, ha presentado su plan de recuperación para su país, al que va a destinar 248.000 millones de euros.

Esa cuantía sale de los 191.500 millones de euros del Fondo de reconstrucción europeo. De los 36.000 millones de un plan nacional complementario y de los 15.500 millones del Fondo de Desarrollo y Cohesión.

El plan de Draghi plantea cuatro grandes reformas, acompañadas de otros seis objetivos. Los proyectos de reforma se refieren a la fiscalidad, justicia, administración pública y competencia. Se reforman también las pensiones que había puesto en práctica el gobierno de Giuseppe Conte, alargando la vida laboral a 67 años a partir del 2022, salvo para categorías especiales. Planes para jóvenes, la paridad de la mujer y especiales ayudas para el sur han sido otras tres prioridades anunciadas por Draghi, explica ABC.

«Está en juego el destino de nuestro país», dijo Mario Draghi este lunes al presentar en la Cámara de diputados el Plan de Recuperación, invitando a evitar «miopes visiones partidistas». El plan, explicado por Draghi a los parlamentarios en la tarde del lunes, es definido como «una intervención trascendental para reparar el daño económico y social de la crisis de la pandemia, introduciendo además reformas para superar las debilidades estructurales de la economía Italia».

«Está en juego el destino de nuestro país», dijo Mario Draghi

El programa italiano incluye, como ha marcado la UE, que el 40% de los fondos se dediquen a proyectos dedicados a la transición ecológica, y el 25%, a la digitalización en un país donde todavía hay muchas localidades que no tienen un buen acceso a la red. Es también, como dijo el primer ministro, la manera de atacar “debilidades” que han afligido a Italia durante demasiado tiempo, incluyendo las disparidades entre el norte y el sur, la fragilidad en el crecimiento de la productividad o la desigualdad de género, apunta La Vanguardia.

El plan de recuperación de Mario Draghi incluye además un borrador de reforma fiscal, que se presentará ante el parlamento a finales del mes de julio, para simplificar el sistema tributario y «reducir gradualmente la carga fiscal», sin comprometer las finanzas públicas, añade ABC.

Asimismo, el Gobierno italiano aprobará en la primera semana de mayo un decreto de emergencia para simplificar los procesos burocráticos necesarios para los proyectos de inversión del plan. Se convertirá en ley en julio. Otras medidas de simplificación menos urgentes se adoptarán a final de año. Otro decreto de emergencia, a finales de mayo, acelerará los procesos de licitación pública, fijando plazos concretos y reduciendo el tiempo para verificar certificados y resolver disputas legales. A final de año se presentará una reforma más amplia para garantizar más eficacia y transparencia, explica el mismo medio.

También se prevé aprobar a finales de julio una ley para aumentar la competencia en la economía italiana, en línea con las recomendaciones de la autoridad antimonopolio del país. Se centrará, sobre todo, en los servicios públicos locales, como suministradores de electricidad.

Y, además, de aquí a final de año se contratará personal temporal para reducir el enorme retraso judicial. A finales de septiembre se planteará una reforma más amplia para agilizar los juicios. Además, a final del año que viene se harán más eficientes los tribunales fiscales a través de la digitalización, concluye ABC.

El camino hacia el redactado final no ha sido fácil. Con un historial dudoso a la hora de cumplir las reformas exigidas por Bruselas, parece que la Comisión Europea (CE) no se termina de fiar de Roma ni siquiera cuando Draghi está al frente. El Consejo de Ministros que debía aprobarlo se retrasó hasta el sábado por la noche porque no había llegado el vía libre de la UE. Las preo­cupaciones de Bruselas estaban concentradas en la falta de detalles sobre las reformas estructurales necesarias o en el control de las inversiones. Fue allí cuando el primer ministro perdió la paciencia y levantó el teléfono para plantarse ante la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. “Pienso que no debemos dar más explicaciones. ¡Basta! Se debe respetar a Italia”, le dijo, según el Corriere della Sera, recoge La Vanguardia.