• El presidente de Iberdrola se ha convertido en el foco de resistencia del sector nuclear.
  • Y también en uno de los objetivos de la Anticorrupción, que ha resucitado un caso archivado en 2013 para entrar en sus sedes.
  • La presunta manipulación de precios eléctricos fue archivada en el País Vasco y se saldó con una multa de la CNMC.
  • Ahora salpica a la eléctrica la trama urdida en la Junta de Castilla y León para adjudicar parques eólicos.
  • El juez ya ha llamado a declarar a Tomás Villanueva, ex vicepresidente y hombre fuerte en tres consejerías.
A Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola (en la imagen), le cuelgan don sambenitos, que se han cruzado entre sus quejas sobre la fiscalidad de la energía nuclear, y que han partido en los dos casos de la Fiscalía Anticorrupción. Por un lado, la denuncia que provocó la entrada de agentes de la UCO (Guardia Civil), en mayo, en las sedes de la eléctrica en Bilbao y Madrid, a raíz de una presunta manipulación de precios en 2013. Y por otro, la querella, presentada en abril, por la presunta trama en la instalación de parques eólicos en Castilla y León, de plena actualidad. Ese caso depende del Juzgado número 4 de Valladolid, que ya ha citado a declarar a Tomás Villanueva, ex vicepresidente de la Junta y hombre fuerte en los gobiernos de Herrera durante 16 años en tres consejerías, también la de Economía. Villanueva comparecerá ante el juzgado el 18 de octubre, como consecuencia de lo declarado a su vez por Rafael Delgado, también ex consejero, que ha colgado en Villanueva la responsabilidad de repartir el negocio eólico entre las eléctricas y empresas de la región. La trama, según Anticorrupción, derivó en el cobro de 80 millones las comisiones por la construcción de parques eólicos -autorizados entre 2005 y 2015-, con 21 personas implicadas, entre ellos cuatro directivos de Iberdrola, empresa muy activa en esa comunidad. Hay que tener en cuenta las condiciones excelentes de la región para promover la energía eólica, viento, terrenos y amplias zonas despobladas. De hecho una cuarta parte de la generación eólica española proviene de ahí. Son dos cuestiones, en fin, incómodas, con las que tiene que lidiar la eléctrica vasca para evitar que se lesione su reputación corporativa, cuando su presidente se ha convertido, al mismo tiempo, en el principal foco de resistencia de la energía nuclear ante el ministro Álvaro Nadal. Primero con Garoña, después con el alargamiento de la vida útil de las centrales -poniendo a prueba su viabilidad- y con el fondo de la fiscalidad, que uno pide y el otro rechaza. Cada uno en su papel, pero con un sustrato político dentro del momento procesal que vive el sector energético, cooperador necesario para el modelo de transición energética que tiene en sus manos el ministro Álvaro Nadal. Y entran en el mismo saco así tanto la investigación judicial de la trama eólica de Castilla y León, con todos sus ángulos, como el afán de la Fiscalía Anticorrupción para revivir a un muerto, como quien dice, con un caso que se remonta a 2013 -el de la presunta manipulación de precios en el mercado mayorista- que se saldó con una multa de la CNMC, en 2015, de 25 millones y que ya fue archivado por la Fiscalía del País Vasco. Anticorrupción ha abierto de nuevo el melón -bajo la acusación de algo "muy grave", elevar artificialmente el precio de la luz, entre noviembre y diciembre de 2013-, y con esa excusa llevó a los agentes de la UCO a la sedes de Iberdrola. El objetivo, saber ahora si la eléctrica se lucró entonces. Ni la CNMC fue tan lejos: no habló de "manipulación", sino que advirtió sobre a las "situaciones atípicas" que provocaron la subida de la tarifa eléctrica. Y a ese caso se une el otro, el de la trama eólica de Castilla y León, que tiene otro frente, además la acusación de Anticorrupción. Me refiero a la comisión de investigación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León. Esta semana ha retomado la actividad después de un año sin reunirse. Y esa reunión siguió a una comparecencia parlamentaria del presidente Juan Vicente Herrera, el 31 de mayo, en la que pidió "perdón por anticipado" si la causa judicial en el juzgado de Valladolid confirma conductas delictivas de altos cargos de la Junta. También por esa vía se investiga a altos cargos entonces de la Consejería de Economía (Rafael Delgado o Alberto Esgeva) y también directivos de las empresas que construyeron los parques. Rafael Esparza