El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada, con la única oposición de PP y sus socios d Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, la toma en consideración de la proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Una decisión que, en la práctica, supone un primer paso para regular estas prácticas.

En total, la propuesta ha recibido 175 votos a favor, 136 en contra (procedentes de las filas del PP y de Unión del Pueblo Navarro), y 32 abstenciones (de los diputados de Ciudadanos). Había siete diputados ausentes en la votación.

En ese contexto, la Federación One Of Us muestra su total rechazo a la opción de hablar siquiera sobre una posible ley que regule esta materia, ya que esta práctica atenta directamente contra la vida de cualquier persona, la cual tiene derecho a recibir los cuidados paliativos necesarios para el alivio de su sufrimiento, pero, en ningún caso, a que se elimine su vida.

La Federación One Of Us considera que la línea de trabajo a seguir por nuestros gobernantes debería ser la del completo desarrollo de los cuidados paliativos y de los programas para el paciente crónico que garantizan una vida diga a la persona.

La experiencia nos demuestra que la introducción de una ley para la eutanasia es siempre la mejor manera de destruir personas que sufren discapacidad

Jaime Mayor Oreja (en la imagen), presidente de la Federación One Of Us ha señalado en este sentido que: “La introducción de la ley de eutanasia nos aleja de lo más importante, que es dar respuesta real a muchas personas que sufren por que no hay cuidados paliativos suficientes. La experiencia nos demuestra que la introducción de una ley para la eutanasia es siempre la mejor manera de destruir personas que sufren discapacidad, alterando sustancialmente la supuesta razón humanitaria de la ley”.

Por su parte Jacinto Bátiz, director del Instituto de Sensibilización, Formación, Investigación e Innovación para cuidar mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce (Vizcaya), ha dicho: “Legislar sobre la eutanasia antes de haber legislado sobre una atención adecuada al final de la vida con cuidados paliativos para eliminar el sufrimiento del enfermo creo que puede llegar a ser una irresponsabilidad política”.

Asimismo, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia D. Vicente Bellver destaca la inconsistencia del proyecto en su misma esencia: “Si el proyecto lo que pretende primar es la autonomía, ¿por qué la restricción de la aplicación de la eutanasia a determinadas situaciones clínicas?”  

Del mismo modo es patente la contradicción del proyecto si entendemos que el objetivo de la eutanasia es no prolongar el sufrimiento: “Si esto es así, ¿por qué habría que excluir de la eutanasia a personas que no estén capacitadas para dar su consentimiento?”, dice Bellver.

De hecho, la experiencia de Holanda y Bélgica es que enseguida son ‘eutanasiados’ enfermos en coma, niños pequeños, personas en estado vegetativo, discapacitados psíquicos... ninguno de los cuales da su consentimiento. A veces, ni siquiera son los parientes los que dan el consentimiento: podría bastar con que lo diga un juez o un médico cualquiera, añade Religión en Libertad.