El Gobierno no tiene una fórmula mágica para que baje el precio de la luz, pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, necesitaba lanzar un mensaje de calma -una “señal para aliviar la factura”, con sus palabras- y qué mejor que acabar con un impuesto anterior, el del 7% a la generación eléctrica, que suspenderá.

Es una de las cuatro medidas anunciadas durante su comparecencia, muy esperada, en la comisión de Energía del Congreso. El efecto sobre la rebaja del precio será inmediato, ha dicho, porque el impuesto, que se cobra a las eléctricas, repercute directamente en el usuario. No obstante, hay que decir todo: afecta a solo a un tercio del recibo de la luz, donde está la energía consumida. El resto son peajes, retribuciones a las renovables, pagos por infraestructuras...

Además, ha anunciado que el Gobierno mejorará la cobertura inmediata a los consumidores más vulnerables, con mejoras en el bono social eléctrico -más descuentos y complementado con uno nuevo, de calefacción-, medidas de choque para promocionar el uso de las energías renovables, con el objetivo de descarbonizar la economía, y una reforma estructural del mercado.

La suspensión del impuesto aliviará a consumidores y eléctricas, aunque el efecto perverso puede estar en el déficit de tarifa

La suspensión del 7% a la generación eléctrica, aprobado por el Gobierno Rajoy en 2012 y puesto en marcha en enero de 2013, aliviará a los consumidores, y también a las eléctricas, aunque el efecto perverso, por contra, puede estar en el déficit de tarifa, que también subirá. Pan para hoy, hambre para mañana. Precisamente, la razón del impuesto fue compensar ese déficit, que alcanzó 30.000 millones de euros, una burrada. La situación actual, después de la corrección, ha mejorado -hasta el PP se apunta a bajar el impuesto del 7% de generación-, pero no está solucionada y el consumidor sigue pagando el desbarajuste.   

Ribera ha lanzado su as en la marga, pero no ha podido ser mucho más concreta en lo demás, que dependerá del desarrollo legislativo, que exige no solo nuevas medidas del Gobierno, sino de acuerdo político.

Eso sí, Ribera ha sido muy crítica con la etapa anterior –la herencia recibida- porque el sistema eléctrico está sobredimensionado en los costes fijos como en los mecanismos para fijar el precio.