El gobierno de Joe Biden  -el presidente de EEUU que se autodeclara católico-  ha pedido que se mantenga en vigor un mandato del presidente Obama que obliga a los médicos y hospitales a realizar cirugías de transición de género, independientemente de cuál sea su criterio médico y de cuáles sean sus creencias éticas y religiosas, recoge Infocatólica.

El martes, el grupo legal Becket -que representa a médicos y hospitales católicos en contra el «mandato transgénero»- informó de que la administración Biden había presentado una apelación para mantener el mandato de Obama en vigor.

«#BREAKING: La Administración Biden acaba de presentar una apelación que busca obligar a los médicos y hospitales religiosos a realizar procedimientos de transición de género potencialmente dañinos en contra de su conciencia y juicio médico profesional», declaró Luke Goodrich, vicepresidente y consejero principal de Becket, en Twitter el martes. El gobierno de Biden dice que puede castigar a los médicos y hospitales por «discriminación sexual a menos que realicen controvertidos procedimientos de transición de género», añadió Goodrich el martes.

En 2016, el gobierno de Obama emitió por primera vez el mandato transgénero

En 2016, el gobierno de Obama emitió por primera vez el mandato, interpretando una disposición de no discriminación en la Ley de Asistencia Asequible (ACA) para exigir a los médicos y hospitales que proporcionen cirugías de transición de género con la referencia de un profesional de la salud mental. La sección 1557 de la ACA prohíbe la discriminación en la atención sanitaria por razón de sexo; la administración Obama interpretó que prohibía la discriminación por orientación sexual, identidad de género y embarazo -prohibiendo así la denegación de abortos y procedimientos de transición de género en la atención sanitaria-.

El mandato de Obama no incluía exenciones por motivos de religión y conciencia, por lo que se aplicaba incluso a los médicos y hospitales que se opusieran por motivos de conciencia, o incluso por motivos médicos, a realizar cirugías de transición de género.

Dado que casi todos los médicos reciben fondos de Medicare y Medicaid, el mandato de Obama, tal y como está vinculado a la financiación federal, se aplicaría de forma casi universal.

Dado que casi todos los médicos reciben fondos de Medicare y Medicaid, el mandato de Obama, tal y como está vinculado a la financiación federal, se aplicaría de forma casi universal

Más de 19.000 profesionales de la salud, nueve estados y varias organizaciones religiosas presentaron dos demandas contra el mandato de Obama; en diciembre de 2016, dos tribunales federales impusieron una medida cautelar al mandato de Obama. Otros dos jueces de tribunales federales de distrito fallaron contra el mandato de Obama en 2019 y 2020.

En un caso en curso contra el mandato, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. devolvió el caso a un tribunal inferior, ordenando que el tribunal de distrito decidiera si el mandato podía ser detenido permanentemente.

El martes, el gobierno de Biden apeló ese fallo, pidiendo que el mandato de Obama se mantenga.

El martes, el gobierno de Biden apeló ese fallo, pidiendo que el mandato de Obama se mantenga

«Esto es malo para los pacientes, los médicos y la libertad religiosa», advirtió Goodrich.  El abogado añadió que «esperamos otra sentencia que proteja a los pacientes, se alinee con la investigación médica actual y garantice que los médicos no se vean obligados a violar sus creencias religiosas y su criterio médico profesional»

«Los demandantes son médicos, hospitales y clínicas religiosas que atienden con alegría a TODOS los pacientes, independientemente de su sexo o identidad de género», dijo Goodrich. «También proporcionan millones de dólares en atención gratuita y de bajo costo a los ancianos, los pobres y los desatendidos, atención que está en peligro por el intento del gobierno de castigarlos con sanciones multimillonarias».

La administración de Trump estableció protecciones de conciencia para los médicos que se oponían al mandato en 2020, pero un tribunal federal impuso una orden judicial sobre esa norma.