Ocurrió durante la tramitación de la causa de Púnica (Francisco Granados y compañía), simplemente porque tenía que ocurrir en algún caso de los muchos, demasiados, que lleva el magistrado Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional.

La abogada del PSOE en el caso Púnica (ya saben, los chanchulletes del empresario Marjaliza y del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, aseguró que Castellón no podía ser seguir adelante con el caso por sus relaciones con El Corte Inglés, como director del curso en línea de jurisprudencia del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces (CEURA), sito en la madrileña calle de Palos de la Frontera.

Manuel García-Castellón dirige el curso Online del Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces (CEURA) con permiso del CGPJ… pero lo mismo da

Recuerden que en Púnica se discute, entre otras cosas, sobre unos terrenos en el sur de Madrid de cuya recalificación para El Corte Inglés se podrían haber beneficiado los propios grandes almacenes, David Marjaliza y Francisco Granados. El motivo es lo de menos, pero, según el PSOE, el magistrado Castellón debería inhibirse… bajo amenaza de ser recusado por el partido. Este es el problema y esta es la intención, ligeramente pérfida, del Gobierno Sánchez.

Una cuestión tangencial, muy tangencial, pero en los procesos judiciales, convertidos hoy en patio de leguleyos, todo es tangencial, todo está cogido por lo pelos. Además, el magistrado tenía el permiso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero es lo mismo. Es igual se aceptó el recurso.

Mientras tanto, el magistrado se mete de lleno en el avispero Corinna. Eso, ni a Sánchez ni a Iglesias les viene mal

Ahora bien, ¿por qué el PSOE paraliza un caso como Púnica, que en su instrucción no ha hecho sino perjudicar al PP? Pues sencillo, porque el juez a batir ahora es García-Castellón, ante el peligro de que empitone a Pablo Iglesias por el montaje del caso Dina, que tiene en vilo a su vicepresidente y aliado, el comunista Pablo Iglesias. Técnica del buen defensa: o pasa la pelota o pasa el delantero pero ambos a la vez no puede ser. En ese caso, que García Castellón se atenga a las consecuencias sin sigue con el caso Dina y con lo que pretende: pasar el susodicho caso Dina-Villarejo al Tribunal Supremo, que es tanto como decir que Castellón ha percibido indicios de delito en un aforado, un tal Pablo Iglesias y que, por tanto, debe elevar su caso al Supremo. Dina podría suponer el fin de la carrera política de Iglesias y Pedro Sánchez ataca a Castellón para evitarlo.

Un Castellón que acumula demasiados casos y que, encima, en este momento, se ha metido en el avispero Corinna Larsen, su Alteza Serenísima, coincidente con la campaña sociopodemita para fulminar a Juan Carlos I… a Felipe VI… a la Monarquía. Menudo berenjenal en el que se ha metido al imputar a Corinna Larsen, mujer experta en fagocitar a sus entrañabes amistades.

En definitiva, todo un ataque contra la independencia judicial el Gobierno frentepopulista de Pedro Sánchez tiene vocación totalitaria: necesita controlar las cámaras, el poder judicial, la educación, los medios informativos, a la Iglesia, las redes sociales y lo políticamente correcto (Esto último lo más importante).

En ese esquema, García-Castellón sobra.