- ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación de esas personas? Nada, porque lo único que queremos es que se marchen ustedes de ahí, responde AI.
- Ferrovial presta "servicios de guarnición y atención social", junto con otras 14 empresas que desarrollan distintas actividades.
- En cualquier caso, la compañía insiste: en octubre finaliza el contrato y no se renovará.
Amnistía Internacional (AI) ha difundido
un nuevo vídeo en el que reclama a Ferrovial que deje de prestar servicios en los campos de refugiados de Nauru (
en la imagen) y de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Como recordarán,
Ferrovial se hizo con estos contratos al adquirir la australiana Broadspectrum, hace ahora un año.
Precisamente, la propia empresa señaló entonces que
no renovaría el contrato, que finaliza este octubre próximo. Entre otras razones porque se trata de un negocio en el que Ferrovial no quiere entrar. Lo de
Nauru y Manus es temporal y sobrevenido.
En este contexto, las reuniones entre Ferrovial y AI han sido frecuentes y hasta cierto punto, constructivas. Una peculiaridad que se ha repetido al final de cada encuentro: ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación de esas personas?
Pregunta la empresa, a lo que AI siempre responde lo mismo: nada, porque lo único que queremos es que se marchen ustedes de ahí.
Esto es muy bonito porque muestra que
para AI los habitantes de los campos de Nauru y Manus no son lo más importante.
Por su parte, Ferrovial señala que su labor se limita al cuidado de las
condiciones de vida y seguridad, en aspectos como alimentación, alojamiento, educación, mantenimiento, limpieza, etc. Un trabajo similiar, según la empresa, al que desempeñó en el pasado la
ONG Save the Children.
Si Ferrovial decidiera, como pide AI, marcharse de ahí inmediatamente, ¿quién prestaría los servicios de guarnición y atención social?
Porque esa es otra. Ninguna de las 14 empresas que prestan diferentes servicios en Nauru y Manus son responsables de la política sobre refugiados que
lleva a cabo el Gobierno australiano que es, al fin y al cabo, el que decide quién entra y sale de los campos y en qué calidad lo hace.
Sea como fuere, el negocio de estos centros de inmigración no han dado más que quebraderos de cabeza a la empresa española. El propio presidente,
Rafael del Pino, tuvo que defender su postura
ante los accionistas minoritarios, el pasado mes de abril. Dos argumentos: los centros son legales y los únicos responsables del estatus de esas personas son los gobiernos.
Pablo Ferrer
pablo@hispanidad.com
