Recientemente, la Diputación de Vizcaya (PNV-Bildu-PSOE) declaraba la situación de "excepcionalidad" por la avalancha migratoria: los 16 centros forales albergan a 602 menas, al 150% de su capacidad. Hace tan sólo un mes, la Fiscalía reconocía que el 64% de detenidos por delitos sexuales en esta provincia son inmigrantes.

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También en el País Vasco, en concreto en la localidad de Muskiz, su alcalde, el socialista Eduardo Briones se ha dirigido al juez decano de Baracaldo mediante una carta oficial. En la misiva, también firmada por el jefe de la Policía Local, Briones expresa su preocupación por la creciente inseguridad en el municipio, atribuida a un grupo reducido de menas de origen marroquí, la mayoría vinculados al centro de menores de Sopuerta.

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Entre los incidentes registrados destacan hurtos en establecimientos comerciales y locales hosteleros, intentos de ocupación de inmuebles y molestias a los vecinos en espacios públicos. Según datos oficiales, se han registrado seis robos en apenas dos semanas, un incremento significativo si se compara con la media habitual de uno cada dos o tres meses. En los informes policiales, los mismos nombres de tres jóvenes aparecen repetidamente.

Dadas las circunstancias el edil advierte de un pequeño «conato de rebelión popular», ya que los vecinos se están organizando en patrullas vecinales. 

Ante este panorama, el alcalde Briones ha solicitado una mayor implicación de las autoridades judiciales para atajar esta problemática y restablecer la tranquilidad en la localidad. En su carta, recalca la necesidad de una colaboración efectiva entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para evitar que la situación se agrave.

En Hispanidad hemos insistido en el método de integración Marlaska, que es inadmisible y tiene mucha cara: dejo entrar a todos y luego les abandono en las calles. Eso sólo sirve para disparar la delincuencia... como es lógico.