- La eficiente labor del bufete DLA Piper hace muy difícil que la ingeniería recupere las indemnizaciones millonarias.
- O lo que es lo mismo: los 11,5 millones que cobró Benjumea y los 4,5 millones pagados a Sánchez Ortega.
- El recorrido judicial será distinto en la acusación de uso de información privilegiada por el ex consejero delegado.
El juicio en la
Audiencia Nacional contra
Felipe Benjumea y
Manuel Sánchez Ortega (
en la imagen), ex presidente y ex consejero delegado de Abengoa, ya ha comenzado. Pesa sobre ellos la acusación de
administración desleal, por las millonarias
indemnizaciones que cobraron por salida de la empresa (11,5 y 4,5 millones, respectivamente), pero en ese punto los dos se irán, presumiblemente, de rositas.
Pero lo que pase en los tribunales no tiene nada que ver con el juicio social a Benjumea, que suscita no poco rechazo en su ciudad natal y la otra derivada: los
desencuentros en la propia familia Benjumea (bastante amplia) por la forma de actuar de Felipe. Todos se encomendaron a él, a su forma de gobernar, firmando órdenes y
acuses de recibo, pero se encontraron de repente con la desagradable sorpresa de que ya no era dueño de una gran empresa y, encima, sobre la que colgaba una deuda de muchos ceros.
La razón no es otra que el informe del bufete
DLA Piper, que ampara todos los pasos dados en los dos casos. Es cierto que la suma de las indemnizaciones parece un despropósito, teniendo en cuenta que Abengoa estaba
al borde de la quiebra en aquel momento, pero todo lo que se decidió
se ajustó a al criterio del experto (con todos los cabos atados).
DLA Piper era entonces
bufete de cabecera de los Benjumea y el informe realizado se
blindó contra todos los argumentos que se podrían lanzar después. Cada indicio de delito tiene una respuesta en contra del presunto delito. Y eso supone, en paralelo, que la ingeniería andaluza que hoy preside
Gonzalo Urquijo no recuperará el dinero de las indemnizaciones.
No sólo se sientan en el banquillo Benjumea y Sánchez Ortega. El auto judicial implica también al resto de los que tuvieron que ver con la decisión, tres ex consejeros y miembros de la
Comisión de Retribuciones de Abengoa (
Mercedes Gracia,
Alicia Velarde y Antonio Fornielles), como ya les informamos al explicar el
difícil horizonte penal de Felipe Benjumea, según las
querellas presentadas, a las que siguió después la propuesta de la juez
Carmen Lamela (el procesamiento por los
finiquitos de una empresa en crisis).
Otra cosa es el recorrido judicial por otras ocusaciones, como por el uso de
información privilegiada por parte de Sánchez Ortega. Esa es una causa diferente y deberá pasar otra criba en las investigaciones y juicio.
Rafael Esparza
