Mientras Nadia Calviño dice “no”, el jefe, Pedro Sánchez, dice “sí”. La más que previsible vicepresidenta económica, si es que Sánchez es de nuevo el encargado de formar Gobierno, intenta tranquilizar al votante a dos semanas del 10N, tras el avance que le otorgan al PP las últimas encuestas, aunque el partido de Pablo Casado todavía no le pise los talones, lo que provoca cierta desazón en las filas socialistas.

En una entrevista que publica El País y a la pregunta de sí van subir el IRPF a las rentas altas... ¿no deberían poner las cartas sobre la mesa en la campaña electoral?, Calviño responde “Me remito a las explicaciones de la ministra de Hacienda. Habrá que ver cuáles son los instrumentos más adecuados para lograr un sistema sólido y justo, pero nuestro Gobierno no tiene como objetivo subir los impuestos. Y de ninguna manera subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras”. Respuesta de cajón, porque, la verdad, es que yo no recuerdo que ningún partido político llevara en su programa electoral como propuesta estrella una subida importante, muy importante en este caso, de impuestos…pues menuda espantada se iba a producir

Declaraciones de la ministra de Economía justo un día después del artículo que firma Pedro Sánchez en Expansión bajo el titular “La competencia fiscal a la baja deriva en un recorte de los servicios públicos” y que dice en uno de sus párrafos…”En cierto modo, el mundo tal y como lo hemos conocido hasta la crisis financiera internacional de 2008 es la herencia de un paradigma en declive: el del debilitamiento del Estado; la competencia fiscal a la baja entre gobiernos, que, en última instancia, deriva en recortes de los servicios públicos que caracterizan el modelo social europeo; las rebajas generalizadas de impuestos; y el sesgo hacia políticas económicas y financieras que aumentan la desigualdad y lastran la cohesión social, poniendo en riesgo la confianza en las instituciones democráticas, verdadero pilar de las democracias avanzadas”.

Montero, con este órdago, busca el beneplácito de los ejecutivos autonómicos que, como el catalán o el valenciano, dicen estar sufriendo 'fugas' por la competencia fiscal de la comunidad de Madrid

Se ha olvidado en este artículo el presidente del Gobierno en funciones de lo que dijo Rodríguez Zapatero: “Bajar los impuestos es de izquierdas", porque Sánchez sabe que no les va a quedar más remedio que aplicar el plan fiscal que recogía en los Presupuestos que la oposición tumbó y que contemplaban una subida de la presión fiscal de 1,6 puntos de PIB en cuatro años, hasta llegar al 37,3% del PIB en el 2022, desde el 35,7% del 2019. Traducido en cifras, y según los expertos, esto implica una mayor presión fiscal de unos 20.000 millones en tres años que el Gobierno espera conseguir, a partir del año próximo con la puesta en marcha de las tres medidas: el paquete tributario incluido en los malogrados PGE para el 2019, las medidas anunciadas de lucha contra el fraude fiscal y la creación de 'tasa Google' y del impuesto sobre transacciones financieras. 

El Ejecutivo estima que estas medidas podrán aportar una recaudación adicional de 5.654 millones en el 2020 y que su eficacia contribuirá a elevar el peso de los ingresos por impuestos y cotizaciones hasta ese 37,3% del PIB.

Y de esto habla, precisamente, el Índice de Competitividad Fiscal España, que ha publicado el Instituto de Estudios Económicos, y que sitúa a España en un mediocre puesto 23 en el ICF, con una nota de 60,3 puntos sobre 100 que nos sitúa lejos de las posiciones de partida. Esta posición podría verse revisada a la baja en 2020 si se introducen las medidas fiscales propuestas por el gobierno socialista en funciones.

De acuerdo con el informe, las debilidades del sistema fiscal español no están tanto en el IVA o el IRPF como en el Impuesto de Sociedades y los impuestos sobre la propiedad. "El tributo sobre los beneficios empresariales ha sufrido más de doscientos cambios durante la última década y su tipo general, del 25%, está por encima del promedio mundial, europeo y de la OCDE". En cuanto a los gravámenes aplicados sobre la propiedad, España mantiene el Impuesto de Patrimonio y sigue sin eliminar completamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al contrario de lo observado en otros países de nuestro entorno.

Sánchez sabe que no les queda más remedio que aplicar el plan fiscal que recogía en los Presupuestos que la oposición tumbó y que contemplaban una subida de la presión fiscal de 1,6 puntos de PIB en cuatro años

“Durante el último año se han producido cambios importantes en otros países. Reino Unido sigue escalando puestos y ya está en el número 25, gracias a una ampliación de las deducciones del Impuesto de Sociedades”, asegura el informe.

En este sentido, y si Calviño intenta tranquilizar a los votantes, Montero no lo hace en absoluto. La titular de Hacienda defiende una armonización al alza de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio y de paso acabar con la política que aplica la Comunidad de Madrid, es decir, poner fin al ‘paraíso fiscal’ madrileño como ella misma lo define y también algún que otro presidente autonómico. Montero quiere hacerlo para, dice, que los grandes patrimonios paguen lo que deben en todos los territorios. “No se trata de obligar”, matiza, ni de acabar con la autonomía de las comunidades”. Pero defiende una armonización que obligaría a Madrid a derogar su bonificación del 100% en Patrimonio y a subir Sucesiones y Donaciones, exento ahora al 99%,

Montero, como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, encabezaba los ataques de los territorios gobernados por el PSOE hacia Madrid por un presunto dumping fiscal, que iba en contra del denominado efecto capital, es decir, del peso que le correspondería incrementar por la recaudación por ambos tributos a esta comunidad.

A dos semanas de las elecciones, el avance que le otorgan al PP las últimas encuestas, aunque el partido de Pablo Casado todavía no le pise los talones, provoca cierta desazón en las filas socialistas

Sin embargo no debemos olvidar que estos impuestos los soportan las personas físicas, cualquiera de nosotros. Bien lo saben en comunidades como la andaluza. Es más, aseguran las malas lenguas que, María Jesús Montero, tiene en la diana a las plataformas que luchan contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que por eso quiere recuperarlo en toda España y a toda costa.

Es más, y dicen esas mismas malas lenguas, que el PSOE andaluz, culpa en parte a la plataforma andaluza "Stop Impuesto Sucesiones" de su caída en las últimas elecciones y de la pérdida del gobierno de Susana Díaz, del que Montero formaba  parte hasta que Pedro Sánchez la incorporó a su Gabinete.

Lo cierto, y para terminar, es que no es nueva la propuesta de la ministra en funciones. Su antecesor Cristóbal Montoro, intentó también poner puertas a la competencia fiscal de la región madrileña. Ahora Montero, con este órdago, busca el beneplácito de los ejecutivos autonómicos que, como el catalán o el valenciano, dicen estar sufriendo fugas por la competencia fiscal de la comunidad presidida, ahora, por Isabel Díaz Ayuso.