-Europa investigará a todas las macas tras el caso Volkswagen. -Iberdrola gana un contrato en México por 1.300 millones. -Goldman busca comprador para Cortefiel. -Arabia Saudí mete la tijera a las constructoras españolas. -Santander, Sareb y Popular paralizan grandes operaciones inmobiliarias por la incertidumbre política. -Economía ya tiene las propuestas de la banca sobre la comisión en cajeros. -Fomento licitará 970 millones en carreteras hasta final de legislatura. -La UE rechaza el cierre de los expedientes a las renovables. -La Agencia Tributaria también puede embargar bienes a los niños. -Montoro afirma que la amenaza de Mas de no pagar la deuda se volvería contra los intereses de Cataluña. -Los inversores exigen cláusulas antisecesión. -Los ahorradores de Cataluña, inquietos por la seguridad de su dinero. -La reforma del Constitucional permitiría destituir al presidente. -Romeva sondea a Podemos para lograr la presidencia. -Los jefes de ETA querían forzar una negociación en diciembre. Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer el reparto de 120.000 refugiados llegados a territorio comunitario, pese al voto en contra de Eslovaquia, República Checa, Hungría y Rumanía. Quedó aplazado, no obstante, la distribución de 54.000 de esas personas a un segundo año de aplicación de la medida. Finlandia se abstuvo en la votación, que fue por mayoría cualificada, y tampoco votaron el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que gozan de derechos de no participación de la UE. En lo económico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte en su último informe sobre España que "el régimen tributario español puede estar fomentando la economía sumergida", en concreto las altas cotizaciones a la Seguridad Social y los elevados impuestos sobre la renta. Según la organización, el régimen fiscal y la rígida legislación laboral no ayudan a combatir la economía sumergida, que en 2007 representaba el 19% del PIB, y reconoce que una bajada de las cotizaciones podría alentar a empleadores y empleados irregulares a poner en orden su situación. Y toda la prensa recoge que Volkswagen admitió ayer que manipuló los sistemas de medición de gases contaminantes en 11 millones de vehículos diésel vendidos en todo el mundo. En dos días la empresa se ha desplomado un 35% en bolsa y ha perdido cerca de 25.000 millones, contagiando al sector y provocando fuertes pérdidas a nivel mundial. La compañía se enfrenta a una multa que podría superar los 18.000 millones de euros y ayer provisionó 6.500 millones de euros para hacer frente al escándalo, aunque no descarta aumentarla a corto plazo. En cuanto a las exclusivas del día, la dirección del grupo Volkswagen ha confirmado al Gobierno español que el escándalo no va a repercutir en sus inversiones en España pese a las pérdidas en Bolsa y la previsible fuerte sanción que recibirá de Estados Unidos. Según aseguran fuentes gubernamentales a EL MUNDO, el grupo trasladó desde Alemania al ministro de Industria, José Manuel Soria, que lo sucedido «no va a afectar en modo alguno a las inversiones anunciadas en España». Según estas fuentes, Volkswagen ha ratificado que invertirá 4.200 millones de euros hasta 2019 en las dos fábricas que posee en España, tanto de la Seat en Martorell (Barcelona) como la de Landaben (Navarra). Europa investigará a todas las macas tras el caso Volkswagen. Fuentes comunitarias consultadas por elEconomista explican, no obstante, que Bruselas no tiene competencias en esta materia y que deberá ser, por lo tanto, cada Estado miembro de la Unión Europea el que abra una investigación al respecto. Su objetivo, en cualquier caso, es coordinar e impulsar el proceso y para ello se convocará a primeros de octubre a una reunión con los responsables en la materia de cada país. Iberdrola gana un contrato en México por 1.300 millones, afirma El Economista. Los fondos CVC, PAI Partners y Permira han contratado a Goldman Sachs para vender Cortefiel, grupo que controlan de forma equitativa desde 2005. CVC, PAI y Permira, que pagaron unos 1.440 millones por hacerse con la compañía, valoran ahora el grupo en 1.300 millones. La cadena, propietaria de Cortefiel, Springfield y Women'Secret, facturó 1.011 millones en 2014, un 4,9% más, apunta Expansión. El Gobierno saudí ha decidido aplicar un severo recorte al presupuesto de gastos ante la brusca caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos de la monarquía árabe. "Hemos mantenido reuniones, pero aún no han concretado cómo quieren aplicar los recortes", aseguran desde el consorcio que lidera FCC en las obras del Metro de Riad, el mayor proyecto de infraestructuras de Arabia Saudí por presupuesto, con más de 22.000 millones de dólares. Las autoridades locales ya han anunciado que alguno de los proyectos de infraestructuras que se encuentran en marcha podrían sufrir recortes, lo que afecta de lleno a los tres grandes contratos del país en los que participan las empresas españolas: el AVE entre Medina y La Meca, el Metro de Riad y el de La Meca, destaca Expansión. La incertidumbre electoral comienza a plasmarse en el mercado de desinversiones bancarias. Al menos tres entidades, Santander, Popular y Sareb, han paralizado grandes operaciones en las últimas semanas, valoradas en conjunto en más de 1.500 millones, según fuentes financieras consultadas por EXPANSIÓN. Desde las entidades y las firmas que les asesoran apuntan que se trata de un simple cambio de estrategia puntual y que no hay ningún cambio de percepción entre los inversores internaciones. Aun así, desde algunos de estos fondos reconocen que el panorama político está provocando una desaceleración en las operaciones previstas para el último trimestre del año. Economía ya tiene las propuestas de la banca sobre la comisión en cajeros, según Cinco Días. Fomento licitará 970 millones en carreteras hasta final de legislatura, adelanta Cinco Días. La UE rechaza el cierre de los expedientes a las renovables, asegura El Economista. La Agencia Tributaria puede declarar responsable solidario a un menor de edad para exigir el pago de una deuda fiscal de sus progenitores. Así lo establece una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ante el caso de un padre que donó una finca a su hijo de ocho años para sortear el embargo de Hacienda. La Administración argumenta que se trata de evitar que vaciamientos patrimoniales con menores queden impunes, informa Cinco Días. Los inversores empiezan a blindarse ante el desafío secesionista de Cataluña. Empresas y fondos exigen que se introduzcan cláusulas de cancelación anticipada de los contratos por riesgo político. Reclaman también que se incluyan cláusulas que les blinden ante una posible salida de la Unión Europea y que se establezca con detalle que los pagos se realizarán en euros, afirma Expansión. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señala que las declaraciones de Artur Mas sobre la posibilidad de que Cataluña no pague la deuda "no hacen más que volverse contra los intereses" de esta comunidad. "No le perjudica financieramente al Estado, que tiene su acceso garantizado a los mercados", subraya el ministro. En su opinión "declaraciones de este tipo son un incumplimiento de la legalidad vigente que no le conviene a los catalanes", que "estarían viviendo en un país financieramente inviable y políticamente inestable". El ministro destaca que Cataluña se está financiando en la actualidad en buenas condiciones "porque forma parte de España", y enfatiza: "Cataluña tiene actualmente calificación de bono basura; si anuncia que no va a pagar la deuda ¿quién le va a financiar?, ¿a qué precio?", en El Mundo. Los ahorradores de Cataluña, inquietos por la seguridad de su dinero, dice El Economista. Clientes de los bancos están acudiendo a sus oficinas para preguntar por el futuro de sus ahorros en el caso de que las fuerzas soberanistas declaren la independencia. El Tribunal Constitucional podría suspender hipotéticamente de sus funciones al presidente del Gobierno y a cualquier otro cargo público por un tiempo indeterminado, sin opción a recurso y sin preguntar al Parlamento, según la reforma de la ley orgánica que prevé aprobar el PP la próxima semana. El texto está dirigido a frenar cualquier intento secesionista del presidente de la Generalitat, pero la oposición y expertos juristas advierten de que se otorgan al tribunal atribuciones que van mucho más allá. Además, denuncian problemas jurídicos, como que no especifique la duración de la sanción. Hoy se cierra el plazo de enmiendas y el PP no permitirá que se introduzcan cambios en su texto, rechazado por los demás grupos, informa El País. A escasos días del 27-S, flota en el ambiente y cobra cada vez mayor fuerza un gran pacto de toda la izquierda que dejaría a Artur Mas fuera de combate. Según miembros de la candidatura independentista, el muñidor de la operación es su cabeza de lista, Raül Romeva. En los últimos días, el dirigente comunista ha lanzado varios guiños a los candidatos de Cataluña sí se Puede, marca catalana de Podemos, y la CUP, para garantizar sus apoyos a la presidencia rotatoria entre él mismo y Oriol Junqueras. Pero el resultado no ha sido satisfactorio ante una rotunda exigencia de la formación podemita: la presidencia para su número uno, Lluis Rabell, y la salida de Mas de cualquier futuro gobierno, según La Razón. Los jefes de ETA querían forzar una negociación en diciembre. En la sesión que celebraban los tres en «Agorerreka Etxea» se diseñaba, según las citadas fuentes, una estrategia para relanzar en los próximos meses una campaña a nivel internacional con el fin de buscar apoyos de países e instituciones. Se trata de que presionen al Gobierno que salga de las elecciones generales de diciembre (salvo que el Partido Popular obtuviera de nuevo mayoría absoluta) con el fin de que negocie con ETA la salida de los presos de la cárcel y la expulsión de las Fuerzas de Seguridad y los Ejércitos del País Vasco y Navarra. Asimismo, estudiaban planes para todo el «complejo ETA», en especial de cara a las elecciones generales, en las que resulta fundamental que Mariano Rajoy no revalide la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años. Los terroristas prefieren un gobierno débil, de coalición, que suponen encabezado por los socialistas, para poder volver a la situación de 2009-2011, en que se negociaba encubiertamente, cuenta La Razón. José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com