(Exclusivas de la prensa de papel 29/04/2021) Juristas consideran «una discriminación» regular ayudas a las familias por su orientación sexual

En el último año, el Gobierno de coalición ha presentado ya en dos ocasiones la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias. Primero fue el exvicepresidente Pablo Iglesias en febrero de 2020 y este miércoles su sucesora en materia de Derechos Sociales, Ione Belarra. La nueva regulación, que se presentará en el Congreso de los Diputados a «comienzos del próximo año» tiene por objetivo reconocer «todos los modelos de familia», desde las «monomarentales y pasando por las LGTB o las numerosas», explicó la ministra.  Las asociaciones de Abogados de Familia se preguntan «hasta dónde estará dispuesto el Gobierno a estirar el concepto de familia» en su nueva ley de diversidad familiar. (ABC)

Según fuentes que conocen bien a la Comisión por dentro, en el Ejecutivo comunitario mantienen una «clara actitud de desconfianza» en el comportamiento del Gobierno español de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo la presión de Francia e Italia, incluso de Alemania, ha acabado por convencer a Bruselas de que lo más importante es volver a poner en marcha la economía europea cuanto antes y evitar un colapso de liquidez que amenaza a más de un país, para los que lo prioritario es que el dinero llegue cuanto antes, previsiblemente al final del verano. Para la Comisión, lo peor en estos momentos sería que se ensanchase aún más el diferencial con Estados Unidos y China, que ya están claramente en un rumbo ascendente, por los problemas políticos de un Gobierno tan heterodoxo como el español. Desde el BCE se han enviado también mensajes contundentes urgiendo a los responsables europeos a acelerar las cosas, o de otro modo incluso el gigantesco paquete de ayudas puede acabar siendo insuficiente para hacer que la economía europea levante el vuelo. Los cuatro grandes países de la zona euro decidieron anunciar ayer conjuntamente la aprobación de sus respectivos planes de recuperación, precisamente para remarcar este mensaje de premura en la tramitación de los fondos de recuperación. (ABC) (El Economista)

Los cuatro grandes de la UE exigen a Bruselas que acelere los fondos. Alemania, Francia, Italia y España piden a la Comisión que acorte los plazos para disponer de recursos financieros a partir de julio. (La Vanguardia)

El Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá realizar las inspecciones que considere necesarias, sin previo aviso, a las empresas y asociaciones de empresas, al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas que puedan poseer información que pueda ser relevante para descubrir infracciones a la Ley de la Competencia. Así, se determina en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, que publicó ayer el BOE. Se trata de una una normativa ómnibus. (El Economista)

Prepara las trasposición que facilita la conversión de deuda en capital y forzará a quitas completas. Estará lista cuando acabe la moratoria de este año. (Cinco Días)

Correos ha adjudicado a Summerwind, representante de la rescatada Plus Ultra, el traslado de la documentación relativa al voto por correo desde Venezuela de cara al 4-M. El servicio se inició con el envío de la documentación relativa al censo el pasado 7 de abril en un vuelo de Plus Ultra que partió del aeropuerto de Barajas, según consta en la factura emitida el 8 de abril por SWC GSA Cargo, filial de carga de Summerwind. (ABC)

El exministro de Industria José Manuel Soria acaba de asumir la presidencia de Island Green Power en España, un desarrollador de energía fotovoltaica británico que cuenta con planes de inversión superiores a los 150 millones de euros en nuestro país. La empresa fue fundada en 2013 por Ian Lawrie y cuenta con siete proyectos de plantas repartidas entre Baleares, Aragón y Andalucía para alcanzar los 320 MW de potencia. A lo largo de los últimos años, el exministro se ha dedicado al asesoramiento de empresas a través de Sorben, la consultora que fundó tras su salida del Gobierno en 2016. (El Economista)

El fondo británico Cinven se ha colado en la subasta para hacerse con el fabricante vasco ITP Aero. Según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista, esta gestora se suma a KKR, Bain, Platinum y Towerbrook, que también han pasado la primera criba de este proceso competitivo. La operación, que está siendo coordinada por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, está valorada en unos 1.500 millones de euros. La siguiente ronda de ofertas se producirá entre finales de mayo y principios de junio. (El Economista)

La justicia tumba una demanda millonaria de Casanova contra BBVA. (Cinco Días)

La banca recobra la normalidad a pesar de la situación de incertidumbre y de tipos negativos permanentes. Los resultados del primer trimestre, que algunas entidades ya han presentado, confirman la tendencia alcista que está viviendo el sector desde el pasado verano, superando incluso las mejores perspectivas del consenso de los analistas en más de un 30%. Unas previsiones que dan un cierto respiro a los bancos y que, de continuar esta senda, podrían de nuevo batirse a final de ejercicio. Para el conjunto de 2021, los pronósticos para el sector han aumentado considerablemente desde junio y, especialmente, desde octubre, antes de conocerse que Pfizer contaba con una vacuna. Los expertos de Factset calculan un beneficio de casi 15.000 millones para las siete entidades cotizadas, un 60% más. (El Economista)

Las patronales tienen claras sus prioridades sobre la política económica que precisa la región y piden al futuro gobierno fiscalidad baja, mayor apoyo a los sectores, menos trabas burocráticas, seguridad jurídica y estabilidad institucional. (Expansión)

La industria farmacéutica avanza en su apuesta por fabricar en España medicamentos esenciales que hasta ahora se hacían mayoritariamente en Asia. Queda esperar a Moncloa. La apuesta de la industria farmacéutica por España avanza. A finales de enero la patronal Farmaindustria anunció que había suscrito un acuerdo con 14 compañías mediante el cual se invertirían 500 millones para atraer producción al país de medicamentos esenciales que normalmente se fabrican en Asia. Ahora, según ha podido saber elEconomista por fuentes del sector, se han sumado varios laboratorios más (rondarán la veintena) y la inversión será aproximadamente de 1.000 millones de euros, el doble de lo calculado inicialmente. Eso sí, las negociaciones siguen abiertas y el número podría aumentar. (El Economista)

Iceta quiere también lanzar una campaña de atracción de talento entre jóvenes, tratando de hacer más atractivo el trabajo en el sector público, y no descarta un complemento para los trabajadores públicos que se desplacen a la España vacía. (El Mundo)

«Difícil, pero no imposible». Así afronta el PSOE la recta final de la campaña electoral en Madrid. La totalidad de las encuestas conocidas -desde hoy no se pueden hacer públicos más sondeos- dan una abrumadora victoria para Isabel Díaz Ayuso, pero necesitará a Vox para gobernar. Las opciones de las formaciones de izquierda parecen difuminarse. En las filas socialistas no dan el partido por perdido, pero sí se admite que hasta ahora no han logrado la movilización que pretendían. (El Mundo)

Reyes Maroto: "Madrid no necesita subir impuestos, sino mejorar presupuesto". (Cinco Días)

Existe ya un sector crítico desde hace tiempo con la dirección nacional, que ve que el cambio de campaña que ha intentado Pablo Iglesias, –primero centrado en las propuestas y en no confrontar con los rivales a la izquierda, y ahora, dedicado a la agitación entre bloques bajo el mantra fascismo o antifascismo– no suma rédito electoral entre el votante de izquierdas. De hecho, ex dirigentes morados que no se han desvinculado definitivamente de la vida del partido reconocen a LA RAZÓN que sí Iglesias no logra dar la vuelta a las encuestas y situarse por encima de Más Madrid, debería «dar un paso atrás de inmediato», es decir, dejar la secretaría general. Unos plazos que chocan de facto con el planteamiento que se hace Pablo Iglesias. Ayer, en una entrevista en La Sexta se comprometió a continuar liderando su formación hasta el año 2023, momento en el que debe celebrarse el Congreso refundacional del partido, el Vistalegre IV. Iglesias confirmó, además, que tras las elecciones del 4-M, si su partido no gana se quedará como diputado en la Asamblea de Madrid. (La Razón)

Las Fuerzas de Seguridad han dado un paso importante en la investigación para determinar el autor o autores de los envíos de cartas amenazantes a ministros y políticos. Según han informado a LA RAZÓN, se ha logrado determinar con toda certeza el buzón de Madrid, en la zona de Cuatro Caminos (se conoce la calle, pero no se facilita para no dificultar las pesquisas) donde se depositó el segundo sobre dirigido al dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, que, curiosamente, fue enviado a la Dirección General de la Guardia Civil, que está en la misma zona. Este sobre, que no es acolchado a diferencia de los anteriores, llevaba un remite falso, a nombre de Luis García, y contenía, además de la amenaza, tres proyectiles del calibre 22 (correspondiente a una pistola pequeña) y otro del 7,62, para fusil. La localización del buzón y la determinación, con un escaso margen de la hora en que fue depositado, en una zona en la que hay muchas cámaras y antenas de telefonía, va a permitir, según las fuentes, poder identificar al depositante. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, lo que parece probado es que los autores de los envíos, una vez aclarado los que fueron remitidos desde El Escorial, tienen el fin de crear un ambiente de desestabilización en la última fase de la campaña electoral para los comicios autonómicos madrileños. Han logrado que se hable de amenazas más que de programas y propuestas para los ciudadanos llamados a votar. (La Razón)

El 14 de abril un juez abrió una vía a los casi cinco mil inmigrantes que todavía permanecen en Canarias para abandonar el Archipiélago por sus propios medios y recalar en la Península. Con su auto, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, Ángel Teba, ordenó a la Policía que permitiera viajar a un hombre en situación irregular si acreditaba su identidad con el pasaporte o con una solicitud de asilo. Esta decisión marca un precedente al que se podrán agarrar miles de inmigrantes una vez que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo y, con él, las restricciones de movilidad por motivos sanitarios, hasta ahora el único recurso en manos de las Fuerzas de Seguridad para restringir la movilidad de los ‘sin papeles’ que todavía aguardan en las islas. Otra sentencia judicial, en este caso dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, advierte que las órdenes de expulsión para devolver a estas personas a sus países de origen una vez que han entrado irregularmente en España deben ser ejecutadas en 72 horas o, si se produce el internamiento del afectado en un CIE, a los 60 días como máximo. De lo contrario perderán su vigencia. Ambas decisiones, tomadas en el ámbito judicial, allanan el camino de los inmigrantes varados en las islas hasta la Península. Pero a su vez facilitan el trabajo de las mafias, que tienen dos poderosos argumentos legales de su lado para convencer a los ‘sin papeles’ de que intenten llegar a territorios insulares –como pueden ser Canarias o Baleares, al margen de Ceuta y Melilla– como puerta de entrada al territorio peninsular español y al resto de Europa. (ABC)

En este esquema, en las comunidades autónomas entienden que a estas alturas la solución puede pasar por un estado de alarma «a la carta», a solicitud de cada presidente autonómico, como ya se planteó meses atrás, y con la base legal que establece la ley orgánica 4/1981, que en su artículo 4 establece que las medidas excepcionales pueden aplicarse en parte o en todo el territorio nacional. El presidente autonómico sería el mando único como autoridad delegada. Éste es un resquicio legal que permite a Sánchez no ensuciarse las manos por la prolongación de medidas impopulares en las comunidades que presenten peores cifras: serían los dirigentes autonómicos los que tendrían que asumir la iniciativa de solicitar su aprobación en el Congreso. En líneas generales, en las comunidades hay acuerdo sobre el hecho de que la vacunación avanza a buen ritmo y con bastante regularidad, pero que es posible que necesiten un mes más de limitaciones selectivas de derechos fundamentales como el de movilidad. Incluso aquellas que se encuentran en un mejor escenario ven con receptividad la posibilidad de que se prolongue el toque de queda, aunque se retrase a las doce de la noche o incluso un poco más tarde. La cuestión es quién le pone el cascabel al gato porque implica desgaste ante la opinión pública. (La Razón)

Las autonomías quieren instrumentos legales para limitar la movilidad tras el 9-M. (El Periódico)

La vacunación acelera y empieza a recuperar el tiempo perdido y los retrasos acumulados. Sanidad anunció ayer que se ha completado la vacunación del 80% de los mayores de 80 años, un reto que se había fijado para el mes de marzo. Entre todos los mayores de 60 años, el grupo más vulnerable durante la pandemia, dos tercios han recibido ya al menos una dosis, según anunció el Gobierno. España dispondrá esta semana de un récord de casi cuatro millones de dosis. (El País)