(Exclusivas de la prensa de papel 21/10/2021) Arnaldo Otegi plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras

Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, confesó el pasado lunes en la Escuela de Armería de Eibar que tiene grabada en su frente la puesta en libertad de los 177 presos de ETA en España y que necesita que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa para impulsar un cambio en el Cógido Penal que les abra las puertas de las cárceles. La izquierda abertzale blanqueada bajo las siglas de la coalición EH Bildu tiene en su hoja de ruta política la excarcelación de todos «sus presos», consiguiendo esta reforma legal en los próximos seis años. Un objetivo y un plazo que determinan el compromiso explícito de Arnaldo Otegi para mantener en la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez no sólo con sus cinco diputados [y los que pueda tener en la próxima legislatura], sino también con la influencia que ejerce sobre ERC, PDeCAT y el BNG, los partidos que firmaron con EH Bildu la Declaración de la Llotja de Mar en octubre de 2019. Un frente soberanista imprescindible para la investidura de Sánchez en diciembre de 2019 y también necesario para abordar lo que Otegi definió como «la madre de todas las batallas». (El Mundo)

No es en uno, ni en dos, ni siquiera en tres los escritos de la Audiencia Nacional donde se denuncia el falso arrepentimiento de los presos de ETA en sus cartas enviadas al Ministerio del Interior y que sirven de abrelatas a las mejoras penitenciarias. La exigencia de perdón es uniforme en la doctrina de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y las cartas no se ajustan a sus criterios. (El Mundo)

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trasladó al núcleo duro de Mariano Rajoy su intención de «conceder» a la banda terrorista ETA a cambio de su disolución la elaboración de dos estatutos en el País Vasco y Navarra que incluirían el término «identidad nacional». Para ello propuso además la creación de un «organismo de coordinación entre los parlamentos vasco y navarro» y fijó una fecha, enero de 2007, para tener listo un «preámbulo» de los documentos. Explicó que sería «muy amplio» en la parte introductoria «y muy restrictivo en el resto». Recalcó que estaría siempre «dentro de la Constitución» y que descartaba abordar la «autodeterminación». El objetivo de los nacionalistas era «buscar un nuevo acuerdo político y un nuevo proceso estatutario» que «Zapatero se compromete que será siempre dentro de la Constitución, muy amplio en el preámbulo, pero muy restrictivo en el resto». Recordaban con respecto a este extremo que «el PNV apoya el Estatuto de Cataluña» y que «luego se conformaría con algo similar». Eso sí, «del Estatuto no se hablaría ahora sino en la próxima legislatura». (El Mundo)

Ministros admiten el cambio de fase en la coalición de Gobierno. Malestar en la parte socialista con la «política comunicativa» de la vicepresidenta Díaz. «La coalición no da más de sí». La reflexión sale del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, del ala socialista, en una semana en la que los socios de gobierno siguen dando muestras de una tensión creciente. Las dos partes ven con escepticismo el futuro de la relación, y cada vez lo disimulan menos, aunque esto no lo lleven al terreno de confirmar un adelanto electoral de calado. Que hagan la guerra por separado no quiere decir que las elecciones vayan a celebrarse mucho antes de lo que tocaría por calendario. Seguirán compartiendo Gabinete, sin disimular que cada uno trabaja para unos intereses diferentes. (La Razón)

El Ministerio de Trabajo prepara un informe a la Comisión Europea para lograr su aval a la derogación de la reforma laboral del PP. Bruselas exige un informe previo a los cambios en la norma, de 2012. El ministerio de Yolanda Díaz explicará cuáles son las deficiencias de la negociación colectiva, el punto más conflictivo de la ley. El equipo de Díaz defiende que en ningún otro país se han tomado medidas que causen tal devaluación de los salarios y las condiciones de trabajo, con especial impacto en mujeres y colectivos desfavorecidos. El otro punto polémico de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy era la rebaja del coste del despido, pero no está previsto modificarlo. Bruselas teme que las restricciones a la contratación temporal que prevé el Ejecutivo resten flexibilidad al mercado laboral. El visto bueno de la UE a las reformas resulta imprescindible para la recepción de las ayudas no reembolsables de 70.000 millones de euros. (El País)

Uno de los principales objetivos de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda es aplicar una armonización fiscal que afectará, principalmente y con mayor intensidad, a la Comunidad de Madrid dada su política de bajos impuestos. De hecho, la ministra ha acusado en más de una ocasión a la región madrileña de incurrir en dumping fiscal, afirmación que mantiene desde que estuvo al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y que, en su opinión, justifica totalmente la necesidad de esa armonización. Pero a quien no se plantea en absoluto incluir en ese proceso es al País Vasco y Navarra, a pesar de que esa misma acusación de dumping fiscal también se podría aplicar a esas mismas comunidades. «Legalmente no sería posible porque tienen su propio sistema fiscal», explican desde Hacienda. (El Mundo)

Hacienda dispara las deducciones fiscales a las empresas en 2022. Eleva un 52% los beneficios tributarios que prevé que aplicarán las compañías. Las rebajas no podrán utilizarse para pagar menos del 15% de la base imponible. (Cinco Días)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, prevé un entorno de gran desarrollo para esta industria: “La revolución alimentaria será el debate del futuro”. (Expansión)

La inflación en España suma seis meses por encima de la media de la zona euro, con un diferencial de precios que en septiembre ascendió a seis décimas. España es hoy un país más caro que 12 de los 19 miembros de la moneda única. (Expansión)

El organismo supervisor tiene lista una norma que le permitirá imponer límites a las hipotecas y a la exposición de los bancos al sector inmobiliario. El BCE pide tener mayores competencias para coordinar la respuesta a las crisis de las autoridades nacionales encargadas de evitar las burbujas. (El Periódico)

Una comisión bancaria en concreto está generando sorpresa entre los ciudadanos desde hace tiempo: la que cobran algunas entidades por retirar dinero en ventanilla. El Banco de España es consciente de la situación y ha decidido tomar cartas en el asunto, advirtiendo al sector. Pero la mayor ofensiva llega ahora desde las asociaciones de consumidores y de usuarios financieros. Estos reaccionan ya a la nueva política bancaria de generalizar el cobro de comisiones y ante este escenario reclaman al Gobierno un nuevo enfoque en la regulación de estas comisiones y que se defina un marco de relaciones de la banca con el cliente que no provoque situaciones de exclusión financiera. La OCU, Facua, Asufin y Adicae abogan por limitar el coste de sacar dinero por ventanilla. (ABC)

Capital Energy presume de contar con 20 años de experiencia en el sector energético, aunque su salto se produjo el año pasado con una reorientación estratégica con la que aspira a convertirse en el primer grupo grupo eléctrico integrado 100% renovable. Es decir, el líder con capacidad de generación verde con una comercializadora integrada con la que suministrar luz a sus clientes. (El Mundo)

Opdenergy está contemplando potenciar su crecimiento mediante la entrada de socios financieros en sus principales instalaciones eólicas y fotovoltaicas como paso previo a su salida a Bolsa, que se prevé que tenga lugar durante el ejercicio 2022, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN. Se trata de una estrategia similar a la que ha emprendido Repsol junto a Banco Santander para dar entrada a accionistas minoritarios en sus diferentes proyectos de energías renovables. La idea que tiene Opdenergy es encontrar uno o distintos socios para cada activo que ayuden a aflorar su precio de cara al mercado, financien los planes de inversión y –si se trata de empresarios locales– contribuyan a las relaciones con las autoridades competentes para el desarrollo de los activos. (Expansión)

Pepsico elige Barcelona para su ‘hub’ digital mundial con 400 trabajadores. (La Vanguardia)

El culebrón de Abengoa arrancó en 2015 y, seis años después, cuenta con todo tipo de ramificaciones. El tercer rescate, después de los de 2017 y 2019, está en juego, pero hay varias vías judiciales activas. Una es la que abrió en junio del año pasado Inversión Corporativa (IC), controlada por los Benjumea y participada por otras familias andaluzas. Antes de la caída, IC llegó a poseer el 51% de Abengoa. La sociedad presentó una querella contra el consejo de administración del grupo por la gestión del consejo que presidía Gonzalo Urquijo en el segundo salvamento. Ahora, estos accionistas exigen que la propia Abengoa se persone como perjudicada en la querella. (Cinco Días)

Andrea Orcel, uno de los banqueros mejor pagados de Europa en calidad de CEO de UniCredit, quiso dar un golpe de efecto con su presencia ayer en la sala de vistas del juzgado de Madrid que tramita su demanda contra Santander por incumplimiento de contrato. Ese pleito le enfrenta directamente con Ana Botín, con quien antes tenía buena relación y a la que ayudó a cerrar la ampliación para la compra de Popular. Orcel reclama a Santander 76 millones por daños morales, lucro cesante y por la pérdida de algunos pagos pendientes de cobro en UBS (bonus diferidos). (Expansión)

Directivos del Santander dicen que Orcel incumplió. El italiano prometió al banco que negociaría con UBS bajar su indemnización, pero al final pidió más dinero al grupo. (El Economista)

Red Eléctrica avanza en la venta de una participación minoritaria en su activo estrella, su red de fibra óptica, que ostenta a través de su filial Reintel. El proceso, coordinado por Barclays y UBS, espera culminar la primera fase esta misma semana tras haber recibido siete ofertas, según indican fuentes financieras a este periódico. Y elegirán a los finalistas en la próxima semana. La compañía presidida por la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, en la que el Estado tiene un 20% del capital a través de la SEPI, cuenta con siete pujas ya sobre la mesa de fondos de pensiones y aseguradoras. Estas las han presentado Axa, Munich Re y Allianz, así como los fondos de pensiones CPPIB, Ontario Teachers (OTPP), Macquarie y la rama de inversión en infraestructuras del gigante del private equity KKR. (Cinco Días)

El sector español de infraestructuras redobla su interés por Chile. El macroprograma de concesiones 2020-2025 tiene a los grandes grupos dispuestos a invertir en hospitales, carreteras, aeropuertos o líneas ferroviarias. Acciona y OHL se disputan cuatro centros sanitarios con 225 millones de inversión aparejada; Eductrade es favorita en el concurso de otros cuatro, y una docena de compañías han mostrado interés por la relicitación de la Ruta 78, operada por Abertis. (Cinco Días)

Los analistas estiman un beneficio neto para Acerinox superior a los 492 millones de euros a cierre de diciembre, tan solo 11 millones por debajo del máximo histórico preLehman del año 2006. (El Economista)

Interbrand presentó el miércoles la 22ª edición de su ranking Best Global Brands que lleva por título The Decade of Possibility (La década de las posibilidades) y analiza cómo las empresas más fuertes del mundo se desenvuelven en un escenario que cambia rápidamente. Esta consultora cuenta con más de 30 años de experiencia en valoración de marcas. De hecho, fue la primera compañía que llevó a cabo un proyecto de valoración en 1988. elEconomista habló con su presidente global, Gonzalo Brujó, para desgranar las tendencias de la última edición de este listado. (El Economista)

Ferrari, Tesla y el Grupo Volkswagen superarán el 15% de margen ‘ebitda’ en este ejercicio Los fabricantes apuestan por la producción de modelos más rentables ante la escasez de piezas. (El Economista)

El 22 de diciembre, el Teatro Real acogerá el sorteo de la Lotería de Navidad. Acudirán los niños de San Ildefonso, los seguidores acérrimos con sus disfraces, la prensa y, por primera vez, miles de loteros. Pero no ocuparán las butacas, sino que rodearán el edificio para protestar, como ya hicieron el 22 de septiembre, por la comisión que reciben del Estado al vender las participaciones en sus diferentes premios, que lleva congelada en un 5% casi dos décadas. Administraciones mixtas e integrales se han unido en un frente común para denunciar esta situación. (El Mundo)

Los Ejecutivos de Pedro Sánchez, tanto el actual con Unidas Podemos como el anterior sólo del PSOE, son los más opacos desde que se puso en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) hace siete años. Para constatarlo basta con comparar los datos oficiales de este organismo, que resuelve las reclamaciones y solicitudes que cualquier ciudadano puede plantear a través del Portal de Transparencia en virtud de la ley del mismo nombre aprobada a finales de 2013, durante el primer mandato de Mariano Rajoy. Ya ha incumplido más de 100 resoluciones de Transparencia; Rajoy ignoró sólo dos. (ABC)

El PSOE y el PP tienen muy avanzado el acuerdo para renovar instituciones como el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero el clima político enrarecido por el décimo aniversario del fin de ETA ha retrasado el anuncio. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ultiman el acuerdo con la idea de elegir perfiles “muy profesionales y técnicos” para esas instituciones, lo que evitaría la imagen de politización de la justicia y excluye, en principio, la presencia de exministros. Ese propósito se centra principalmente en los cuatro magistrados que se deben renovar en el Constitucional y la decena de miembros en el Tribunal de Cuentas, lo que cortaría el paso al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuyo nombre ha sonado en las últimas horas para el Constitucional. El pacto puede lograrse incluso esta semana. Aunque parece probable que las negociaciones se separen, el Gobierno ve margen para pactar el Poder Judicial, una vez reanudados los contactos. (El País)

Según fuentes jurídicas, en la mañana de ayer, el juez comunicó a la Sección Tercera que Carvajal estaba pendiente de comparecer en las diligencias 79/2016, en las que investigan la posible financiación irregular de Podemos a través de algunos de sus fundadores. La comunicación del juez no frenó la decisión de entrega en la Sala Tercera, según las mismas fuentes, porque el escrito llegó cuando ya había dictado la providencia dejando a Carvajal listo para su entrega. El juzgado transmitió también la situación a Interior y Justicia. Según fuentes próximas al caso, el balance de las gestiones fue que Carvajal no será entregado mientras tenga pendiente diligencias en la Audiencia Nacional. El deseo de García-Castellón es que pueda permanecer en España para arrojar luz sobre la posible financiación irregular de Podemos en sus orígenes, sobre la que Carvajal ya le ha ofrecido información. En concreto, el militar ha explicado que el régimen chavista financió por varias vías a fundadores de la formación, entre ellos Juan Carlos Monedero. También ofreció datos sobre la participación de otros países como Cuba en la financiación del partido emergente. (El Mundo)

Interior niega el asilo al «Pollo Vargas» para conseguir que se cierre la causa sobre Podemos. (La Razón)

Educación planifica por primera vez lo que harán los niños que no cursen la materia. Aquellos alumnos que no elijan estudiar Religión no tendrán una hora perdida en el horario escolar, como ha venido ocurriendo en la práctica con la puesta en marcha con anteriores leyes educativas socialistas, ni se podrán ir a casa. El Ministerio de Educación y FP detalla expresamente, por primera vez, en comparación con la LOE, qué tendrán que hacer esos alumnos que no elijan estudiar la materia. «Tendrán la debida atención educativa» y los centros tendrán que hacer actividades que se centren en reforzar la autoestima del alumno, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. (La Razón)