(Exclusivas de la prensa de papel 21/01/2021) Un documento prueba la propuesta de reforma para la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años que Escrivá dice que nunca ha existido

El texto enviado por el Ministerio de la Seguridad Social a los ministros del área económica contemplaba la ampliación a 35 años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. En esta ficha, a la que ha tenido acceso EL PAÍS (se muestra en la imagen de abajo), se precisa que la medida supondrá una reducción media de la pensión del 6,3% y que se espera implantarla de forma progresiva a partir de 2023. En una versión anterior de este borrador, también enviado a La Moncloa, se hablaba de una rebaja media de la pensión del 5,5%. (El País) (La Razón)

Los documentos remitidos a Bruselas y trasladados a los agentes sociales, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, representan un planteamiento genérico, un compendio de las líneas maestras del pacto de coalición (sobre todo en el ámbito laboral, donde Podemos sigue exigiendo la derogación completa de la reforma de 2012), con una redacción medida pero cuestiones poco detalladas. Justo lo contrario de lo que pide el Ejecutivo comunitario, al que la música del plan de recuperación y reformas que el lunes presentó ante Bruselas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, le sonó bien, pero reclamó más concreción en los “detalles, fechas, objetivos y metas”. He aquí las principales propuestas remitidas por el Ejecutivo a sus socios comunitarios. (Expansión) (Cinco Días)

Gobierno, interlocutores sociales y el sector de la dependencia celebró la semana pasada el plan de choque en Dependencia, que culminaba seis meses de diálogo y negociación. Según consenso de todos los actores, un impulso para afrontar los retos del sector y trazar una radiografía del mismo, además de suponer una inyección económica que revertía años de recortes. Sin embargo, 283 millones que se aprobaron en el Congreso para las comunidades no se han concretado. El plan nacional inyecta esta cifra a las CCAA, aunque los Presupuestos recogen 566. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales recordó ayer que según los últimos datos oficiales, en España hay 232.243 personas en el «limbo de la dependencia» (a pesar de haberles reconocido el derecho, no reciben atención, ni prestación ni servicio). (El Mundo)

Duro ataque del Partido Popular y Ciudadanos al Gobierno de Pedro Sánchez denunciando a Bruselas su «sectarismo» con los fondos europeos. Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Ciudadanos han firmado una declaración conjunta en la que anuncian, entre otras medidas, «hacer saber a la Comisión Europea, a través de su presidenta [Ursula von der Leyen], la deficiente gestión del Gobierno de España respecto a la información de los fondos europeos». Aseguran que van a denunciar ante la alemana que «los criterios de reparto de los fondos europeos en el territorio nacional se están imponiendo unilateralmente por el Gobierno de España, sin transparencia, con decisiones en nuestra opinión sectarias, poco democráticas, que tratan de beneficiar a ciertos territorios por razones políticas, lo que es claramente intolerable». (El Mundo)

Convocatoria exprés de Hacienda a las CC.AA. ante el motín por los fondos de la UE. La ministra María Jesús Montero se reúne hoy «in extremis» con los consejeros autonómicos tras las críticas por la «opacidad» del Gobierno por el reparto de los recursos europeos. (ABC)

Ya existen varios documentos de trabajo, alguno con cerca de dos años de antigüedad, sobre esta cuestión. En los próximos días saldrá a consulta pública un texto actualizado. La Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero tendrá como gran misión resolver las controversias entre el sector financiero y sus clientes con decisiones vinculantes hasta una determinada cantidad. En un documento al que ha tenido acceso Cinco Días el umbral se fija en 50.000 euros, pero este no está decidido. Más allá de la cuantía, la autoridad podrá declarar la nulidad de cláusulas abusivas, anular liquidaciones y ordenar la devolución de impuestos indebidamente cobrados. (Cinco Días)

Ha eliminado una de cada cuatro tiendas en 10 años, triplicando su velocidad en el último lustro, y prevé cerrar 79 de diciembre a abril, tras disparar un 75% sus ventas digitales globales. (Expansión)

La CNMV requirió a Inditex información adicional sobre seis puntos de sus cuentas. La textil ha tenido que detallar, entre otros, la provisión de 287 millones ligada al Covid-19. (Cinco Días)

El ratio deuda/’ebitda’ de la compañía se sitúa en 7,6 veces para 2021, el tercero más elevado. El endeudamiento de Southwest Airlines y Ryanair es de 0,2 y 0,9 veces, respectivamente. (El Economista)

¿Se sienten víctimas de la regulación? El gas va a recibir otro golpe con la propuesta del Fondo para pagar las renovables. Existe preocupación porque creemos que no es un fondo de transición energética. Es un fondo para pagar los sobrecostes de las renovables y no deja de ser una reforma fiscal encubierta. Un fondo con unas contribuciones por parte de determinados agentes no deja de ser una tasa y el gran tema que no se ha abordado en este país es el de la reforma fiscal medioambiental. Estamos nuevamente parcheando y creo que, sin menoscabar la necesidad de esa reforma, hay que buscar soluciones que pueden estar en el mercado eléctrico. Hay cuestiones que no se han abordado como el régimen concesional de las hidráulicas. Hay otras vías de ingresos para sufragar esos costes hundidos asociados a las renovables y que se deben explotar antes de repercutir al resto de energías. Y compartimos que la competitividad pasa por rebajar el precio final de la energía, pero eso no es, rebajo la electricidad y traslado a los consumidores energéticos esos costes que son del pasado. (El Economista)

Los fondos de renta fija a largo plazo han alcanzado un patrimonio de 26.500 millones de euros, a solo 1.000 millones del récord histórico que lograron en 1998, aunque la posibilidad de repetir la rentabilidad cosechada en los últimos años es cada vez más reducida. Desde 2018, que incluye los años en los que se han producido las dos últimas grandes caídas del mercado, han conseguido casi doblar el patrimonio que manejaban, atraídos por la revalorización obtenida gracias a la actuación de los bancos centrales. Pero el estrechamiento de los diferenciales de crédito y la posibilidad de que la deuda soberana termine en terreno negativo implican riesgos latentes para un inversor que se ha acostumbrado a no perder dinero pese a la volatilidad. (El Economista)

La encuesta a gestores que todos los meses elabora Bank of America muestra el atractivo que tienen ahora los mercados emergentes. Un 62% neto de los encuestados reconoce sobreponderar estos activos en sus carteras, el porcentaje más alto que ha alcanzado nunca. El peso de las empresas de pequeña y mediana capitalización en las carteras también alcanza niveles inéditos hasta ahora. (El Economista)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar hoy por mayoría un texto en el que dejará constancia de que Gobierno y Parlamento han incumplido las normas europeas al seguir adelante con la reforma que limita sus atribuciones sin oír a los afectados: el órgano de gobierno de los jueces, las asociaciones y la Comisión de Venecia (Consejo de Europa). A falta de perfilar un texto consensuado que se espera que sea apoyado por al menos dieciséis de los veinte vocales que lo componen —los mismos que plantaron cara al Ejecutivo en el Pleno de diciembre—, el acuerdo que salga de la reunión puede abrir la puerta ya a actuaciones concretas por parte de la UE. (ABC)

Pedro Sánchez ha decidido terminar con la autonomía del Consejo de Transparencia (CTBG), pese a tratarse de un organismo público pero de carácter independiente. Después de varios meses en los que el CTBG ha instado al Gobierno a responder de su gestión en temas como la pandemia o los abusos del presidente con los recursos públicos, resoluciones propiciadas por ABC, Moncloa ha culminado el asalto al Consejo de Transparencia. La maniobra comenzó con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del CTBG el pasado 20 de octubre. Este jurista, que fue jefe de gabinete del ministro de Justicia Francisco Caamaño y director de la Agencia de Protección de Datos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de fulminar la cúpula del Consejo de Transparencia que durante los últimos años había velado por el cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia. (ABC)

El Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado al secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez. El próximo 28 de enero, a las 12.30 horas, el diputado tendrá que responder por un delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones. La citación acordada por el magistrado Antonio del Moral llega después de que en septiembre el Congreso aprobara conceder el suplicatorio para poder continuar el procedimiento contra el aforado. (El Mundo)

Hasta 18.800 euros públicos por un informe plagiado de Internet, fusilado de la Organización Mundial de la Salud. Cinco mil euros al mes por labores de asesoramiento que se traducían en informes de una página de extensión. Y la utilización de la empresa pública creada para implantar la Televisión Digital Terrestre para tejer un presunto entramado ilegal para favorecer a amigos, personas de su entorno y miembros del partido. Regándoles con fondos públicos, amañando contratos y pagando a cambio de trabajos de nula utilidad pública o directamente inexistentes. Así hasta desviar 407.000 euros en tres años (2008-2011). La Fiscalía pide 48 años de cárcel para tres ex políticos por desviar fondos públicos. (El Mundo)

Los hospitales de Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha, al borde del colapso tras multiplicarse por más de dos los ingresos desde diciembre. (La Razón)

Varias capitales creen que la restricción de la libertad de movimiento transfronterizo puede resultar imprescindible a la vista de la escalada de contagios provocada por las nuevas variantes del SARS-CoV-2. “Quizá debamos tomar nuevas medidas para restringir los movimientos dentro de la UE”, apunta en Bruselas un fuente diplomática en vísperas de la cumbre de este jueves. Y el Gobierno de Angela Merkel ya ha circulado un papel oficioso en el que subraya la “necesidad urgente de actuar para impedir o, al menos, ralentizar la propagación de variantes preocupantes del virus tanto hacia la UE como dentro de la Unión”. (El País)

A la espera de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) empiece a analizar hoy, después de recibir las alegaciones de las partes, el fondo de la cuestión y tome lo antes posible una decisión definitiva sobre si mantiene o aplaza el 14-F, el frente contrario a la prórroga de las elecciones hasta el 30 de mayo se amplió claramente ayer con dos opiniones de peso: la de la Fiscalía y la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Una y otro coincidieron en la necesidad de no dilatar más el proceso electoral, mientras el Govern se desgañitaba en defensa de su decreto de aplazamiento, en medio de una nueva batalla dialéctica entre sus socios, JxCat y ERC, a los que cada día que pasa parece que les importe menos tirarse los tratos por la cabeza y hacerlo en público. (La Vanguardia)