(Exclusivas de la prensa de papel 16/04/2021) El Gobierno tergiversa al Supremo para negar un plan B al estado de alarma

Moncloa se ampara en un auto del Tribunal Supremo que rechazó la suspensión del cierre perimetral de Madrid en el puente de San José y Semana Santa. En realidad, el Alto Tribunal no abordó la cuestión de fondo sobre si el Consejo Interterritorial puede dictar medidas de obligado cumplimiento como restricciones de movilidad sin el amparo del estado de alarma, como sí sostiene Moncloa. El Supremo –que no resolvió el fondo del asunto– en ningún momento se pronunció sobre si el Consejo Interterritorial de Salud puede acordar el cierre perimetral de distintos territorios sin que se haya decretado previamente el estado de alarma. No lo hizo, sencillamente, porque fue un supuesto planteado por Vox a la hora de solicitar la suspensión cautelar del cierre perimetral de Madrid. (El Mundo)

Discrepancias en el Gobierno por los cierres sin estado de alarma. No existe en el Gobierno un diagnóstico claro sobre hasta dónde se podrá llegar en las restricciones que haya que tomar a partir del 9 de mayo sin finalmente no se prorroga el estado de alarma ni tampoco se articula una reforma jurídica alternativa. Que es justo el escenario en el que está el Gobierno, generando mucha incertidumbre entre las comunidades autónomas respecto a cuál será su capacidad de respuesta real. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trató de tranquilizar a las regiones planteando que el Consejo Interterritorial de Salud podrá acordar el cierre perimetral de determinados territorios cuando estén «en situación de particular incidencia», como ocurre «ahora mismo en Euskadi, Navarra y Madrid». (ABC)
 

Es el gran empresario mundial del momento. El primero que anunció que tenía una vacuna contra el coronavirus y el que está asegurando suministro de dosis tras los reveses de algunos de sus competidores. Albert Bourla (Salónica, 1961) es el presidente de Pfizer y concede sus primeras declaraciones a un medio español desde su despacho de Nueva York en videoconferencia. Está al frente de una multinacional que vale 200.000 millones en Bolsa, pero no olvida su origen griego y echa de menos viajar a Europa. «Soy optimista y no por mi temperamento mediterráneo, sino porque tengo datos», asegura en esta entrevista con cuatro periódicos de las cuatro principales economías de la Eurozona, por parte de España, EL MUNDO. Se muestra especialmente orgulloso de haber impulsado la vacuna con los musulmanes turcos de BionTech: «Que un judío griego y unos musulmanes turcos, ambos inmigrantes en diferentes países, estén colaborando y se esfuercen sin ni siquiera firmar un contrato, sólo para salvar el mundo, es un mensaje maravilloso». El presidente de la multinacional Pfizer asegura que se adelantarán «a cualquier variante» del virus y que van a elevar «drásticamente» los suministros de la vacuna a Europa, lo que compensará reveses de competidores. En declaraciones a EL MUNDO augura una vuelta a la «vida normal» en torno al otoño. (El Mundo)

«La implantación del certificado en España nos va apermitir recibir a más gente y con más seguridad para reactivar economía», anunció el secretario de Estado de Salud Digital, Alfredo González, ayer, en rueda de prensa. Serán las comunidades autónomas las encargadas de expedirlos. Funcionará con un código QR que recogerá tres supuestos: si la persona se ha vacunado, si ha pasado la enfermedad o si ha obtenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica recientemente. «Facilitará la libre circulación dentro de la Unión Europea, pero no limitará la movilidad a quien no lo posea», apuntó González, que insistió en esta idea: «No es un pasaporte, no es un requisito para poder viajar dentro de la UE, es un mecanismo que facilita la movilidad». (La Razón)

«Es falso que la presión fiscal sea menor en España que en Europa. En términos de presión normativa y de renta estamos por encima, por lo que aumentar aún más la presión impositiva sería irresponsable». Con esta contundencia quiso desmentir el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, los postulados del Gobierno, que prepara ya una reforma fiscal con la que pretende cerrar la supuesta brecha fiscal con nuestros vecinos y aumentar la recaudación a través de una subida generalizada de impuestos –de hasta seis puntos– a partir del próximo año y con los nuevos Presupuestos Generales. Según los cálculos del IEE en su informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas», presentado ayer, esta subida fiscal hundiría hasta 10 puntos el PIB de 2022, destruiría alrededor de dos millones de empleos y tendría un efecto contractivo en toda la economía. (La Razón)

Madrid y País Vasco, únicas regiones con una presión fiscal inferior a la media europea. La presión fiscal normativa en España se sitúa diez puntos por encima del promedio de la UE, con Cataluña como la región española con mayor presión, según un informe del Instituto de Estudios Económicos. (Expansión)

La vivienda protegida no pasa en España precisamente por su mejor momento. La burbuja inmobiliaria de principios de siglo y su estallido arrasaron al sector. Y a la menor promoción de casas bajo esta figura administrativa se suma el hecho de que la mayoría se destinan a la venta, lo que supone un contratiempo en la estrategia del Gobierno para mejorar la accesibilidad al alquiler. Poco más de una de cada diez viviendas protegidas construidas en los últimos cinco años (un 13,3% exactamente) tenían como finalidad el arrendamiento. (El País)

La mayor operación urbanística en desarrollo en Europa, Madrid Nuevo Norte, entra en una etapa de conflicto entre sus accionistas. BBVA, socio mayoritario de la empresa impulsora del desarrollo Madrid Nuevo Norte, quiere acabar con el derecho de tanteo y retracto que posee uno de los inversores minoritarios, la socimi Merlin Properties. De esa forma, la entidad financiera podría vender esa promotora a otra empresa sin que su socio Merlin pueda igualar la oferta. (Cinco Días)

La oferta de 10.000 millones de ACS por Autostrade, que compite con la de 9.100 millones de la italiana pública CDP, puede desempolvar, según ha insinuado el Gobierno italiano, un veto que Roma ya empleó en 2006 ante un primer intento de Abertis. (Cinco Días)

Ferrovial y Renault quieren ampliar las actividades de su alianza en carsharing, instrumentada a través de Zity, con la entrada de ésta en la intermediación y comercialización de productos financieros, incluidos de crédito al consumo y de ahorro, así como servicios de asistencia y seguros. Para diseñar esta estrategia, la firma ha contratado a KPMG, según fuentes del mercado. (El Economista)

Fluidra prevé llegar a 2025 con unas ventas de más de 2.100 millones y un ebitda de más de 500, según sus estimaciones de crecimiento medio anual a partir de 2022, que ha presentado hoy al mercado en su Día del Inversor. (El Economista)

Los fondos aprovechan el apetito por activos de infraestructuras en España para hacer negocio. Ahora, el sueco EQT sondea el mercado para vender la operadora de fibra óptica Adamo, que cuenta con 10.000 kilómetros de cable y da servicio a 600 municipios en Cataluña, Madrid, Sevilla y Asturias. EQT adquirió Adamo en 2016 a través de su fondo de infraestructuras. Fuentes del mercado citan a Lyntia (Antin Infrastructures) y a Onivia (Macquarie y Aberdeen) entre los interesados. (Cinco Días)

El auditor pone en duda el plan de viabilidad de Amrest, la empresa propietaria de La Tagliatella y uno de los mayores franquiciados en Europa de marcas como Burger King, KFC,o Starbucks, entre otras. Aunque la empresa asegura en su último informe anual de cuentas que, “dado el análisis de la información disponible, las circunstancias actuales y las incertidumbres sobre el futuro”, el consejo de administración garantiza la viabilidad de la compañía “durante un periodo de al menos un año”, hasta el próximo 31 de diciembre, KPMG, sin embargo, no lo tiene tan claro. Según dice, “dada la impredecibilidad del posible impacto de la pandemia, existen incertidumbres que ponen en entredicho la capacidad del grupo para seguir como empresa en funcionamiento”. El año pasado perdió 183,7 millones. (El Economista)

Con datos preliminares a cierre de marzo, la tesorería de Corporación Financiera Alba se sitúa aproximadamente en los 700 millones de euros, un 33,8% por encima de los 523 millones con los que cerró el pasado 2020. Tras la venta de su participación del 11% que tiene de Euskaltel en la opa lanzada por MásMóvil, el holding sumará a su caja otros 219 millones de euros más. (El Economista)

La deuda a largo plazo trae del pasado los bonos matador, conocidos así en Europa desde finales de los 80 por el riesgo de la peseta, aunque en este caso caen por precio, por la expectativa de mayor inflación y crecimiento económico. Se colocó a un 1,45% y ya rinde un 1,72%. (El Economista)

La recuperación de la banca española será más lenta que la de la europea. El sector volverá a ganancias en los próximos años, pero con un crecimiento menor que sus comparativos del Viejo Continente. (El Economista)

Según ha podido saber la LA RAZÓN de fuentes cercanas al presidente, Sánchez e Iglesias no han hablado desde que el líder de Podemos abandonara el Gabinete. Las citadas fuentes, no obstante, asumen que la interlocución con Iglesias tendrá que mantenerse, aunque esté fuera de Moncloa, en su condición de líder de Podemos y como actor que marca el rumbo político de un partido con representación en el Gobierno. Sin embargo, desde su marcha, el clima en el Consejo de Ministros ha mejorado. La relación es más tranquila –reconocen– y no existe duda sobre la viabilidad de la coalición para agotar la legislatura. Una alianza que, si nada cambia, sería incluso necesaria tras unos eventuales comicios. En Moncloa creen que la salida de Iglesias «no ha restado», porque no tenía presencia en las negociaciones ni en el trabajo diario. «No le gustaba la gestión», señalan fuentes gubernamentales, que creen que el líder morado se marchó «liberado». (La Razón)

El Gobierno quiere controlar las campañas de desinformación pero sin que nadie pueda examinar las decisiones que toma. Después de que el Ejecutivo se negara a entregar el listado de los expertos que componen la Comisión Permanente contra la Desinformación, conocida popularmente como el ‘ministerio de la verdad’, La Moncloa aprovecha el secreto oficial para guardar bajo llave las actas que debe levantar este comité de expertos en todas sus reuniones. Se trata de un elemento fundamental a la hora de fiscalizar las medidas que tome este polémico organismo contra las ‘fake news’. (ABC)

La atmósfera interna del TC se ha viciado en los últimos meses de forma cada vez más conflictiva. Todo tiene su origen semanas atrás, cuando el propio Conde-Pumpido y algunos magistrados del sector conservador empujaron a otro juez del Tribunal, Antonio Narváez, a abstenerse de los recursos alusivos al proceso separatista catalán. Unas antiguas declaraciones suyas críticas con el independentismo –argumentaban contra Narváez– le contaminaban para dictar sentencia, y si participaba de las deliberaciones se regalarían bazas jurídicas al huido Carles Puigdemont, y al resto de condenados, para que en el futuro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase que el TC español no había sido imparcial. (ABC)

Asegura que no hubiera cerrado tampoco los bares y la hostelería en pandemia como ha hecho Ayuso. (La Razón)

Juan Antonio López de Uralde (San Sebastián, 1963) ha dedicado toda su vida profesional al mundo de la ecología y el medio ambiente, primero como director general de Greenpeace España y luego como diputado de Equo y Unidas Podemos en el Congreso. Ahora, se muestra enormemente satisfecho de haber tramitado desde la presidencia de la Comisión de Transición Ecológica la nueva Ley de Cambio Climático. "La aprobación por una mayoría importante de una hoja de ruta hacia la descarbonización. Ha sido una ley muy compleja para su aprobación, con más de 750 enmiendas, y es lo más ambiciosa que puede ser en el actual contexto político". (El Mundo)

Los magistrados acuerdan entregar a las autoridades helvéticas los consentimientos de los condenados Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pablo Crespo e Iván Yáñez para repatriar el dinero. (La Razón)