(Exclusivas de la prensa de papel 15/01/2021) España se ha convertido en el único país europeo sin ayudas directas a la hostelería

España se ha convertido en el único país europeo sin ayudas directas a la hostelería. Las únicas ayudas económicas que existen para el sector son las que han habilitado algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, que ha anunciado la creación de un Fondo de Cooperación especial de 120 millones para minimizar los efectos del covid con el fin de ayudar a unas 33.000 empresas y autónomos. (El Periódico)

El Tribunal Supremo (TS) acaba de condenar a la federación andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, por desviar subvenciones de la Junta de Andalucía concedidas durante la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE a fines no previstos en las ayudas públicas. La sentencia del Supremo, fechada el pasado 21 de diciembre y en poder de EL MUNDO, se enmarca dentro del enfrentamiento judicial que mantienen desde años la Junta y UGT-A, después de que este diario y otros medios documentaran a partir de 2013 numerosos episodios de presunto fraude y desvío de subvenciones protagonizados por la federación andaluza ugetista. (El Mundo)

Hace cuatro años, durante otra ola de frío que disparó los costes, los socialistas exigieron una auditoría para que los ciudadanos «no tengan que pagar sardinas a precio de besugo». Podemos quiere escapar de la quema eléctrica y lleva días pidiendo en redes sociales a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, medidas de contención frente al encarecimiento del recibo. Primero reclamó la nacionalización de Endesa o la creación de una empresa energética pública, luego la intervención del mercado eléctrico y, tras obtener rechazos a todas sus propuestas, ahora exige al menos que se lleve a cabo la misma auditoría de los costes del sistema que el PSOE pedía con insistencia en 2017. La formación morada considera que este debe ser el punto de origen a partir del cual se inicie una reforma integral del mercado eléctrico. El estudio, según fuentes del partido, permitiría conocer la «sobrerretribución» que a su juicio cobran las centrales nucleares e hidráulicas cuando el mercado está tan caro debido a su mecanismo marginalista. (El Mundo)

El pasado mes de diciembre, el debate se agitó al conocerse que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, planteó a sus colegas del área económica del Gobierno elevar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. La propuesta llegó por sorpresa, porque no había sido incluida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas el mes anterior. Tampoco había sido discutida con los agentes sociales, ni formaba parte del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, por lo que las miradas fueron a Bruselas, pero la propuesta no salió de ese intercambio con la Comisión ni tenía las huellas de los técnicos comunitarios. (El Economista)

EQT trata de sacar lustre a su participada estrella en España. El fondo que pilota Carlos Santana trabaja para sacar a Bolsa Igenomix este año. Se trata de una de las compañías punteras españolas, especializada en servicios diagnósticos de fecundación in vitro. Su valoración se puede disparar hasta los 1.000 millones. Igenomix fue la primera apuesta del fondo nórdico EQT en España con su división de mid-market.  La compañía, que cuenta con una plantilla de 450 empleados, fue un spin off del líder mundial en reproducción asistida, el español IVI. (Cinco Días)

Telefónica ha retomado las operaciones de recompra de acciones propias en el mercado. Según ha desvelado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en las últimas semanas, la operadora ha ejecutado transacciones que suponen la adquisición de 21,99 millones de títulos propios, que suponen un 0,39% del capital. (Cinco Días)

Telefónica acelera la venta de sus cables submarinos. Valora en 2.000 millones sus 100.000 kilómetros. (El Economista)

Mutua Madrileña y Catalana Occidente son las compañías que más cuota de mercado ganan en el último año. La primera ha arañado un punto porcentual y la segunda, me- dio punto. Sanitas también crece y se cuela en el top ten. (El Economista)

Con cuatro años de funcionamiento ha conseguido calar en el lenguaje cotidiano: “Hacer un bizum, enviar un bizum”. Esta plataforma de pagos entre particulares y de comercio electrónico a través del teléfono móvil cuenta ya en España con 13,6 millones de usuarios y en 2020 ha crecido a un ritmo de 20.000 altas al día, con un volumen de transacciones desde que comenzó a operar de 14.000 millones de euros (10.200 millones solo en 2020). Una auténtica revolución para competir con el dinero en efectivo en numerosas transacciones diarias. El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España instaron en 2015 a la banca española a “lanzar un sistema de transferencias inmediatas lo más amigable y cercana posible, y de ahí nació un año más tarde Bizum”, explica Ángel Nigorra, director general de la compañía. (El País)

Bankinter dispara su negocio en Luxemburgo hasta los 3.500 millones de euros, tras un fuerte impulso de la actividad en 2020. Bankinter fue el primer banco español en obtener ficha bancaria en Luxemburgo hace siete años. Comenzó su andadura en el país en 2013, tras adquirir la licencia (y la infraestructura) de la filial luxemburguesa del banco holandés Van Lanschot. En este tiempo, ha ido mejorando la actividad año tras año, pero no ha sido realmente hasta hace un par de ejercicios cuando ha comenzado a recoger los frutos. (Expansión)

ACS da un nuevo paso en su estrategia de rotación de activos maduros para contener la deuda y obtener fondos para nuevas inversiones y ha puesto en el mercado su participación en uno de sus proyectos emblemáticos en Estados Unidos, la autopista Presidio Parkway, una carretera que permite el acceso al Golden Gate de San Francisco, uno de los puentes más famosos del mundo. La operación, que se halla en fase de lanzamiento, se estima en un valor próximo a los 500 millones de euros, si bien dependerá del esquema de desinversión, de acuerdo con fuentes del mercado. (El Economista)

CAF entra en París por el Arco del Triunfo, tras adjudicarse un contrato de 2.560 millones en consorcio con Bombardier. El pedido, de 146 trenes para la línea de cercanías, permitirá modernizar una de las mayores redes de transporte del continente europeo. (El Economista)

Luis Aires, presidente de la Asociación española de Operadores Petrolíferos y de BP, explica cómo puede afectar a las petroleras el fondo que propone el Gobierno para quitar del recibo eléctrico el coste de las renovables. (El Economista)

La producción de celulosa, papel y cartón cerró 2020 con una caída del 3%, hasta 7,8 millones de toneladas, según las estimaciones que adelanta a EXPANSIÓN la asociación de referencia en el sector, Aspapel. Los precios se han mantenido en niveles parecidos, por lo que la facturación habrá caído en un porcentaje similar, hasta 4.480 millones de euros. (Expansión)

Podemos dejó de pagar 34.000 euros en impuestos al Ayuntamiento de Madrid. Ésa es la conclusión a la que ha llegado el juez de Madrid que investiga las actividades económicas de la formación. El auto dictado el martes indica que no hay indicios de delito en el aparente sobrecoste de la reforma de la sede de Podemos en la calle Villaespesa,18 de la capital, pero añade que de lo que sí hay indicios es de que hubo una maniobra para pagar menos de los debido por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). (El Mundo)

El Gobierno ha convocado un concurso para contratar a una maquilladora-peluquera que preste sus servicios al presidente, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta, Carmen Calvo; a la portavoz, María Jesús Montero, o a cualquier otro ministro o alto cargo que comparezca en la Sala de Prensa de La Moncloa. «La correcta imagen pública en las intervenciones de los comparecientes exige que se realicen rutinariamente ciertos servicios de imagen habituales en el mundo audio- visual», argumenta el propio Gobierno en la memoria en la que justifica el contrato, cuyo valor estimado es de 19.541,50 euros al año, prorrogable hasta 80.750 euros en cuatro años. (ABC)

Los TSJ andaluz y valenciano rechazan el uso de la tasación hipotecaria Hacienda debe ceñirse a gravar el “valor real” de la vivienda. (Cinco Días)

La demora electoral en Cataluña boicotea la estrategia de La Moncloa, que quería posponer la decisión a las elecciones para no perjudicar a Illa. (ABC)

Salvador Illa se niega a ampliar ya las restricciones en las autonomías. Ni confinar ni toque de queda. No antes de saber qué pasa con sus elecciones. Así lo anunció en el Consejo Interterritorial del Sistema de Sanidad Pública, según ha podido saber EL MUNDO: «Hay recorrido de medidas a tomar por las comunidades autónomas» antes de llegar al confinamiento. Si se produjese un confinamiento ahora, la Generalitat tendría seguro el aval jurídico para posponer las elecciones catalanas. Pero con las limitaciones actuales no está tan claro, ya que la Ley Electoral no estipula que se puedan posponer unos comicios de convocatoria forzosa, como es este caso (por la inhabilitación de Quim Torra). Y si los ciudadanos pueden salir para ir a comer a un restaurante, ¿por qué no a votar?. (El Mundo)

El PP se plantearía ahora apoyar un nuevo estado de alarma que facilite a las comunidades el confinamiento domiciliario para hacer frente a la mala evolución de la pandemia. Después de haber votado contra las últimas prórrogas antes del verano, y de abstenerse en el que está ahora en vigor, en Génova abren la puerta a respaldar esta medida para atender la necesidad de las autonomías. Tres gobernadas por el PP y Ciudadanos ya han instado al Gobierno a que actúe y les facilite este mecanismo, que no entra dentro de las previsiones recogidas en el actual marco jurídico. «Algo hay que hacer. Lo lógico es que si una comunidad autónoma lo pide, pueda actuar y tomar todas las medidas que considere necesario, ya que al fin y al cabo los gobiernos autonómicos son los que tienen más conocimiento de la situación». (La Razón)

España es el cuarto país de Europa y el décimo del mundo dónde más se vacuna. (La Vanguardia)

Perplejidad e indignación en la Fiscalía y el Tribunal Supremo por la propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas de conceder un nuevo tercer grado a los presos del 1-O, apenas un mes después de que la Sala que juzgó a los líderes independentistas estimara los recursos del Ministerio Público y revocara las semilibertades de los condenados por sedición al considerarlas «prematuras». Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO sostienen que, si finalmente la Generalitat accede a la propuesta de las juntas de tratamiento y vuelve a excarcelar a los presos, los responsables de tal decisión se podrían enfrentar a la comisión de un delito de prevaricación, al dictar el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia del Govern una resolución injusta a sabiendas de que lo es. (El Mundo)

"Si gobernamos la jodienda de los fiscales puede cambiar (...) el asunto tras las elecciones perderá interés", comentó a un policía. (La Vanguardia) (El País)

La Audiencia Nacional advirtió a Yves Bertossa de que Anticorrupción ya había abierto meses antes una causa. (La Razón)

El legendario periodista, dos veces premio Pulitzer, considera que el presidente ha fallado en proteger a los estadounidenses. (El País)