(Exclusivas de la prensa de papel 05/10/2021) Cataluña tiene 4.500 empresas menos y la mitad de depósitos que Madrid tras el 1-O

Desde entonces 4.500 empresas y bancos han abandonado su sede en Cataluña en términos netos de salidas y entradas, mientras que la Comunidad de Madrid ha ganado unas 2.000 más en el mismo período, según los datos del Colegio de Registradores. Sólo entre 2017 y el primer trimestre de 2018 el saldo neto de domiciliaciones en Cataluña superó las 3.200 fugas. Grandes bancos como Banco Sabadell y CaixaBank mantienen sedes operativas en Cataluña pero sin mover su nueva sede social de la Comunidad Valenciana. Otro dato revelador es la descapitalización. Según los últimos datos del Banco de España existen depositados en la Comunidad de Madrid 412.944 millones, un récord en la historia del territorio y que duplica a Cataluña, estancada en 202.000 millones algo más que en 2017, pero los mismos que en 2013. La descapitalización en coincidencia con el procés no se ha producido en el resto de España. (El Mundo)

La factura mensual de pensiones mínimas y no contributivas rebasará los 1.700 millones de euros en 2022 tras la subida que prepara el Gobierno para estos casi 2,7 millones de beneficiarios que registran la Seguridad Social y el Imserso a mes de septiembre del presente ejercicio. Teniendo en cuenta que según avanzó recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este colectivo verá mejorada la cuantía de su prestación por encima del IPC –previsto por el Gobierno en la actualización del último cuadro macroeconómico en el 1,9% y que el panel de Funcas eleva al 2,4% para la media de 2021– la factura actual de 1.648 millones de euros se elevará por encima de esta horquilla, entre los 31 y 40 millones de euros al mes. (El Economista)

Las 122 mayores multinacionales españolas pagaron en impuestos el 18,3% de su beneficio global en 2018. Un tercio de ellas se mantuvo por debajo del 10%, y abonaron un 7,5% como promedio, según datos reunidos por la Agencia Tributaria en un informe. Veinte grandes grupos pagaron al fisco solo el 1,9% de sus ganancias mundiales, de acuerdo con estos datos, que son los que las mismas corporaciones han proporcionado a Hacienda a través del modelo 231 de declaración de información país por país. En conjunto, las multinacionales estudiadas abonaron 16.800 millones en impuesto de sociedades en 2018, sobre un beneficio a escala global de 91.806 millones. Pero el esfuerzo es muy desigual entre las distintas compañías. El estudio de la Agencia Tributaria —que responde a compromisos con la OCDE— no permite conocer el nombre de las empresas que forman parte del análisis. El informe aparece en pleno debate sobre un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, tras un acuerdo entre 130 países impulsado por la OCDE. En España, Podemos pide que se fije ya ese suelo, a lo que se resiste el PSOE. (El País) (Cinco Días)

Hacienda, en busca de 38.000 millones «escondidos» por grandes fortunas. Gestha, el sindicatos de los técnicos de Hacienda, ha realizado un primer cálculo en el que apunta que una investigación de las grandes fortunas en España recaudaría la mitad de los fondos europeos no reembolsables, unos 38.000 millones de euros, además de abogar por reducir los 41.911 millones de deudas tributarias pendientes en 2020, y evitar el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas. Los técnicos consideran los papeles de Pandora son una oportunidad para iniciar estas investigaciones y han denunciado las carencias de la Agencia Tributaria, que ha impedido que se inicie «inmediatamente» la investigación de las personas aludidas para liquidar actas o presentar las denuncias por los posibles delitos fiscales cometidos. (La Razón)

El Ministerio de Transición Ecológica estudia fórmulas para aliviar el caos que ha producido el hachazo sobre los ingresos de las grandes eléctricas en los contratos a precio fijo que éstas tienen firmados con las empresas industriales del país. La vicepresidenta Teresa Ribera se reunió ayer con un amplio número de representantes del sector secundario de la economía para escuchar su preocupación después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan trasladado su intención de repercutir el recorte de sus ingresos sobre el precio de los contratos. La industria avisó de que, si se consolida el golpe, muchas compañías se verán obligadas a reducir su actividad y parar producción en la última recta del año y en 2022 con el consiguiente efecto en la recuperación de la economía, según trasladan a EL MUNDO asistentes a la reunión. (El Mundo)

Francia y España presionan para una respuesta común a la subida de la luz. Francia y España sumaron ayer fuerzas para pedir a las instituciones comunitarias una respuesta común a la escalada de los precios de la energía en los últimos meses y que está disparando la inflación a niveles que amenazan con frenar la fuerte recuperación de la economía europea desde el segundo trimestre. “Necesitamos una respuesta coordinada ante una subida sin precedentes de los precios de la electricidad”, señaló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño en la reunión que celebró el Eurogrupo en Luxemburgo. La responsable económica del Gobierno pidió además que la respuesta sea “urgente y fuerte”. (Expansión)

Numerosas instalaciones de eólicas y fotovoltaicas se han desenchufado de la red durante el pasado fin de semana ante la imposibilidad de que, con la nueva regulación que ha puesto en marcha el Gobierno, les salieran los números. Prefirieron parar antes que tener que vender electricidad a pérdida. Es la primera vez que se produce una situación así en España, lo cual da idea del enorme caos que se está produciendo en el mercado eléctrico, que se había volcado durante las dos últimas décadas en el desarrollo de renovables precisamente para abaratar precios y desligarse de la dependencia del carbón, las nucleares y otras fuentes de energía contaminantes. (Expansión)

La industria advierte a Ribera que ha comenzado a reducir producción por los precios de la luz. (El Economista)

El alza de las rentabilidades ante el repunte de la inflación y el temor a que los bancos centrales se preparen para dejar de comprar las ingentes cantidades de papel del mercado de deuda han llevado a la deuda de la zona euro a vivir su peor mes del año. En un contexto en el que los tipos continúan siendo bajos, los bancos no han querido dejar pasar la ocasión para acelerar sus colocaciones con los bonos contingentes convertibles (cocos en la jerga). Después del éxito logrado en las últimas colocaciones las miradas están puestas ahora en las empresas. (Cinco Días)

La recuperación de la movilidad desde el comienzo del verano ha devuelto el vigor a las compañías del sector. Es el caso de la plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar, que ya ha conseguido volver a niveles prepandemia y planifica los siguientes pasos de la compañía. elEconomista ha hablado con Florent Bannwarth, director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal, para conocer los objetivos a medio plazo de la plataforma. (El Economista)

Antes de la pandemia cerca de 3,6 millones de personas retransmitían sus contenidos a través de Twitch, una cifra que se duplica (6,9 millones) en 2020 y que ya se ha triplicado en lo que va de 2021. En la actualidad cerca de 9 millones de personas emiten sus contenidos en directo cada mes, según datos de Twitchtracker. Y no solo se han disparado los streamers, también lo ha hecho el consumo, en lo que va de año se han superado los 1.000 millones de minutos vistos, lo que supone un incremento de más del 35% con respecto al consumo registrado en 2020. (El Economista)

El gigante textil gallego acaba de unificar las filiales que sus diferentes marcas utilizaban para la venta al público en Italia, Portugal y Reino Unido. Tres mercados importantes para el grupo: a cierre del primer semestre del actual ejercicio sumaban 771 establecimientos. Los dos primeros, sin ir más lejos, son el quinto y el sexto del mundo, respectivamente, donde tiene una mayor presencia de tiendas físicas con 347 y 320. En territorio británico alcanza las 104. (Cinco Días)

Wizink ha ampliado aún más la distancia que tiene con el resto del sector en niveles de morosidad. Según los últimos datos disponibles, relativos a 2020, la entidad especializada en tarjetas de crédito revolving ha sobrepasado ya el umbral del 10% en impagos, un nivel que el conjunto del sector espera que no alcance una vez comience la oleada de dudosos una vez vayan retirándose las medidas de apoyo a empresas y particulares. (El Economista)

La compra de Air Europa por parte de Iberia se complica día a día. A la difícil situación financiera en la que se encuentra la compañía aérea de la familia Hidalgo se suma ahora el primer documento oficial de las autoridades de Competencia de Bruselas, encargadas de analizar la fusión, que exige la cesión de rutas clave para la española como requisito para dar el visto bueno a la compra. A falta de un análisis en profundidad de la documentación enviada por Bruselas, fuentes cercanas a las negociaciones señalan a elEconomista las dificultades que el cumplimiento de estos requisitos supondría para que la operación salga adelante. Iberia puede presentar ahora sus alegaciones al informe de Bruselas para tratar de rebajar las exigencias y crear un gigante que pueda poner a Madrid en el mapa de los grandes hubs europeos. (El Economista)

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre la SEPI, Duro Felguera y la banca para salvar a la firma aseguran que en esta ocasión el caso abierto en la Audiencia ha influido en el aplazamiento en dos meses que ha aprobado el Estado para la inyección del segundo tramo del rescate, y llevó a la ingeniería a solicitar dos meses más de plazo para recibir el dinero público. Estas fuentes mantienen que el Estado no quiere más sorpresas y busca que la investigación de la Audiencia no salpique el rescate ni la búsqueda de un socio que más tarde pueda echarse atrás ante las pesquisas judiciales. (Cinco Días)

La retribución al accionista había sido un símbolo del mercado español hasta la llegada del Covid, cuando las compañías se apresuraron a recortar sus dividendos ante la incertidumbre que asolaba la economía. Sin embargo, ahora que esa incertidumbre se está disipando, el beneficio se está recuperando pero no tanto los dividendos, a los que solo dedicarán un 53% de las ganancias en 2023, 15 puntos menos que en 2019. (El Economista)

El Ministerio de Igualdad ha impulsado un protocolo para combatir el acoso sexual en el trabajo en el que se insta a las empresas a perseguir actitudes como «bromas y comentarios sobre la apariencia sexual», los contactos «indeseados» en redes sociales o las «miradas impúdicas». Son algunas de las conductas, junto a otras más explícitas o intimidantes, que se pide sancionar en los planes internos de las empresas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral. Y es que, una de cada cinco mujeres que sufre acoso sexual en España asegura que fue en su lugar de trabajo. (El Mundo)

Irene Montero gasta 68.611,84 en reorganizar su ministerio. La ministra de Igualdad contrata un servicio de logística para el traslado de documentos, mobiliarios y enseres en el edificio de la calle Alcalá tan solo dos años y ocho meses después de su entrada en Moncloa. (La Razón)

El Pleno del órgano de garantías estudia el recurso del PSOE y otros grupos contra esta figura jurídica, sobre la que se plantea acortar el plazo de revisión. Los magistrados también tienen previsto apoyar la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma y del parón en el Congreso. (ABC)

«El Pollo» Carvajal, más cerca de la extradición a Estados Unidos. El exdirector de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, más conocido como «El Pollo» está más cerca de la extradición. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón planea cerrar las diligencias incoadas a raíz de su declaración hace unas semanas, según varias fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN. La situación ha dado un vuelco después de que el pasado viernes el entorno de Carvajal presentara unos documentos para apoyar su relato, pero que, sin embargo, son «insuficientes» para reabrir cualquier causa. (La Razón)

Manglano averiguó para el Gobierno el apoyo económico del rechazo a la Alianza Atlántica según consta en su archivo personal al que ha tenido acceso ABC. (ABC)

La guerra sucia contra ETA no fue un fenómeno de la Transición y los primeros años 80, sino que se prolongó hasta casi 1990 con la implicación del Ministerio del Interior al más alto nivel. Así se desprende de la confesión que Antoni Asunción hizo en la sede del Cesid el 22 de diciembre de 1994, siete meses después de dimitir como ministro del Interior por la fuga de Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil. «Corcuera tiene algunas cosas, el cartero este que murió, que le estalló la bomba (...) Son las cartas que enviaron ellos». Asunción explicó en el Cesid la muerte de un cartero de 22 años al doblar un sobre remitido a un miembro de HB. Corcuera niega las acusaciones de Asunción: «No puede ser, no tengo nada que ver con asuntos de esta naturaleza». (ABC)

Y es que según recuerdan a LA RAZÓN las fuentes consultadas, en este tipo de procedimientos la vista entre las partes suele celebrarse de media un año después de que comience el proceso. Tras este paso, la sentencia llega en un periodo entre tres y cuatro meses, aunque a veces puede alargarse hasta seis. En algunas ocasiones, el abogado general decide tras la vista presentar sus conclusiones, un primer veredicto no vinculantequeenmuchasocasiones anticipa el fallo definitivo. Se desconoce todavía si en el caso de Puigdemont el abogado general decidirá pronunciarse. Tras las conclusiones de éste es necesario esperar otros tres meses hasta la sentencia firme. De media, el proceso suele dilatarse 18 meses. (La Razón)

El Tribunal Supremo cree que la resistencia del Gobierno frena la entrega de Puigdemont. En el Tribunal Supremo, la decisión de ayer de la Justicia italiana era, si no la deseada, sí la esperada. Fuentes del Alto Tribunal resaltan que en favor de suspender la entrega de Carles Puigdemont pesaban tanto elementos estrictamente jurídicos como políticos. En el Supremo consideraban ayer «más que previsible la suspensión» de la tramitación de la euroorden. «El pronóstico de no entregar era claro. Era más que difícil una entrega en este contexto, por eso se pidió como alternativa que se suspendiera la entrega en vez de que se denegara». Las mismas fuentes refuerzan su tesis con los antecedentes. «Si dos países como Bélgica y Alemania no lo entregaron cuando no había problemas, era difícil que se hiciera ahora cuando se está pendiente de dos resoluciones de la Justicia europea. La sensación es que ningún país va a entregar o serán muy renuentes. Con decisiones pendientes de la Justicia europea, menos». (El Mundo)

El Ministerio del Interior reconoce que hay un problema con el castellano en las escuelas de Cataluña. El departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha desmarcado de la doctrina oficial del Gobierno y ha defendido que los hijos de los policías y guardias civiles desplegados en esta región deberían tener un 25% de clases en español. «Desde este Ministerio abogamos por el cumplimiento de la normativa vigente, así como el de las resoluciones judiciales dictadas al respecto», señala en una carta a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Interior no accede a estas peticiones concretas –sólo dice que toma nota de ellas– pero sí que empatiza con las familias y se posiciona a su lado. (El Mundo)

El PP busca que el cambio de la histórica y polémica sede sea un nuevo revulsivo para el partido. (La Razón)