Pedro Sánchez está disparado, ‘on fire’, y ya está moviendo los hilos para hacer realidad uno de sus sueños: controlar Telefónica. Pero cuidado, controlar la teleco y el sector al completo, no mediante la regulación, que ya lo hace, sino desde dentro de la compañía. Es un paso más y un paso decisivo, que tuvo su prólogo el martes con el envío del comunicado a la CNMV en el que la SEPI admitió estar llevando a cabo un “análisis exploratorio” relativo a la compra de una participación de la teleco.

Esa es, precisamente, una de las claves. El objetivo es devolver a Telefónica al estatus de empresa pública -como lo fue hasta finales de los 90 del siglo pasado- pero, y aquí está lo interesante, sólo controlando el 5% del capital, lo que implicaría un desembolso, por parte de la SEPI, de 1.034,5 millones de euros al precio actual de la acción (3,66 euros).

En Telefónica, el temor a Moncloa se remonta varios trimestres atrás y por eso, como prevención, la compañía salió a la búsqueda de inversores ‘amigos’ que sirvieran de pantalla ante el ‘asalto’ del Gobierno. Los saudíes de STC acudieron a la llamada, aunque ya antes se filtraron a la prensa otras opciones españolas –ninguna de las dos se puso nunca en marcha- como Amancio Ortega o un grupo de inversores nacionales liderados por Florentino Pérez.

Al final, los que entraron fueron los chicos de Bin Salman, que poseen el 9,9% del capital, 4,9% en acciones y el 5% restante en instrumentos financieros, según la CNMV. Entre los accionistas de referencia, además del citado Bin Salman (Public Investment Fund), están Caixabank y BBVA, ambos con el 4,8% del capital. Completan el cuadro Blackrock (4,9%) y Morgan Stanley (12,1%), cuya participación está ligada a la de la saudí STC.

A lo que vamos: con el pretexto de defender la españolidad de Telefónica, Moncloa se quiere hacer con el control de la teleco pero invirtiendo lo menos posible. Desde el Gobierno argumentan que es el modelo francés, pero no es cierto porque allí el Elíseo nunca dejó de estar en Orange (antes France Telecom) y actualmente posee una participación de control del 23%. Sánchez pretende controlar Telefónica, una empresa cien por cien privada, sólo con un 5% del capital.

Por cierto, no fue baladí la afirmación de Onur Genç cuando dijo que el 4,8% era una participación financiera y, como tal, estaba disponible para la venta. Lo cierto es que sí lo está, pero el banco no la vende, entre otras razones, porque tendría que asumir minusvalías muy elevadas.

Lo mejor de todo es que la ambición de Sánchez no termina ahí, sino que su objetivo es fusionar Telefónica con Indra, en la que la Sepi posee el 20%.

Por cierto, el follón que montó el Gobierno en Indra es sólo una muestra de lo que es capaz Sánchez para llevar a cabo su objetivo, que no es otro que el de una economía comunista en la que el Estado controla las empresas estratégicas, no sólo mediante la regulación, sino nombrando a la cúpula de las mismas.

Y los sectores estratégicos son tres: telecos, banca y energía, precisamente los sectores más castigados en bolsa. Y es que el mercado considera, al menos en el caso de Telefónica, que es una empresa intervenida, primero por la regulación y, segundo, por la intención del Gobierno de controlarla.

En este contexto cobra especial relevancia la presencia en el Consejo del camarada socialista -ahora sanchista/comunista- Javier de Paz.