El Gobierno sigue cuadrando cifras para cubrir el agujero que pueden dejar las centrales nucleares y las térmicas de carbón en el sistema eléctrico, una amenaza en toda regla de la que depende que la transición energética que quiere Teresa Ribera sea más voluntarista que realista y más apresurada que tranquila. Lo más parecido, en fin, a un crucigrama, lo que explica, vaya por delante, que el Ministerio de Transición Ecológica no tenga, por no tener, ni un borrador sobre la nueva legislación.

Ribera se ha retrasado, tanto en la elaboración de la nueva Ley de Cambio Climático, como en la entrega a Bruselas del Plan Nacional de Energía y Clima antes de 2019 -como pidió la Comisión-, pero no ha sido tanto por falta de tiempo -se ha dedicado a ello los últimos meses- como por falta de acuerdo.

La ministra no logra cuadrar ni el cómo ni el cuándo para sustituir unas fuentes de energía por otras

Ha sembrado dudas en el propio Gobierno Sánchez, por los cortocircuitos con otros departamentos -sin entrar en el enfrentamiento con Iván Redondo, el gurú de Sánchez, por su antielectoral guerra contra el diésel-, y a esa polémica se une la otra, la guerra entre las eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, a las que Ribera no ha convocado todavía para explicarles sus planes; es decir, aspectos muy concretos, como el reparto del mix energético que prepara.

Las tres grandes están enzarzadas a su vez, por conflicto de intereses, en el futuro de la energía nuclear, mientras la ministra tiene claro que quiere acabar con las centrales pero no sabe cuándo, ni cómo, ni con qué alternativas.

Normal, si tenemos en cuenta que la energía atómica cubre más del 20% de la demanda actual sin problemas (con más de 7.000 MW de potencia instalada de generación estable)...  y encima no contamina, igualito que las energías solar fotovoltaica o eólica, pero éstas dependen del sol o el viento y la nuclear no.

Almaraz es el primer test para que Endesa, Iberdrola y Naturgy salgan del atolladero donde se encuentran

Con el carbón, esa ecuación es más fácil por las emisiones de CO2, otro punto en el que también hay que tener las cosas claras para cumplir con los compromisos de Bruselas.

Son, en fin, cuestiones no menores, sobre todo cuando la meta es que la generación sea 100% renovable dentro de 31 años y esa apuesta no debe caer sobre los consumidores, pendientes de la factura que pagan mes a mes. El riesgo en la subida de precios es real.

Una cosa está clara, en cualquier caso: quiere cerrar las centrales nucleares, que necesita, pero en plazos más flexibles; es decir, sin acabar necesariamente al término de su vida útil. Ahora bien, pasa ese marrón a las eléctricas, de las que espera una solución al anunciado “cierre ordenado”. La ministra, mientras, está más atenta y pendiente de cómo cuadrar la ecuación, en función de lo que vayan dando de sí las energías renovables.

Prado se ofrece a mantener la vida útil de las centrales 50 años, pero sólo tras un acuerdo con Galán y Reynés

La previsión es que entren en juego 3.000 megavatios (MW) anuales de renovables hasta 2030, mediante concursos, lo que supone 33.000 nuevos MW de los que hay instalados actualmente.

Esta semana se han barajado distintas opciones, como el impulso de la energía hidráulica de bombeo, que tendría un efecto balsámico en los precios (con el bombeo, se emplea energía barata para elevar agua y se produce cuando los precios son altos) o dar más ventajas a las eléctricas para desarrollar renovables, evitando así los cierres forzosos de las centrales nucleares.

Pueden ser opciones, pero la aportación de la hidráulica es escasa (un 6%), propia de un país donde no llueve al gusto de la energía y precisa de alternativas. Si las nucleares cierran según la vida útil de 40 años, bastaría con ver la fecha de inicio de actividad para adelantar la fecha de clausura. Ahora bien, el horizonte se complica ante el riesgo real de apagones por las carencias en la capacidad de generación.

La amenaza para el consumidor es clara: la transición será para ricos si suben los precios de la luz

Por eso se ha hecho un lío el secretario de Energía, José Domínguez Abascal, que insiste en labrar ese proceso de acuerdo con las eléctricas, nada fácil, y “de la mano del Consejo de Seguridad Nuclear”.

Las tres grandes se reparten la propiedad de las cinco centrales -Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Cofrentes, Trillo y Valdellós (en la imagen)-, pero barajan distintos calendarios. Iberdrola, aliada con Naturgy, tiene el propósito de que las renovaciones de licencias sean por cuatro años, no por 10, que son los que maneja Endesa. La primera amortiza los activos con un cálculo de 40 años, mientras la segunda lo hace a 50, y se ha ofrecido a mantenerse en esos plazos.

La opción de Iberdrola y Naturgy precisa, en cualquier caso, una reforma legal, para la que tampoco hay una solución. Es preciso cambiar el actual Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

Ribera prefiere esperar a lo que vayan dando de sí las renovables, pero si los cierres de las nucleares son forzosos habrá apagones

Las tres medirán sus fuerzas, a finales de enero, para decidir el futuro de la central extremeña de Almaraz, pero la prórroga de su vida útil depende del acuerdo para pedir, en marzo, la renovación del permiso para seguir. Y de ello cuelga a su vez el futuro de 2.900 empleos y una parte importante del PIB regional.

Borja Prado está abierto para negociar con Ignacio Galán y Francisco Reynés un intercambio de activos y evitar así el impacto contable que le supondría cortar en 10 años el periodo de amortización, pero la negociación es muy compleja.

La solución para repartirse las centrales, sobre el papel, parece fácil, pero no lo es, tanto por la valoración de los activos, las inversiones que requieren las centrales, las retribuciones que obtengan para garantizar la rentabilidad de las centrales o la dotación de fondos para el desmantelamiento posterior.